La confirmación policial de que los cuerpos hallados en una vivienda de Florencio Varela pertenecen a Morena Verri, de 20 años; Brenda del Castillo, de 20, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, puso de nuevo en foco la magnitud de las violencias que atraviesan a mujeres y adolescentes en la Argentina.
En este caso, La Justicia investiga una posible conexión con el narcotráfico con el triple femicidio y por el hecho hay doce detenidos y un prófugo.
Al margen de las particularidades de cada caso, el triple crimen de Florencio Varela se produjo cuando todavía no se había acallado la conmoción por los dos videos grabados en estaciones de servicio de YPF y Shell que desataron repudio social por su contenido machista.
Las cifras nacionales exponen un escenario persistente: entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 se registraron 164 femicidios, un promedio de una víctima cada 36 horas, según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.
El informe, elaborado sobre la base de casos publicados en medios de comunicación de todo el país, advierte además sobre 264 intentos de femicidio en el mismo período.
Los vínculos entre víctimas y agresores muestran un patrón repetido en la última década: el 42% de los crímenes fueron cometidos por parejas actuales; el 29%, por exparejas, y el 9%, por familiares. El 20% restante corresponde a otros vínculos, incluidos conocidos y desconocidos, una categoría menos frecuente, pero presente en los registros.
El 15% de las víctimas había realizado denuncias previas y el 10% contaba con medidas judiciales de protección que, evidentemente, fueron inútiles. Entre los agresores identificados, 14 pertenecían a fuerzas de seguridad. En paralelo, 133 niñas y niños quedaron huérfanos como consecuencia de estos hechos.
Uno de los casos registrados este año fue el de Ana Clara Luna, de 31 años, asesinada en San Martín, Buenos Aires. Su expareja la prendió fuego en la vía pública después de verla junto a su nueva pareja. El femicida tenía antecedentes de violencia y Ana Clara estaba en situación de calle. Su historia refleja la continuidad de la violencia letal contra mujeres y adolescentes en distintos puntos del país. En agosto también se sumaron asesinatos de mujeres jóvenes en Chaco, Salta y Misiones, mientras que el relevamiento de 2025 ubica además a Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, Río Negro, La Rioja, Jujuy y Mendoza entre las jurisdicciones con las tasas más altas de femicidios en relación con su población.
Las cifras históricas confirman que los números permanecen elevados desde hace más de una década. El femicidio se incorporó al Código Penal como figura agravada en 2012, y tras la primera movilización de #NiUnaMenos en 2015 comenzaron los registros oficiales.
Entre 2015 y mayo de 2023 se contabilizaron 2257 femicidios en la Argentina. Solo en el período 2015–2019 se contaron 1193, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza (428 casos), seguida por Santa Fe (103), Córdoba (99), Salta (62) y Mendoza (58).
En esa serie, el 64% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima y el 64% fueron cometidos por parejas o ex parejas; si se suman familiares y conocidos, el 88% de los femicidios fueron perpetrados por el círculo íntimo. El resto corresponde a ataques de desconocidos, que aunque menos frecuentes, siguen presentes en los informes y en la memoria de casos resonantes.
Las alertas tempranas tampoco lograron reducir la violencia letal con el paso del tiempo. Entre 2015 y 2022, el 16,6% de las víctimas había denunciado previamente y el 9% contaba con medidas de protección. En 2025, hasta agosto, los porcentajes se mantienen en niveles similares: 15% con denuncias y 10% con medidas vigentes.
En 2023, otro relevamiento había establecido que una mujer era asesinada cada 27 horas. La frecuencia de 2025, de una cada 36 horas, debe leerse con cautela: los cortes son distintos y la comparación puntual no alcanza para mostrar una tendencia descendente.
La participación de integrantes de fuerzas de seguridad entre los femicidas también es constante. En 2025 se registraron 14 casos. Entre 2020 y 2022 habían sido 38 policías y seis militares, y en el acumulado desde 2020 los informes cuentan 44 policías y ocho militares. El acceso a armas de fuego y la falta de control en los protocolos internos aparecen como factores de riesgo en estos episodios.
Las consecuencias se expanden hacia las infancias. Hasta agosto de 2025, 133 niñas y niños quedaron huérfanos por femicidios. Entre 2015 y 2022 habían sido 1738 y entre 2015 y 2023, 1932. La Ley Brisa, sancionada en 2018, reconoce a estas infancias como víctimas directas y prevé una reparación económica hasta la mayoría de edad, aunque la implementación enfrenta demoras y dificultades.
La franja etaria de mayor exposición sigue siendo la de mujeres jóvenes. Entre 2015 y 2019, el 25% de las víctimas tenía entre 15 y 25 años, y fue asesinada una cada cinco días. Dentro de ese grupo, el 31% había estado desaparecida antes de ser asesinada, el 15% había denunciado y entre el 10 y el 12% contaba con medidas judiciales de protección. Los registros de 2025 confirman que esta tendencia se mantiene, con una parte importante de las víctimas en ese mismo rango, lo que refleja que la juventud sigue siendo un factor de riesgo persistente en los femicidios.
En la serie histórica, 2019 fue el año con más casos. La pandemia de 2020 tampoco redujo la violencia letal: entre el 20 de marzo y el 25 de mayo de ese año se registraron 55 femicidios, con un 75% cometidos en la vivienda y la mayoría por parejas o ex parejas. El confinamiento reforzó la peligrosidad de los hogares y multiplicó las dificultades para denunciar o escapar de los agresores.
Los informes también incorporan desde 2020 los travesticidios y transfemicidios, categorías que exponen violencias específicas. Entre 2015 y 2019 se habían contabilizado 31 casos, con alta proporción de víctimas en situación de prostitución.
En 2015, el travesticidio de Diana Sacayán marcó un fallo bisagra con condena a perpetua. En paralelo, sigue vigente la consigna por Tehuel de la Torre, joven trans desaparecido en 2021, cuyo paradero aún no se conoce.
El marco legal que incorporó el femicidio como agravante en 2012 y la movilización social que desde 2015 impulsó el #NiUnaMenos lograron instalar el problema en la agenda pública. Sin embargo, la evidencia acumulada en más de diez años muestra que los números no bajan de manera sostenida. Los factores asociados al riesgo —dependencia económica, déficit habitacional, fallas en la justicia y en las fuerzas de seguridad— se repiten año tras año en los informes.
En este marco, episodios recientes que circularon en redes sociales, como los videos grabados en estaciones de servicio, fueron señalados por organizaciones como ejemplos de violencia simbólica que no pueden tratarse como anécdotas o bromas, sino como parte de una cadena de violencias que sostienen la tolerancia social hacia las agresiones más graves. Los informes insisten en que el rol de los medios es clave para evitar la banalización y promover coberturas que contextualicen estos hechos dentro del problema estructural de la violencia de género.
La secuencia de cifras y casos reunidos en los informes muestra que la violencia letal contra mujeres y adolescentes no desciende de manera sostenida y que los factores de riesgo se repiten año tras año. Denuncias previas que no alcanzan, medidas de protección que no se cumplen, vínculos violentos que se profundizan en el ámbito doméstico y la presencia de niñas y niños en esas escenas aparecen como constantes en más de una década de registros.
El triple crimen de Florencio Varela, al igual que los hechos ocurridos en distintas provincias, confirma que se trata de un fenómeno estructural que atraviesa al país y que todavía no encuentra respuestas eficaces para su prevención.
