La denunciante afirma que, tras comunicar los hechos a las instancias internas del PSOE en junio y reiterarlos en octubre, no ha recibido contestación alguna sobre el proceso disciplinario iniciado bajo el protocolo de la organización frente al acoso. A pesar de seguir los procedimientos reglamentarios dentro del partido, según publicó Europa Press, la militante socialista no ha obtenido una resolución por parte del órgano correspondiente. La noticia principal es la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer en Málaga tras una denuncia de acoso sexual contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos.
Según informó Europa Press, la militante interpuso una denuncia detallando una serie de comportamientos que, a su entender, constituyen acoso sexual, coacciones, acoso reiterado y podrían encuadrarse además en el ámbito de la violencia de género. De acuerdo con el texto de la denuncia, los hechos se habrían desarrollado principalmente en el último trimestre de 2021, etapa en la que la denunciante comenzó a recibir mensajes de contenido sexual, insinuaciones y propuestas no consentidas por parte de Navarro.
La denunciante sostiene que los mensajes tenían lugar tanto durante las horas laborales como en horario nocturno y fuera del entorno profesional. Uno de los episodios señalados describe cómo, en una sola jornada, recibió más de 50 mensajes consecutivos a través de medios electrónicos, lo que según su relato, le generó una sensación de presión permanente y miedo. Además, la denunciante señala que el acusado aprovechaba cualquier oportunidad para sobrepasarse físicamente con ella y realizar acciones que considera una intromisión grave en su intimidad, todo en el contexto de una situación de superioridad jerárquica por parte del denunciado.
Según consignó Europa Press, tras la recepción de la denuncia, la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga inició diligencias preprocesales. Estas actuaciones están orientadas a recabar información inicial que permita determinar si procede presentar una denuncia formal ante los tribunales, o bien archivar las actuaciones si no se encuentra sustento suficiente.
En el escrito dirigido a la Fiscalía, la denunciante recalca que los hechos vividos generaron en ella un escenario laboral y personal “intimidatorio, degradante y humillante”. Puntualiza que, además de los mensajes, el acusado habría recurrido a acciones y actitudes misóginas, intimidatorias y agresivas, reforzando así la situación de acoso reiterado.
Según detalló Europa Press, desde la dirección del PSOE se indicó que los hechos denunciados están siendo objeto de análisis por el órgano específico contra el acoso, instaurado por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, entidad que opera en condiciones de autonomía y bajo estricta confidencialidad. De acuerdo con el partido, una vez conocida la denuncia ante la Fiscalía de Violencia de Género, la dirección provincial del partido trasladó la información a la Comisión Ejecutiva Federal, para su posible integración en el expediente interno y valorar la adopción de medidas disciplinarias si resultara procedente.
El PSOE declaró, según el medio citado, que mantiene un compromiso invariable con la igualdad y manifiesta su rechazo a cualquier forma de acoso hacia las mujeres. El acusado, Antonio Navarro, consultado por Europa Press, declinó realizar declaraciones sobre el caso.
El proceso abierto por la Fiscalía responde a la normativa vigente que prevé la apertura de diligencias tras la recepción de denuncias de esta naturaleza, con el objetivo de esclarecer los hechos y proteger a las potenciales víctimas. Esta investigación inicial no implica todavía la existencia de un proceso penal formal contra Navarro, sino que busca determinar la naturaleza y alcance de los hechos denunciados, así como evaluar la pertinencia de su judicialización.
Según la información recopilada por Europa Press, el caso se produce en un contexto en el que los partidos políticos han implementado protocolos internos para la gestión y prevención de casos de acoso, en línea con las legislaciones y recomendaciones internacionales sobre igualdad y prevención de la violencia de género. No obstante, el curso de la denuncia revela la existencia de posibles limitaciones o retrasos en la respuesta interna de la organización ante situaciones de este tipo.
Hasta la fecha de publicación del reporte, no se habían adoptado medidas cautelares, y el desarrollo de las diligencias queda a la espera de la valoración recaída en la Fiscalía y la evolución del proceso interno del partido. La militante reiteró su petición de garantías para su protección y el esclarecimiento de lo ocurrido, señalando que la ausencia de respuesta institucional agrega una carga adicional a la situación denunciada.