Por primera vez desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014, una autoridad federal reconoció públicamente que los esfuerzos se estarían concentrando en localizar sus «cadáveres». La declaración fue realizada por el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra, y desató una reacción inmediata de las madres y padres de los normalistas, quienes además han exigido su destitución por presunta corrupción, falta de resultados y pérdida total de confianza.
La afirmación ocurrió en el marco de la tercera reunión entre familiares y la presidenta Claudia Sheinbaum, que se llevó a cabo este martes asado 27 de mayo en Palacio Nacional, donde el tema central fue la continuidad del fiscal al frente de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
Previo al encuentro, Rosendo Gómez Piedra declaró ante medios nacionales: “Los avances, tenemos 120 detenidos, más de 46 causas penales, llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres”.
Consultado sobre si han localizado a los jóvenes, respondió: “Bueno es que los avances son esos. Ahora, si ustedes me preguntan si hemos encontrado nosotros a los muchachos, no los hemos encontrado, pero las investigaciones continúan, sí, los procesos no se detienen, sí, ni las investigaciones tampoco”.
Estas declaraciones fueron percibidas como un cambio radical en el discurso, y para muchos, una forma institucional de renunciar a la búsqueda con vida de los estudiantes.
Padres exigen destitución del fiscal especial
A la salida de la reunión, Melitón Ortega, vocero de las familias, expresó la indignación colectiva: “A raíz de esas evidencias que ha habido, por eso los padres ya plantean eso. Con eso ya pierde toda la confianza de poder continuar en eso. Además, nunca hemos tenido una respuesta contundente con el fiscal”.
Durante el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, Melitón Ortega señaló que el primer tema que los familiares plantearon fue la solicitud de remoción del fiscal Rosendo Gómez Piedra. Según explicó, la exigencia se centró en los señalamientos de presunta corrupción cometida por el titular de la unidad especial del caso Ayotzinapa, lo que, a juicio de los padres, invalida cualquier posibilidad de alcanzar la verdad. Frente a ello, propusieron que una nueva persona asuma el cargo, argumentando que no hay condiciones para confiar en una investigación encabezada por alguien bajo sospecha de malos manejos.
“La Presidenta no respondió, pero creo yo ya se puso en la mesa de trabajo”, confirmó.
De acuerdo con Milenio, Rosendo Gómez Piedra enfrenta una denuncia formal interpuesta el 28 de abril ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y la Presidencia de la República. La denuncia fue presentada por Ricardo Domínguez Mora, integrante de la propia unidad, y lo acusa de peculado, cohecho, extorsión, abuso de autoridad e intimidación.
Entre los motivos de molestia de los padres también figuran acciones consideradas inapropiadas y frívolas, como la organización de un desfile de disfraces para Día de Muertos en 2023, a pocos días de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la cual el fiscal no asistió.
Durante la reunión con Sheinbaum, Gómez Piedra no tomó la palabra y ningún funcionario del gobierno federal salió en su defensa, de acuerdo con el mismo medio.
Un nuevo coordinador
Aunque la presidenta no anunció la destitución formal del fiscal, sí fue presentado un nuevo funcionario en la estructura de la investigación: Mauricio Pazarán, exfiscal territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fue designado como Coordinador General de Investigación adscrito a la UEILCA.
Según agentes de la unidad citados por Milenio, Pazarán se presentó el 6 y 7 de mayo en las oficinas de la fiscalía ubicadas en la colonia Doctores, y desde entonces la oficina de Gómez Piedra permanece vacía.
Pazarán ha sido fiscal en Xochimilco, de asuntos relevantes y en narcomenudeo; también fue jefe de unidad de amparos y apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Avances pendientes y nueva reunión en puerta
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, afirmó que la presidenta Sheinbaum ha solicitado una “nueva mirada” en la investigación, con énfasis en el uso de tecnología y evidencia objetiva, considerando que “los testimonios que han dado los detenidos van cambiando de acuerdo a sus intereses”.
Asimismo, se planteó una nueva reunión para finales de julio, posiblemente el día 27, en la que se dará seguimiento a los compromisos asumidos, entre ellos el acceso a 800 documentos de inteligencia militar que las familias exigen desde el sexenio anterior.
A más de 10 años de los hechos, la demanda de justicia para los 43 permanece abierta. Los familiares no solo reclaman resultados: piden verdad, rendición de cuentas y un proceso libre de corrupción.