Un insumo clave para potabilizar el agua va a costarle menos dinero a AySA que lo que hubiera pagado si prosperaba la última licitación grande que lanzó la gestión anterior, comandada por Malena Galmarini. La diferencia es de 14,5% en dólares, según surge de la comparación de la oferta que había presentado Transclor en 2023, cuando la compulsa quedó anulada envuelta en denuncias judiciales, y la que elaboró para el actual pliego que está cerca de adjudicarse.
De hecho, AySA firmó la preadjudicación del contrato a favor de Transclor, compañía de Mauricio Filiberti, también nombrado como el “Rey del cloro”. Según ese documento que está pendiente de la aprobación del directorio de la empresa pública, el contrato alcanzará los US$109.533.600.
Este número se encuentra por debajo de los US$128.520.000 que la misma Transclor había ofertado en 2023, último año de la gestión de Galmarini al frente de AySA. Es decir, el precio de 2025, en dólares, es un 14,8% más bajo que el de hace dos años.
Allegados a la empresa de Filiberti dijeron a LA NACION que es “incomparable” una oferta con la otra por las diferencias entre la economía durante la gestión de Sergio Massa y la actual. Entre ellas, nombraron el esquema cambiario, el acceso a dólares para financiar importaciones, la expectativa inflacionaria y el impuesto PAIS.
A las 14:00 de este martes las autoridades de AySA abrieron los segundos sobres de las únicas dos ofertas presentadas en la licitación por la provisión de policloruro de alumino (PAC), un químico clave para potabilizar el agua, y la operación de una de sus plantas. Transclor presentó el número más bajo, razón por la que tres días después ya posee un acta de preadjudicación a su favor y se encamina a prolongar su vínculo como contratista de la empresa pública, que ya lleva al menos 15 años. De allí surge la expresión “el Rey del cloro”.
La competencia que está a punto de llegar a su final pareció una suerte de revancha de lo ocurrido durante el último año de gestión de Galmarini. En aquel entonces, AySA había lanzado una licitación por provisión de PAC y operación de su planta. El pliego solicitaba 252.000 toneladas de este componente a entregar en un plazo de 36 meses (7000 toneladas por mes, en promedio). Finalmente no prosperó, quedó anulada tras denuncias judiciales. Ya con otra administración, los libertarios repitieron ese esquema de condiciones en la actual licitación aunque con un precio diferente.
Tal cual quedó plasmado en los documentos de AySA, en 2023 Transclor presentó una oferta de US$128.520.000 por las 252.000 toneladas de PAC (7000 toneladas por mes, en promedio). Para simplificarlo, esto da un precio de US$510 por tonelada.
La oferta actual tiene un número menor. El “rey del cloro” propuso venderle a AySA 5700 toneladas mensuales a un precio de US$440 por tonelada. Y cada tonelada que se sume a ese stock tendrá un costo de US$420.
Entonces, si se tuviera en cuenta que la licitación estipula un promedio de 7000 toneladas por mes, el precio de 2025 alcanzaría los US$3.054.000 mensuales. Es decir, US$436,2 por tonelada. Esto sería 14,5% menor, en dólares, a la oferta de 2023.
Los allegados a Transclor explicaron que la macroeconomía de Milei permitió presentar un precio más bajo. O, dicho de otro modo, que las condiciones de 2023 encarecieron su oferta.
Entre ellas, enumeraron el “atraso cambiario” de 2023, dado que cuando llegaban insumos importados debían pagarlos al valor del dólar paralelo por “inexistencia de proveedores” y dificultades de acceso al mercado oficial. A esto sumaron la existencia del impuesto PAIS, que la administración libertaria eliminó, el alto costo de financiamiento, y las previsiones de menor inflación.
Otra de las posibles comparaciones con 2023 es que la actual licitación está cerca de llegar a la firma final de un contrato. Hace dos años atrás eso fue imposible dado que la compulsa se anuló, envuelta de sospechas.
En 2023, Transclor tuvo solo un competidor: PPE Argentina, el mismo que enfrentó en esta nueva compulsa. La diferencia es que, aquella vez, la desestimación de la oferta de PPE Argentina derivó en denuncias judiciales.
La Coalición Cívica denunció a la gestión de Galmarini y a la empresa de Filiberti ante la Justicia federal por presunta defraudación a la administración pública y violación de deberes de funcionario público.
Los denunciantes pidieron que “se investigue una maniobra para que Transclor S.A. gane la licitación mediante un pliego a su medida, creando condiciones para mantenerla como proveedor privilegiado”.
En paralelo, también presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por supuesto abuso de posición dominante.
Los representantes de Galmarini rechazaron la acusación de supuesto direccionamiento. Argumentaron que la licitación fue pública y que “participaron todas las empresas que quisieron”.
A su vez, fuentes de Transclor aseguraron que no existían limitantes para otros oferentes. Citaron un fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 5, que determinó la “inexistencia de maniobra tendiente a favorecer a una de las contratistas”.
Además, la CNDC publicó en 2024 un dictamen, firmado por el funcionario de la actual gestión Pablo Lavigne, declarando “abstractos los planteos pretendidos en la denuncia”.
Dejado atrás este capítulo judicial, este proceso en AySA deja una de cal y otra de arena. Si bien preadjudicó un contrato más barato que el que se encaminaba a firmar dos años atrás, las autoridades libertarias no lograron atraer oferentes internacionales que le hagan competencia a Filiberti.
Cuando apenas se había lanzado la licitación, desde la empres pública resaltaron la opción que agregaron para que empresas extranjeras pudieran presentarse. Fuentes oficiales indicaron que manifestaron interés Powerchina, Sinohydro Corp. LTD y Sinoma Argentina S.A.U.. Sin embargo, ninguna de ellas avanzó con una oferta y el pliego millonario repitió competidores: PPE Argentina y Transclor. En este caso, AySA está a punto de declarar ganador a su tradicional proveedor.
