La Fiscalía formalizó una acusación contra el general PNP Víctor Zanabria y solicitó 35 años de prisión por su presunta responsabilidad en la represión de protestas sociales ocurridas en Lima en enero de 2023. Este pedido, al que accedió Infobae Perú, se relaciona de manera directa con la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca, primer fallecido durante las manifestaciones, así como con lesiones graves y leves sufridas por varios manifestantes, informó la institución encargada de investigar casos de víctimas durante las protestas sociales.
La acusación formulada por el Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) alcanza también al coronel Frank Chang, quien entonces se desempeñaba como jefe de la División de Servicios Especiales. Ambos afrontan cargos por homicidio calificado en la modalidad de comisión por omisión, tentativa de homicidio, lesiones graves y lesiones leves.
Además de la solicitud de condena a cárcel efectiva, la Fiscalía exige para cada uno una inhabilitación de tres años y ocho meses para ejercer funciones públicas. Según la investigación dirigida por la fiscal provincial Yenny Huacchillo Núñez, el origen de los cargos se fundamenta en la actuación policial durante las protestas, cuando una bomba lacrimógena disparada por un efectivo del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) provocó la muerte de Santisteban Yacsavilca.
Cabe mencionar que la investigación fiscal no se limita a los principales mandos policiales. Incluye un total de 11 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) dentro de la cadena de responsabilidad. El mayor José Solari, el capitán Gianfranco Tolentino, el brigadier Luis Inga Cerrón, y los suboficiales Cristian Guía y Felipe Pizarro afrontan los mismos cargos de homicidio calificado en agravio de Santisteban y tentativa de homicidio en contra de Rolando Marcas, quien permanece con secuelas graves. A todos ellos, la Fiscalía les ha pedido también sentencias de 35 años de prisión efectiva e inhabilitación administrativa.
La fiscalía detalla que, durante las movilizaciones ocurridas los días 24 y 28 de enero de 2023, los agentes movilizados bajo la jefatura de Víctor Zanabria habrían empleado fuerza letal y proyectiles de impacto contra manifestantes, provocando daños severos. El informe fiscal consigna además que John Lapa resultó gravemente herido por disparos en la cabeza, por lo que el suboficial de primera Jorge Requejo y el suboficial de tercera Ignacio Talledo enfrentan cargos por tentativa de homicidio y una pena solicitada de 14 años de prisión.
Según la acusación consultada por este medio, existen otros dos mandos intermedios, el comandante Robert Caballero y el mayor Omar Vivanco, para quienes se reclama una condena de cinco años de prisión por causar lesiones graves a Víctor Salas y Exaltación Alzamora tras el impacto de bombas lacrimógenas en cabeza y rostro, disparadas por agentes subordinados a Zanabria y Chang.
La Fiscalía también resalta que el caso considera como víctimas a otras personas afectadas durante esas jornadas de protesta. Entre ellas, Mari Silvestre, esposa de Rolando Marcas, quien sufrió lesiones graves, y Juan Vía, que resultó con heridas leves. Todos estos hechos, según el Ministerio Público, se inscriben en un contexto de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el ciclo de manifestaciones desarrollado en la capital peruana desde fines de 2022 hasta marzo de 2023.
