El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha alertado del «serio problema» que suponen las nuevas tecnologías, ya que «pueden convertir a los menores en víctimas fáciles de delitos y en potenciales autores, ya sea por afán de protagonismo o por buscar experiencias prematuras».
Tal es el caso del «menor de 12 años que violó a un niño de 5 años con autismo en la Región», cuya única consecuencia de condena civil a los padres del agresor fue abonar 25.000 euros a la víctima al ser inimputable por ser menor de 14 años y no haberse acreditado que hubieran empleado toda la diligencia de «unos buenos padres de familia para prevenir el daño, siendo responsabilidad de los progenitores el educar y formar y vigilar a su hijo».
«El procedimiento arrancó en 2018 y la víctima sufre aún, al día de la fecha, estrés postraumático grave». Así lo ha manifestado el fiscal en su discurso con motivo de la apertura del Año Judicial 2025/2026, celebrado en la Ciudad de la Justicia, que ha advertido que el mismo menor hablaba de su agresor como «un monstruo». «Siéndolo realmente el sistema que se ha creado, que permite que un menor» con edad inferior a los 14 años «sea capaz de hacer algo así», reprueba.
De ahí la preocupación «cada vez mayor», como adelantó este jueves en la presentación a los medios de comunicación de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2024, de la «deriva de esta sociedad por menores con trastornos mentales con comportamientos agresivos, déficit de atención, hiperactividad y conductas impulsivas, brotes psicóticos y esquizofrénicos y autismo» para los que, lamenta, «no hay un centro adecuados de atención en esta Región».
Precisamente, el fiscal, como manifestó este jueves, ha vuelto a advertir del aumento de las agresiones sexuales de mayores a menores y de menores a menores de entre 14 y 18 años.
Díaz Manzanera se ha referido también a los disturbios registrados en Torre Pacheco a principios del pasado julio para demandar que «se deje trabajar a la Justicia y a las fuerzas policiales» e incidir en que «hace falta mucha educación, tolerancia, compresión, integración e igualdad de oportunidades» para acabar con los mensajes de odio.
«Un solo hecho de agresión que conlleva una reacción desmesurada denota un preocupante e indeseable sentimiento de odio que puede estar ínsito en determinada población», ha afirmado el fiscal superior, quien ha subrayado que «la gran mayoría de los que llegan a España», en referencia a los inmigrantes, «normalmente vienen a trabajar».
A este respecto, ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) defiende la necesidad de que quien ejerce una función pública evite difundir palabras susceptibles de fomentar la intolerancia y la discriminación porque «la libertad de expresión y opinión no es absoluta, tiene sus límites, como el respeto a los Derechos Humanos», ha afirmado.
Por otro lado, ha destacado el «leve aumento» del número de delitos contra la vida, la libertad, la libertad sexual, el patrimonio y la Administración de Justicia, mientras han caído ligeramente los relacionados con la integridad física y la violencia contra la mujer.
Sobre este último tipo de delito, ha comentado que en la Fiscalía constan 7.946 procedimientos, con 87 ingresos en prisión, uno de ellos el del hombre que el pasado martes asesinó presuntamente a su mujer con un cuchillo en El Algar (Cartagena), el primer crimen por violencia machista en la Región en 2025 y, según Díaz Manzanera, «esperamos que sea el último».
En lo que relativo a los dispositivos técnicos de control (pulseras), el fiscal superior ha dicho que constan 207 activas en la Región de Murcia en la actualidad, al tiempo que ha advertido del «problema» de su implantación en algunas poblaciones de la comunidad autónoma donde aún existe una escasa cobertura de señal.
Por otro lado, ha expresado su «preocupación» por los casos de violencia vicaria y, en este sentido, ha mencionado el caso del hombre de la pedanía murciana de Llano de Brujas que quitó la vida a su hijastra de 5 años para hacerle daño supuestamente a su pareja.
En materia de seguridad y salud en el trabajo, el fiscal superior de la Región ha señalado que los 16 accidentes mortales contabilizados el primer semestre de 2025, cinco más que en el mismo periodo del año anterior, «pone en duda la eficacia de la ley de Prevención de Riesgos Laborales y el escaso arraigo de la cultura preventiva».
En otro orden de cosas, ha señalado que la sección de Delitos Informáticos de la Fiscalía mantiene incoadas 1.654 causas judiciales, casi todas por estafas en Internet.
Díaz Manzanera ha vuelto a reiterar la urgencia de aumentar los medios humanos y materiales. «Faltan al menos 8 fiscales de plantilla para equipararnos a la media nacional», ha insistido el fiscal general, que también ha abogado por «seguir avanzando en los medios tecnológicos y la necesidad de la reforma procesal dando la instrucción de las causas penales a la Fiscalía».
