El Juzgado Criminal y Correccional Federal 12, a cargo de Sebastián Casanello, ordenó ayer un operativo para buscar documentos en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en el marco de la causa que investiga la actuación del organismo durante la suspensión de un taller de Flybondi para reparar aviones.
Según informaron fuentes al tanto de la investigación, se trató técnicamente de una “orden de presentación con allanamiento de subsidio”, por la cual se le pide al organismo que entregue la información; si no lo hace, se procede al allanamiento, lo cual no fue necesario en este caso.
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“Se entregó lo solicitado, ya que desde el primer momento la ANAC se puso a disposición de la Justicia”, dijeron fuentes de la autoridad aeronáutica, que ayer también cambió sus autoridades.
El material recolectado será analizado por la oficina del fiscal de la causa, Carlos Stornelli.
El 31 de marzo pasado, el fiscal federal Carlos Rívolo denunció a autoridades de la ANAC por posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público (artículos 190 y 284), y a directivos de la empresa Flybondi por presuntamente poner en peligro la seguridad operacional (artículo 190 del Código Penal), al utilizar un taller de reparación de aviones que se encontraba suspendido.
Según contó en su momento LA NACION, la low cost no acató la suspensión ordenada por la ANAC de su taller de mantenimiento ubicado en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza), y continuó reparando aviones allí mientras duró la medida.
De acuerdo con las actas a las que accedió el diario, la ANAC suspendió temporalmente el taller de Flybondi en Ezeiza el 4 de octubre de 2024, y el 24 del mismo mes instó a la empresa a acatar la suspensión, ya que había detectado acciones de mantenimiento sobre distintos aviones de la firma (aeronaves LV-KDR, LV-KDQ y LV-KEF) realizadas en el lugar.
Por otro lado, después del 24 de octubre también se constató que se continuaron llevando a cabo tareas de mantenimiento en el mismo taller, en contraposición a la suspensión temporal dispuesta por la ANAC.
La suspensión finalmente se levantó el 14 de noviembre pasado.
Más allá de esto, el Ministerio Público Fiscal dispuso la apertura de una investigación preliminar, que se nutrió de evidencia documental y numerosos testimonios de ingenieros aeronáuticos de la propia ANAC. Los informes mencionan la persistencia de “no conformidades mayores”, que —según la normativa RAAC (Regulaciones Argentinas de Aviación Civil) y los estándares de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional)— comprometen directamente la seguridad operacional de las aeronaves.
Entre los imputados se encuentran el CEO de Flybondi, José Mauricio Sana Saldaña; varios gerentes técnicos de la empresa; y también altos funcionarios de la ANAC, como la ex administradora María Julia Cordero y los directores Pablo Coradazzi y Carlos Moroni, por posibles omisiones al haber tolerado irregularidades sistemáticas pese a reiteradas advertencias internas.
La denuncia apunta a determinar si las maniobras describen un “desprecio sistemático por la autoridad aeronáutica” y si las mismas configuran un delito de peligro abstracto, que exige únicamente la creación de una situación de riesgo —y no necesariamente un daño concreto— para constituir delito.
