Preocupación ha causado el nuevo proyecto de ley del gobierno del presidente Gustavo Petro, que fue ya fue aprobado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, y al que solo le falta la firma del mandatario.
En dicho documento se establece que la intención de voto de los ciudadanos solo podrá conocerse tres meses antes del proceso de inscripción a las candidaturas.
Tras lo anterior, las firmas encuestadoras rechazaron la nueva propuesta, alegando que atenta contra la libertad de expresión.
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Las firmas que hacen sondeos de opinión dijeron que en ningún momento les consultaron y que lo anterior limitaría la publicación de sondeos y que esto sería tomado como un retroceso y transparencia en las elecciones electorales.
Por ejemplo, en el caso de las elecciones presidenciales, solo se pueden conocer intenciones de voto a partir del 31 de octubre del presente año.
Valora Analitik habló con diferentes firmas encuestadoras, quienes manifestaron lo siguiente:
Martín Orozco, gerente general de Invamer, expresó que la iniciativa “atenta contra la libertad de expresión, la propiedad intelectual, el derecho al trabajo, la libre competencia y el derecho ciudadano a informarse”.
Víctor Muñoz, cofundador de Guarumo, advirtió que restringir las encuestas a tres meses antes de las inscripciones es una medida sin precedentes. “Reduce la transparencia y calidad del debate democrático”, dijo.
Por su parte, Pablo Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría, cuestionó que la norma se haya tramitado como ley ordinaria, a pesar de regular un derecho fundamental. “Nos sorprende que en un mundo de influencers y redes sociales se esté restringiendo la única fuente de información de la política con una ficha técnica”, dijo.
Desde el sector encuestador alertan que la combinación de restricciones temporales, exigencias técnicas y sanciones podría debilitar la producción de datos confiables en procesos democráticos.
La ley exigirá que las empresas entreguen al CNE todos los soportes técnicos de cada encuesta, incluyendo grabaciones, estadísticas, y formularios completos. Además, impone requisitos como contar con encuestas en municipios de más de 800.000 habitantes, restringiendo las focalizaciones por regiones.
Firmas del sector consideran que “la campaña presidencial se adelantará casi a ciegas”, dado que muchos partidos miden mensualmente a sus precandidatos. La norma también establece que el CNE actuará como regulador, auditor, sancionador y custodio de datos, sin mecanismos para apelar sus decisiones.
El proyecto contempla la adopción de sistemas de ciberseguridad avanzados por parte de las encuestadoras y genera preocupación sobre posibles efectos en el acceso a la información pública durante el ciclo electoral de 2026. Según advierten, la medida podría afectar la transparencia y el análisis informado del debate político.
Según César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, aseguró en un diálogo con Minuto 60 que el proyecto de ley de medidas para las encuestas significaría “una veda en el país, en un modelo que se aplica en países con dictaduras”.
También manifestó: “que los únicos beneficiados con esta medida serán los grandes partidos y sus candidatos y que, por consecuencia, en el país se disminuirían el número de encuestas públicas”.
Armando Benedetti se pronunció ante la encuesta de Guarumo
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a los resultados de la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica sobre la percepción ciudadana frente a la gestión del presidente Gustavo Petro.
El sondeo, realizado entre el 1 y el 5 de julio de 2025, mostró que el 30,3 % de los encuestados evaluó de forma favorable el desempeño del mandatario.
A través de su cuenta en X, Benedetti destacó que, pese a las críticas recibidas, los datos reflejan respaldo hacia el presidente. El ministro escribió: “Hay un 40 % que aprueba la gestión del presidente @petrogustavo (…) y esto a casi 3 años de Gobierno con toda la prensa encima”.
Según la misma encuesta, el 26,6 % de los encuestados opinó de manera muy negativa sobre la gestión del jefe de Estado, mientras que el 23,7 % la calificó como negativa. Solo el 8,4 % la valoró muy positivamente y un 11,0 % no respondió.
