La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de imputación de cargos y una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.
Esta acción se suma a un proceso anterior por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, consolidando así dos investigaciones formales en su contra, según información de Semana.
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Los hechos cuestionados están relacionados con cinco contratos firmados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) con la Gobernación del Atlántico, destinados a actividades sociales que involucraban más de 3.000 millones de pesos.
Según la Fiscalía, los recursos no se destinaron a los fines previstos, ya que los centros de atención para adultos mayores y estudiantes en situación de discapacidad, contemplados en los contratos, nunca prestaron los servicios estipulados.
De los cinco contratos investigados, cuatro fueron adjudicados directamente a la Fundación Conciencia Social, mientras que el restante figura a nombre de la Unión Temporal Conciencia Incluyente, representada legalmente por Gustavo de la Ossa Vélez.
La Fiscalía señaló que la dirección de esta unión temporal coincide con la de la fundación en Barranquilla, lo que refuerza las sospechas sobre la estructura de las operaciones.
En enero de 2024, el fiscal Mario Burgos indicó que los ingresos cuestionados no provenían de la actividad económica legítima de Nicolás Petro, sino que eran “injustificados y provenientes del enriquecimiento ilícito entregado incluso por algunas personas no relacionadas con su rol de diputado”, mencionando a Samuel Santander López Sierra, Óscar Camacho, Pedro Flores, Máximo Noriega y Jorge Robayo.
La investigación también apunta al presunto uso de fundaciones y empresas para legitimar recursos de origen ilícito. Durante la audiencia preparatoria del 25 de marzo, la fiscal Lucy Laborde Betancourt presentó nuevas pruebas que, según la acusación, evidencian un esquema de lavado de activos en el que también estaría implicada Daysuris Vásquez, exesposa de Petro.
Según la Fiscalía, Nicolás Petro y Vásquez recurrieron a la empresa Grupo Delta Limitada y a Fucoso para dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de manera ilícita.
Estos recursos habrían sido utilizados para financiar un estilo de vida lujoso, que incluyó la compra de una casa en Tubará, Atlántico, adquisición de joyas y procedimientos estéticos.
La entidad identificó a Grupo Delta como una firma dedicada supuestamente a la consultoría en arquitectura, mientras que Fucoso ofrecía servicios que fueron contratados por entidades públicas.
La fiscal Laborde señaló que Fucoso firmó al menos dos convenios con la Gobernación del Atlántico, en los que se detectaron irregularidades relacionadas con la subcontratación de personal.
En estos contratos, los salarios reportados eran superiores a los realmente pagados, lo que habría permitido a Petro y Vásquez obtener beneficios económicos. Entre 2017 y 2022, Fucoso obtuvo tres contratos con la Gobernación, por un monto total de 2.272 millones de pesos.
Uno de estos convenios, destinado a zonas cardioprotegidas, no tendría relación con Nicolás Petro, pero los otros dos, enfocados en centros de vida móviles para adultos mayores, sí estarían vinculados al hijo del presidente y su expareja.
La Fiscalía presentó como prueba conversaciones y audios de WhatsApp, que según la acusación respaldan la obtención irregular de recursos.
En uno de los audios, fechado el 5 de agosto de 2021, Vásquez menciona a Raúl Lacouture Daza, funcionario de la Gobernación del Atlántico, que habría autorizado un contrato con Fucoso por 400 millones de pesos.
Este contrato fue firmado apenas veinte días después de la conversación. Lacouture también ocupó cargos en la Alcaldía de Barranquilla durante la administración de Jaime Pumarejo.
De acuerdo con Cambio, entre 2017 y 2022, Fucoso firmó ocho convenios con la Alcaldía de Barranquilla, bajo las administraciones de Alejandro Char y Pumarejo, por un total de 4.270 millones de pesos.
Estos contratos estaban orientados al apoyo de jóvenes y estudiantes con discapacidades auditivas y habrían permitido a la fundación acreditar experiencia suficiente para contratar con la Gobernación.
El proceso judicial también ha involucrado a figuras políticas de alto perfil. La Fiscalía señala que Nicolás Petro y Daysuris Vásquez habrían discutido la posibilidad de solicitar “regalos” a Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, quien presuntamente envió cinco millones de pesos en efectivo. La defensa de Char negó la autenticidad de estas conversaciones.
