El exfiscal general Francisco Barbosa lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro luego de que este ordenara iniciar la licitación del Canal Uno.
Barbosa advirtió que la decisión representa una amenaza directa contra la libertad de prensa en Colombia y convocó a los medios a resistir lo que calificó como un “atropello”.
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El episodio se centra en el debate que se desató, luego de que varios sectores políticos aseguraran que la conseción a Canal Uno se extendía hasta 2037; sin embargo, este medio pudo confirmar que la licitación tiene caducidad a 2027, segun indicó la entonces Autoridad Nacional de Televisión.
“El mensaje del dictador es claro: o hablan bien de él o se cierra el medio de comunicación. No vamos a permitir que se intimide a la prensa libre. Los medios de comunicación no se van a convertir en un lavadero de imagen de delincuentes del M-19 ni de narcotraficantes”, escribió Barbosa en su cuenta de X.
Seguido, aseguró: “Hago un llamado a la prensa a unirse contra este atropello. Si no tomamos acciones políticas y legales, más adelante estaremos todos bajo el yugo de la ley mordaza que Petro nos quiere imponer”.
La orden presidencial
Durante un consejo de ministros transmitido en la noche del viernes 15 de agosto, Petro instruyó al ministro de las TIC, Julián Molina, a iniciar la licitación del Canal Uno.
Según el mandatario, su objetivo es implementar “una nueva forma de manejar la televisión” que esté en manos de las “juventudes, de la gente del arte y la cultura”, y no bajo el control del Gobierno ni de “potentados económicos”.
Petro señaló que “ahí hay irregularidades” sin precisar cuáles serían los fundamentos legales para anticipar el proceso, dado que el cambio de concesión correspondería al siguiente gobierno.
Frente a esta situación, Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1, respondió en diálogo con El Tiempo: “Desconocemos las intenciones políticas detrás del matoneo sistemático con un medio libre y plural que defiende la democracia, la libertad de prensa y representa los intereses de todos los colombianos”.
El trasfondo legal
El Ministerio de las TIC ha argumentado que existen investigaciones en curso contra Plural Comunicaciones por un “presunto incumplimiento contractual”. Según documentos oficiales, la compañía habría modificado su composición accionaria a finales de 2022 sin contar con la autorización previa y expresa de la entidad, requisito exigido en el contrato de concesión.
En su defensa, Plural Comunicaciones rechazó las acusaciones y calificó el proceso como un intento de “expropiación”. Según la compañía, la concesión y la propiedad del canal no han cambiado, y los movimientos societarios internos están permitidos por la ley. Incluso, Ramiro Avendaño aseguró que el propio Ministerio de las TIC les había indicado previamente que no era obligatorio reportar modificaciones internas de socios.
El anuncio presidencial tampoco pasó desapercibido por otros líderes políticos como la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, también criticó la decisión de Petro: “Esto tiene todo el tinte de persecución ilegal contra un canal privado. (…) Está poseído por Chávez buscando expropiar medios y persiguiendo a la oposición”.
A Cabal se sumó también el concejal de Bogotá Daniel Briceño, que cuestionó directamente al presidente en sus redes sociales: “¿Por qué Petro da la orden de abrir una licitación para adjudicarlo en 2025?Literalmente está diciendo que lo expropien, para unirlo a su máquina de propaganda. Mucho ojo».
En este escenario, el desenlace de la investigación del Ministerio de las Tic y la eventual decisión sobre la concesión marcarán el rumbo de un debate que trasciende lo técnico y se centaría en los límites del Ejecutivo frente a los contratos del Estado.
