A inicios de 2019, el arroz fortificado fue incorporado a la alimentación de los escolares peruanos bajo la promesa de combatir la anemia. Ese despliegue estatal, que alcanzó a miles de escuelas públicas en el país, quedó luego marcado por denuncias de corrupción que vinculan directamente a Fredy Hinojosa —actual asesor y vocero de la presidenta Dina Boluarte— con empresas beneficiadas a través de cambios normativos y contratos públicos.
Actualmente, el Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial que extienda por tres años (36 meses) la medida de impedimento de salida del país contra Hinojosa. Esta solicitud forma parte de una investigación que lo señala por presuntos actos de corrupción cometidos cuando dirigía el programa alimentario Qali Warma. Según la acusación fiscal, Hinojosa habría integrado una red criminal que favoreció con contratos a empresas proveedoras de alimentos, como Frigoinca, una compañía relacionada con productos que no habrían cumplido requisitos sanitarios y que habrían ocasionado intoxicaciones en escolares.
El negocio detrás del arroz fortificado
El foco de la investigación sobre Hinojosa y el programa alimentario no sólo incluye a Frigoinca. La atención también recae en el proceso que permitió que el arroz fortificado se convirtiera en eje de un millonario negocio estatal. De acuerdo a la investigación realizada por el portal Salud con Lupa, la consolidación de este producto en los menús escolares no fue fortuita: responde a una red de intereses entre la multinacional holandesa DSM, la familia Castro Yangali y el propio Fredy Hinojosa.
Documentos revisados por el citado medio muestran cómo, bajo la dirección de Hinojosa en Qali Warma, se adaptaron normas que favorecieron el producto comercializado por Maquilak ―empresa familiar de los Castro Yangali― en alianza con DSM. Esta estrategia fue impulsada por la entonces gerente de DSM en Perú, Gabriela Lock, cuya participación en espacios técnicos del Ministerio de Salud, como el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN), resultó clave para orientar las regulaciones.
Exclusividad y contratos millonarios
El acceso privilegiado de la familia Castro Yangali al programa no fue casual. Entre 2019 y 2022, las bases exigieron que el arroz fortificado incluyera al menos 2% de grano símil, insumo que sólo DSM producía en el país y que Maquilak se encargaba de procesar y distribuir. Según testimonios recogidos por Salud con Lupa, esta condición excluyó a otros proveedores, en especial tras la salida de empresas extranjeras durante la pandemia. La Contraloría advirtió más tarde el direccionamiento normativo y la ausencia de imparcialidad en las compras, mediante dos informes emitidos en 2020 y 2021.
“El programa orientó la adquisición del grano símil a empresas específicas, afectando la imparcialidad del proceso de compras”, indicó la Contraloría en el primer informe recibido por Hinojosa durante su gestión, sin que se adoptaran correctivos. Las falencias en el control de calidad tampoco frenaron el avance del negocio: entre 2020 y 2025, empresas de la familia Castro Yangali lograron más de 150 contratos ―por encima de 560 millones de soles―, siempre en sociedad con DSM.
La relevancia penal del caso se acentuó en 2024 cuando la Fiscalía formalizó la investigación contra Hinojosa por presuntos pagos irregulares y normativas hechas a medida de aliados empresariales. Pese a restricciones judiciales y cuestionamientos públicos, Hinojosa se mantuvo como asesor y vocero principal de la presidenta Dina Boluarte Boluarte.
¿Soluciona la anemia el arroz fortificado?
El impacto del arroz fortificado, mientras tanto, sigue sin evidencias científicas claras. Según Salud con Lupa, no existen estudios en escolares que permitan verificar si su consumo reduce la anemia. Los ensayos previstos en Lambayeque y San Martín no se realizaron por la pandemia y la única evaluación sensorial fue con adultos, no con niños. Tampoco se ha comprobado en Perú la eficacia de los diez micronutrientes añadidos tras la cocción habitual.
El Ministerio de Salud indica que las dosis mínimas buscan evitar deficiencias, pero especialistas consultados por el portal resaltan la ausencia de segmentación real entre beneficiarios. El endocrinólogo Gustavo Gonzales, presidente de la Academia Nacional de Medicina, advierte en un reciente estudio ―publicado en mayo de 2025― que no hay pruebas de que el arroz fortificado esté resolviendo la anemia escolar. Señala, además, que suministrar hierro a niños sin deficiencia puede perjudicarlos y provocar problemas en su desarrollo.
A los cuestionamientos científicos y sanitarios se suman deficiencias prácticas: los controles sólo verifican el insumo base y no el arroz que llega a los colegios, tampoco se exige un estándar para la textura, ni existen guías claras de preparación para las familias. Muchas de ellas, en Lima, reportan que el arroz fortificado resulta difícil de consumir y termina desechado.
Pese a todas estas dudas, el Congreso ha extendido por ley el uso del arroz fortificado a todo programa de nutrición social e impulsado su venta en supermercados. La política pública sostiene la expansión de un producto elogiado en el papel, pero sin respaldo real sobre su efectividad, mientras persisten los interrogantes sobre los beneficiarios finales del millonario negocio.
