Una exfuncionaria del Gobierno de Gildo Insfrán en Formosa denunció en los medios de comunicación y ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a un integrante del Gabinete provincial por un presunto acoso sexual e institucional.
Se trata de Silvia Tarantini, exdirectora del Registro de Personas Jurídicas de la provincia, quien asegura que el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, la sometió a un acoso sistemático durante buena parte de los 14 años que trabajó bajo sus órdenes.
El poderoso funcionario provincial le propinó a Tarantini, entre otros aprietes, insinuaciones sexuales a cambio de cargos legislativos o ascensos en la jerarquía del gobierno de Insfrán, según relató la mujer a LA NACION.
“La relación siempre fue tensa, de mucha presión, de mucho acoso laboral y también de acoso sexual. Al principio, de manera velada: piropos, insinuaciones, como para ver si yo me enganchaba en algo. Yo me quedaba callada, bajaba la cabeza, no decía nada. Era mi jefe”, afirmó.
“En algunas oportunidades me insinuó que si yo tenía algo íntimo con él, si era un poquito más cariñosa… me dijo: ‘si vos sos un poquito más cariñosa conmigo, yo te puedo… vos podés ser la próxima subsecretaria’”, reconstruye Tarantini. “En otra ocasión me ofreció ser diputada provincial, y en otra, diputada nacional”, agregó.
LA NACION intentó comunicarse con el ministro González, con la secretaría de prensa de la provincia y con otras figuras del gabinete, pero al momento no obtuvo respuestas. Tampoco hubo pronunciamientos por parte del Gobierno respecto a la acusación, que Tarantini amplió en Radio Uno de Formosa.
La denuncia fue anterior, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Sabrina Ajmechet, aprovechando una visita de un comité a la provincia, del que también formó parte la diputada Lilia Lemoine.
Por el momento, Tarantini asegura que no iniciará acciones legales, al menos no en Formosa, cuya Justicia considera “cooptada”. Sin embargo, no descarta hacerlo más adelante, con pruebas que mantiene a resguardo en una escribanía fuera de la provincia.
“Quiero resguardar mi integridad física y psicológica, pero sobre todo la física, tanto mía como la de mi familia y mi entorno, y también mis bienes, porque la represalia va a ser desmedida. Yo los conozco. La Policía de Formosa responde al ministro de Gobierno, justamente quien era mi jefe”, sostiene.
Tarantini trabajó durante 30 años en el Gobierno provincial. Según relata, su relación con González siempre fue tensa, pero la presión para desplazarla del cargo creció cuando él se convirtió en ministro.
Asegura que el respaldo político de Insfrán la sostuvo en el cargo durante años. Ese apoyo comenzó a resquebrajarse cuando insinuó que iría a la Justicia a presentar una denuncia. En diciembre de 2019, el ministro González le comunicó que “el gobernador había aceptado su renuncia”, tras presentarla junto a otros funcionarios, como es habitual frente a un cambio de Gobierno, explica.
“Tuve una crisis hipertensiva, estuve internada, sufrí un ACV; todo eso está documentado. Me dejó una incapacidad permanente: soy hipertensa de por vida, estoy medicada y me afectó el oído derecho. Tengo una incapacidad severa, uso audífonos y padezco una disminución auditiva del 70%”, detalla.
Reforma constitucional
La provincia de Formosa enfrenta elecciones de medio término el 29 de junio. Se renovarán 15 de las 30 bancas en la Legislatura. La nueva conformación tendrá la tarea de poner en marcha la reforma constitucional con la que Insfrán, que gobierna la provincia de manera ininterrumpida hace 30 años, aspira a un noveno mandato.
Tarantini eligió dar a conocer su historia ahora porque la semana pasada cumplió los 30 años “de servicio” para la jubilación, un momento que estaba “esperando con ansias” para hacer público el caso, según cuenta. Coincidió con la visita de la comisión de Derechos Humanos y aprovechó para volcar allí su testimonio.
Como exfuncionaria, Tarantini describe un entramado de agresiones y presiones por parte de figuras cercanas al poder en Formosa y sostiene que los abusos en la provincia son “estructurales”, aunque reconoce que son pocos quienes se animan a denunciarlos públicamente.
Además, afirma que durante su gestión en el Registro de Personas Jurídicas se le prohibía otorgar personerías a entidades que no fueran “compañeras” y que la obligaban a participar en maniobras de “fraude electoral”.
“Ellos tienen tomado todo. No lo digo porque lo escuché, lo digo porque formé parte”, dijo ante la comisión de Derechos Humanos.
