CÓRDOBA.- Después de seis meses de audiencias, la mayoría con mucha carga emocional y de angustia, este miércoles los integrantes del jurado popular darán su veredicto en el juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. La principal acusada es la enfermera Brenda Agüero, imputada como autora material de cinco asesinatos y otros ocho en grado de tentativa. De ser encontrada culpable, la única sentencia que le cabe es la prisión perpetua.
El caso no tiene antecedentes en la Argentina. El más parecido a nivel mundial es el de la enfermera inglesa Lucy Letby, condenada en agosto de 2023 a cadena perpetua por haber matado a siete recién nacidos. Existen además otros 18 casos a lo largo de algo más de un siglo, según consta en el informe que presentó en el juicio la Unidad de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado de la Provincia.
A este juicio, otro condimento lo convierte en inédito a nivel internacional: hay también diez exfuncionarios y profesionales imputados por delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y encubrimiento. Entre ellos están el exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, y la exdirectora del Hospital Neonatal, Liliana Asís, quien cumple detención domiciliaria. Para este grupo, las penas más duras –entre tres y seis años de prisión e inhabilitación– fueron pedidas por los querellantes.
Los integrantes de la Cámara Séptima del Crimen, Laura Huberman, Patricia Soria (presidenta) y José Daniel Cesano, darán paso este miércoles a que los ocho integrantes del jurado popular debatan e informen públicamente a qué conclusión llegaron sobre la responsabilidad de los acusados. Los fiscales de cámara Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini fueron los encargados de sostener las acusaciones. Catorce damnificados se constituyeron como querellantes particulares y 29 iniciaron acciones civiles contra los imputados y contra el Estado provincial.
Esos son los números de un proceso histórico en el que se vivieron momentos de profundo dramatismo cuando las madres de las víctimas se quebraron al relatar lo que recordaban sobre los hechos. Y con desesperación insistieron en buscar una respuesta sobre qué les pasó a sus bebés.
En todos los casos, se habían ido del Neonatal pensando que la muerte o la descompensación –en algunos, con secuelas– de la criatura era fortuita. Los hechos juzgados ocurrieron entre marzo y junio de 2022, y recién en agosto de ese año, cuando el caso llegó a los medios de comunicación, supieron que se investigaba un posible accionar criminal.
La denuncia clave
Fue la decisión de radicar una denuncia del ingeniero informático Francisco Luperi, marido de una anestesióloga del Neonatal, la que abrió el camino de la investigación judicial. Su esposa le transmitía los comentarios y la inquietud que se vivía dentro el hospital por muertes y descompensaciones que no tenían explicación aparente. Resolvieron “presentar la información para que la Justicia verifique esos comentarios”, declaró él.
La madrugada del 6 de junio de 2022 marcó el punto de quiebre: murieron dos bebas, a las que se realizaron autopsias que revelaron que ambas, Melody Molina y Angelina Rojas, tenían un alto nivel de potasio en sangre, incompatible con la vida. No lo habían recibido por orden médica.
Durante la instrucción del expediente, se exhumaron los otros tres cuerpos -de Francisco (fallecido el 18 de marzo; Benjamín (23 de abril) e Ibrahim (23 de mayo)– y a todos se les realizó doble cotejo de ADN. En esos tres casos, los peritos afirmaron no poder llegar a conclusiones terminantes sobre la causa del deceso.
No obstante, advirtieron que tanto en las muertes como en las descompensaciones se puede hablar de “indicios” de ataques externos. Apuntaron a que las descompensaciones inexplicadas de los recién nacidos suelen ser 1 en 100.000, mientras en el Neonatal hubo 13 en tres meses; los pinchazos en varias de las criaturas no pudieron fundamentarse en las vacunas que reciben y los niveles altos de potasio e insulina, según coincidieron, se deben a “aplicación externa”.
Acusaciones y defensas
Los fiscales de Cámara pidieron perpetua para Brenda Agüero. “Ella les inyectó potasio, sabía lo que hacía, era muy hábil para colocar inyecciones, sabía que eran dosis mortales, los quiso matar”, definieron. También los abogados querellantes solicitaron la pena máxima. En cambio, la defensa de la enfermera pidió que sea declarada inocente y liberada.
Carlos Nayi, representante de tres familias de las víctimas, estimó que la prueba para condenar a la enfermera es “abundante, consistente y suficiente” y evaluó que “mataba desde el sigilo, con un método insidioso. Los 13 casos ocurrieron en ocho días y en todos estuvo presente Brenda Agüero. En los días que no estuvo ella, no hubo ningún caso”. Coincidió con el peso de la prueba la defensora oficial, Ana Pagliano, que patrocina a tres madres y a una beba sobreviviente.
“Agüero se creía Dios, decidía sobre la vida y la muerte”, resaltó Daniela Morales Leanza, representante con Nicolás Ruades de seis madres. Entienden que la prueba permite llegar al “grado de certeza” respecto de que la enfermera atacó a todos los bebés.
Para el defensor Nievas, en cambio, “no hay ninguna prueba directa que la vincule; no hay ninguna madre que la haya visto inyectar”. Siempre esgrimió que Agüero es un “perejil” y que la hipótesis de una asesina serial “era la única que le servía al gobierno [provincial] en 2022, próximo a iniciarse el período de elecciones”.
