Fuerza Popular nuevamente bajo el cuestionamiento público. Arturo Alegría, de la bancada fujimorista, planteó un proyecto de ley a fin de incorporar un artículo al reglamento del Congreso bajo la idea de “optimizar el ejercicio de los derechos políticos”, la cual no sería más que liberarse del deber de imparcialidad y neutralidad al que están sujetos todos los funcionarios.
El documento 11306/2024-CR, ingresado el 23 de mayo, busca que los representantes de la patria puedan “expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción”. Esto los habilitaría de usar recursos públicos —como parte de su función principal— para operar con libertad política.
Como parte de los motivos, el legislador de la bancada naranja argumenta una presunta restricción a su derecho político y que “los congresistas no son meros burócratas, sino representantes políticos por antonomasia, elegidos por sufragio directo y universal, y designados no como portavoces de una burocracia neutral, sino como voceros del debate político nacional”. No obstante, ello permitiría que la semana de representación, que se repite mensualmente y para la que se entrega un bono de S/2.800, sea utilizada para hacer proselitismo.
De esta manera, la figura que brinda a los legisladores la oportunidad de desplazarse a sus regiones o cualquier punto del país, a fin de “recoger demandas ciudadanas” podría ser usada como una ventaja logística relevante para futuros procesos electorales, especialmente considerando que en marzo de 2024 se restableció la posibilidad de reelección inmediata para los parlamentarios.
Pl 1130620250523 by Camila Calderón
En esencia, mientras otros funcionarios deben solicitar licencia o renunciar para participar en campañas, este proyecto buscaría formalizar la capacidad de los congresistas para participar activamente en campañas desde sus cargos actuales, lo cual representa un cambio significativo en las normas de neutralidad destinadas a garantizar imparcialidad en los procesos electorales.
“El principio de neutralidad política, cuya finalidad es evitar que funcionarios públicos utilicen recursos del Estado para favorecer intereses partidarios tiene sentido cuando se aplica a servidores públicos cuya función es ejecutiva, técnica o administrativa, y cuya imparcialidad garantiza la equidad del servicio público. Sin embargo, la naturaleza teleológica de la función parlamentaria es distinta. Los congresistas no están llamados a ejercer funciones neutrales, sino a deliberar, legislar y fiscalizar desde sus respectivas posiciones ideológicas“, mencionan.
