SANTA FE.- Después de más de una década de litigio judicial, una estancia propiedad del Premio Nobel de la Paz en 1936, Carlos Saavedra Lamas, que estaba en manos de sus usurpadores fue finalmente desalojada y quedó en manos de un depositario judicial, que luego hará cumplir la voluntad testamentaria de su propietario, Carlos Roque Saavedra Sáenz, hijo del canciller argentino que medió entre Paraguay y Bolivia para poner fin a la Guerra del Chaco, en 1935, legó oportunamente a la Fundación Vida Silvestre y a la Fundación Félix de Azara para que lleven adelante proyectos de conservación de la naturaleza.
Se trata de un predio rural de unas 2600 hectáreas situado en jurisdicción de San Mariano, departamento Las Colonias, 65 kilómetros al oeste de esta capital, que se encontraba usurpado desde el año 2013 y era explotado mediante arriendo por los imputados, el abogado Raúl Antonio Freyre Iturraspe, Hugo Aníbal Gómez y Claudia Olmos (la pareja que trabajaba históricamente en el lugar e invocaba derechos posesorios a través de un proceso de usucapión) y José María Gómez.
Actualmente, la estancia estaba ocupada por los Gómez. Vivían con sus respectivos grupos familiares en el casco de la finca, que fue construido en el siglo XIX por Mariano Saavedra, hijo de Cornelio Saavedra, y continuaban realizando actividades agrícolas y ganaderas.
En la resolución, el juez en lo penal Sergio Carraro, designó a Jorge Eduardo Anzorreguy, albacea testamentario, como depositario judicial del establecimiento.
Además del desalojo, por cese del estado antijurídico reclamado por el querellante de la sucesión de Carlos Roque Saavedra Lamas, hijo del Premio Nobel, el abogado santafecino Néstor Oroño, el juez dispuso comunicar su decisión a las autoridades del Banco Galicia, disponiendo la inmovilización de sumas de dinero existentes al presente en la cuenta identificada a nombre del Fideicomiso Estancia El Carmen.
Pero también ordenó trabar embargo sobre el ganado existente en el lugar, con marca de Hugo Aníbal Gómez, y sobre los restantes bienes muebles que fueran constatados en el momento del allanamiento (que se realizó semanas atrás), entre ellos tractores y otros implementos.
Fueron imputados por usurpación, defraudación, estafas y abigeato. Según la acusación, arrendaron fracciones del campo a distintos productores agropecuarios y habrían dispuesto de casi 1400 cabezas de vacunos de la raza Aberdeen Angus que eran criados en el fundo. Y también se les imputó ser integrantes de una asociación ilícita que estaría encabezada por el abogado Freyre Iturraspe.
Finalmente, el juez Carraro decidió no dejar detenidos a los involucrados, aunque les impuso la obligación de constituir domicilio a todos los efectos legales debiendo informar en caso de ausencia del mismo por un término mayor a 72 horas, la obligación de comparecer en forma personal cada treinta días ante las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) o dependencia policial más próxima al domicilio que se denuncie, todo ello más la prohibición de salida del país, debiendo, en su caso, comunicar en forma previa para evaluar la pertinente autorización.
La litis
Como publicó oportunamente LA NACION, lo dispuesto en el testamento de Carlos Roque Saavedra Sáenz, hijo del Nobel, en favor de la Fundación Vida Silvestre, no pudo concretarse debido a que el encargado del campo, Hugo Aníbal Gómez, reclamó ante la Justicia que se reconocieran sus derechos posesorios.
Gómez adujo, por medio de su abogado, Raúl Freyre Iturraspe, que le daba la razón el artículo 4015 del Código Civil, que “reconoce los derechos de adquisición de la propiedad para aquellas personas que tengan la posesión veinteañal”.
En cambio, Vida Silvestre aseguró que cuando se iba a efectivizar la venta de la propiedad, por gestión de un albacea, esta no pudo concretarse debido a que Gómez lo impidió de manera violenta, manifestando ser el dueño.
Según informes a los que accedió LA NACION, la Fundación Vida Silvestre tiene en su poder, entre otros documentos, copias de recibos de sueldo firmados por el propio Gómez, que demuestran que trabajó para Saavedra.
Sin embargo, el abogado Freyre Iturraspe consideró que el campo fue abandonado y que Gómez y su familia “continuaron con el cuidado y la explotación de la tierra”. Incluso, Claudia Olmos, esposa de Gómez, solicitó una medida cautelar para que se reconozca la posesión a través de la figura de usucapión. La respuesta de Vida Silvestre no se hizo esperar y presentó “una acción penal para hacer valer lo que considera son sus derechos”.
En tanto, vecinos de la zona indicaron que además del valor monetario de la propiedad hay en el lugar una parte mobiliaria de valor histórico, como una biblioteca con numerosos volúmenes que perteneció a Saavedra Lamas, además de otros objetos y reliquias.
La investigación estuvo a cargo de las fiscales Bárbara Ilera, Mariela Jiménez y María Laura Urquiza (MPA).
La historia tiene un mojón inicial el 2 de octubre de 2013, cuando Olmos y Gómez le impidieron a Roberto Elissalde, albaceas de la sucesión de Saavedra Sáenz –que murió el 24 de marzo de 2011 sin dejar herederos naturales– ingresar en la estancia, de la que pretendía tomar posesión porque tenía un comprador firme. Fue voluntad en vida de Saavedra Sáenz que Vida Silvestre recibiera el 65% del producto de la venta de la finca y la fundación Félix de Azara, el 35% restante. Desde entonces, las acusaciones cruzadas no cesaron.
Mientras la sucesión tramitaba en la Capital Federal, Freyre Iturraspe presentó en favor de aquella pareja de peones una serie de demandas civiles y laborales contra los administradores del millonario legado.
Mientras estuvo trabada la litis, y una medida de no innovar cristalizaba un statu quo con respecto a la titularidad de la estancia, Olmos y Gómez arrendaron sucesivamente sectores parciales del establecimiento rural en su provecho. Por eso están acusados de estafa procesal y estelionato.
También se los acusó de haberse apoderado de 1387 vacunos que eran criados en El Carmen “alterando y suprimiendo mediante remarcación, las marcas y señales grabadas sobre el ganado por Carlos Saavedra Lamas”.
El 26 de diciembre pasado, el juez Carraro dispuso el cese del estado antijurídico. En consecuencia, ordenó el desalojo del predio Estancia El Carmen, que se concretó el 8 de abril pasado.
El albaceas Anzorreguy celebró la resolución del extenso litigio. “La concreción de la medida representa un importante avance en la causa judicial en la que se investigan graves y numerosos delitos cometidos por el grupo de personas que usurparan y explotaran de manera ilegítima dicho predio. Hechos que en el desarrollo de la investigación han quedado plenamente evidenciados, al igual que la responsabilidad de quienes idearon los mismos, valiéndose para su ejecución de humildes personas y bajo la artificiosa invocación de inexistentes derechos”, sostuvo en una misiva enviada a LA NACION.
Anzorreguy manifestó su “especial reconocimiento por la comprometida labor de los integrantes del equipo de la fiscalía de Delitos Complejos del MPA, a cargo de las doctoras Bárbara Ilera y Laura Urquiza; a la Policía de la provincia de Santa Fe por la profesionalidad demostrada en la ejecución de la medida; a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe en cuanto dispusieron y ejecutaron esta importante medida; al querellante, doctor Néstor Oroño, y a todos quienes han posibilitado el cumplimiento de la misma en miras de plasmar la verdadera e inequívoca voluntad del causante sobre el bien objeto del legado”.
