La Fiscalía Anticorrupción ha trasladado al Tribunal Supremo que aunque ve riesgo de fuga en el exministro José Luis Ábalos no considera pertinente reclamar su ingreso en prisión provisional toda vez que es diputado del Congreso, mientras que las acusaciones populares lideradas por el PP sí han solicitado que se envíe al extitular de Transportes a la cárcel o que se le imponga una fianza de 650.000 euros tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revela «ingresos irregulares».
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así lo ha solicitado este miércoles el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el marco de la vista de medidas cautelares que se ha celebrado en el Tribunal Supremo después de que Ábalos se acogiese a su derecho a no declarar.
La decisión de Ábalos supone un cambio de estrategia respecto a la línea de defensa seguida hasta ahora, rechazando así dar explicación alguna sobre los «ingresos irregulares» de origen desconocido que han aflorado con las pesquisas.
Según las fuentes consultadas, el exministro ha señalado que se siente indefenso al considerar que en realidad no contaba con asistencia letrada, ya que el lunes intentó renunciar a su abogado, José Aníbal Álvarez, alegando que tenían «diferencias irreconducibles». El instructor, Leopoldo Puente, no se lo permitió apreciando un «fraude de ley» y le impuso venir a la cita de este miércoles con su letrado habitual y, si así lo considera, hacer después el cambio.
En este punto, Ábalos ha intentado explicarse pero el magistrado le ha interrumpido para recordarle que «esto no es el Congreso» y que si decidía no declarar no era necesario que diese más explicaciones o hiciese alegato alguno.
Con todo, en su breve intervención, el exministro ha defendido ante el magistrado que fraude de ley sería que renunciase a su acta de diputado para que la causa quedase en manos del magistrado de la Audiencia Nacional que investiga otra de las derivadas del ‘caso Koldo’.
Una vez que el extitular de Transportes ha trasladado su decisión de no declarar, se ha celebrado la vista de medidas cautelares. En ese momento, al igual que el pasado junio, cuando se celebró otra vista idéntica en la que solo las acusaciones populares reclamaron el ingreso en prisión del exministro, la Fiscalía ha pedido que se mantengan las medidas cautelares vigentes: la prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y firmas quincenales en sede judicial.
ACUSACIONES: PRISIÓN O FIANZA DE 650.000 EUROS
Según las fuentes consultadas, todas las acusaciones populares a excepción de ADADE han pedido al instructor que envíe a Ábalos a prisión provisional, pero a una cárcel que no sea Soto del Real, donde se encuentra recluido el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. No obstante, han señalado que, en caso de no acordarse el ingreso en prisión, se reclame una fianza de 650.000 euros al exministro socialista.
Las mismas fuentes han precisado que el Ministerio Público, por su parte, ha defendido que, aunque se han reforzado los indicios contra Ábalos, no han variado las circunstancias que determinan la idoneidad o no de su ingreso en prisión provisional. En la misma línea, ha apuntado que sí aprecia riesgo de fuga pero no el suficiente como para enviarle a la cárcel por el arraigo que supone que sea diputado del Congreso.
En la misma vista, la defensa de Ábalos se ha opuesto a la petición de las acusaciones populares, alegando que se trata de una reclamación que a su juicio tiene una finalidad «política».
Hasta ahora, esta medida restrictiva de libertad solo ha prosperado con Cerdán, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 30 de junio por su presunto «papel principal» en la trama de amaño de obras.
EL INFORME DE LA UCO
Esta nueva comparecencia en el Supremo ha tenido lugar después de que la UCO detectara 95.437,33 euros desembolsados por Ábalos sin justificación bancaria, entre los que destacaba 20.799,40 euros de gastos «personales» con cargo a «una fuente de ingresos no declarada».
Además, la Guarda Civil reflejó que el PSOE pagó a Ábalos con dinero en efectivo mediante sobres. Algunos de esos pagos, explicó, tenían respaldo documental en lo aportado por el Partido Socialista como compensación por gastos, pero otros no.
La UCO detalló que el exasesor ministerial de Ábalos, Koldo García, y la exmujer de éste, Patricia Uriz, verbalizaban en sus conversaciones de WhatsApp que parte del dinero que gestionaban, en efectivo o a través de sus cuentas, no era suyo, sino del exministro, y que se referían a él como «chistorras» (billetes de 500 euros), «soles» (200 euros) y «lechugas» (100 euros).
El magistrado cree que Ábalos y Koldo «pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen», según apuntó en el auto en el que acordó citarles de nuevo a declarar.
