El 30 de julio, la Fiscalía General de la Nación resolvió archivar la investigación contra Guillermo Alfonso Jaramillo por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña al Congreso del Pacto Histórico en 2022.
De acuerdo con información exclusiva de El Tiempo, la decisión se adoptó tras una revisión de varios meses en torno al uso de aeronaves privadas para movilizar candidatos de la coalición.
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El citado medio de comunicación indicó que la investigación penal se originó tras una denuncia presentada por el congresista Hernán Cadavid, que señaló que, en calidad de gerente de la campaña al Congreso del Pacto Histórico, Jaramillo habría facilitado el traslado de aspirantes en aviones de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), propiedad de Carlos Eduardo Restrepo Osorio, persona que en el pasado aceptó cargos por narcotráfico en Estados Unidos.
El caso se abrió oficialmente en octubre de 2023 y motivó una serie de diligencias de la Fiscalía para establecer si hubo financiación prohibida durante el proceso electoral.
La investigación se centró en esclarecer si los candidatos recibieron apoyo material de una empresa vinculada a personas con antecedentes judiciales, lo cual estaría expresamente sancionado por la ley colombiana para la financiación de campañas.
Luego de analizar los documentos, escuchar testimonios y cruzar datos provenientes de registros oficiales, la Fiscalía determinó que “no se encontró la comisión de delito alguno”, según publicó El Tiempo. Fuentes oficiales explicaron al medio que la evidencia recabada no demostraba la consumación de actos ilícitos por parte de Jaramillo.
“No hay circunstancias que permitan concluir que se incurrió en dicho cargo”, señala el despacho de la fiscal delegada Marlene Orjuela, de acuerdo con la reseña de El Tiempo.
Durante el proceso, la atención se focalizó en SADI SAS y en si el apoyo material ofrecido podía considerarse financiación ilegal debido a los antecedentes del propietario.
De acuerdo con la denuncia, la empresa habría brindado traslados a candidatos del Pacto Histórico “de manera irregular”. Sin embargo, la Fiscalía documentó que no logró establecer un vínculo directo que comprometiera penalmente a Jaramillo en la gestión de recursos ilícitos ni en la obtención de favorecimientos indebidos para la campaña.
Sin embargo, el caso sigue bajo observación debido a nuevos elementos analizados por la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Instrucción del alto tribunal evalúa de manera independiente posibles alteraciones en los informes de gastos de campaña, situación que ha motivado una compulsa de copias a la Fiscalía para decidir si se apertura una nueva investigación sobre hechos distintos.
La Corte Suprema sostiene que existen indicios de que Jaramillo y Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, habrían presentado como propios de la campaña al Congreso algunos gastos que, en realidad, financiaron actividades de la campaña presidencial.
El tribunal, citado por El Tiempo, sostiene que “el servicio de transporte aéreo contratado por la campaña al Senado verdaderamente fue utilizado para satisfacer un requerimiento y brindar un servicio a la campaña simultánea del entonces precandidato Gustavo Petro Urrego”.
“En esta actuación, las pruebas revelan que, con la presentación del informe que contiene información falsa,se habría inducido en error al Consejo Nacional Electoral para proferir los actos administrativos que reconocen el derecho a la reposición de gastos de campaña, en relación con los votos obtenidos por la lista cerrada al Senado de la República”.
“En efecto, la mayoría de los investigados reconocieron que no realizaron desplazamientos en el transporte aéreo provisto por la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. y refirieron, de igual modo, que desconocían qué personas usaron los vuelos o si esos servicios fueron utilizados por otras campañas políticas”, se lee en el archivo de la Corte Suprema, revelado también por W Radio.
