CIUDAD DE MÉXICO.- La posibilidad de que personas que ya nacieron vivan 150 años es parte de la conversación en algunos ámbitos científicos. A la vez, en muchos rincones del planeta, y en particular de América Latina y de nuestro país, son millones quienes no acceden a una atención médica adecuada, o deben recorrer largas distancias para lograrlo. Solo dos pincelazos que ilustran la persistente realidad de desigualdades sociales, que se refleja en diferentes aspectos de la vida.

La mayor demanda de recursos para la atención sanitaria a la que empujan el envejecimiento de las sociedades y las constantes innovaciones plantea un desafío, en el que se entremezclan cuestiones como la cantidad de dinero necesaria y los limites presupuestarios, la equidad, la eficiencia, la organización de los sistemas, el rol de los Estados y de los actores privados, las prioridades y, claro, también la corrupción. En definitiva, la economía y la salud están fuertemente entrelazadas, más allá de que en la agenda de la política (o de la sociedad), la cuestión muchas veces no aparezca como prioritaria.

En general, en América Latina “hay un espacio fiscal restringido en la pospandemia y la variable de ajuste es la inversión, incluida la del sistema de salud”, planteó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al participar en Ciudad de México del Roche Press Day, un foro sobre el tema salud que organiza cada año el laboratorio multinacional de origen suizo Roche.

Este año, el debate se centró en aspectos como la descentralización de la atención sanitaria y la salud como inversión. “Sin salud no hay economía, y sin economía no hay salud”, definió en una charla con LA NACION Rolf Hoenger, Area Head de Roche Farma en América Latina.

Según un estudio del Instituto McKinsey Global basado en datos del Banco Mundial -que fue citado durante el foro-, por cada dólar invertido en salud hay un retorno de entre 2 y 4 dólares, explicado por factores como la productividad de las personas que permanecen sanas, fueron recuperadas en determinados plazos de una enfermedad, o para las cuales se evitó una discapacidad.

En materia de recursos monetarios, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica como adecuado que los países inviertan en salud el equivalente al 6% del PBI, mientras que en la región el promedio es de 3,7%.

Pero ese es un número de planillas, mientas que el gran interrogante es qué pasa en la vida real con los recursos asignados a la atención sanitaria. “Está bien tener mínimos -evaluó Salazar-Xirinachs, consultado sobre la tema por LA NACION-, porque tanto la infraestructura, como los servicios de salud y de educación y otras materias de políticas sociales requieren de recursos, y si hay poco dinero no es posible satisfacer a la población. Pero también es importante ver la eficiencia del gasto, la productividad y lo que se hace en prevención y servicios primarios, porque si se previene y si se detectan caso a tiempo, hay un gran margen para no pasar a tratamientos caros”.

Tecnologías y descentralización

El alto costo de nuevos tratamientos es no pocas veces tema de debate y judicialización de casos frente a restricciones presupuestarias. A la par, surgen tecnologías vinculadas con la inteligencia artificial (IA) que van ganando espacio y que permiten, por ejemplo, acercar herramientas de diagnóstico a poblaciones a las cuales los centros de atención les quedan a mucha distancia.

“La tecnología se inscribe en la reducción de las desigualdades, pero no es la solución” en sí misma, planteó la economista Déborah Itriago, consultora global en temas sociales y políticas de salud. Argumentó su afirmación al decir que, por ejemplo, las plataformas no incorporan lenguaje indígena y, por otra parte, persiste el temor a dar datos personales, por las dudas sobre los posibles usos posteriores.

“Hay factores estructurales que mantienen o potencian las diferencias sociales”, agregó, para hacer hincapié en que la aplicación de innovaciones tecnológicas debe en muchos casos ir acompañada de otras políticas, y en que las llamadas “colaboraciones” por parte de diferentes actores, como las empresas, “muchas veces no ven continuidad”, lo cual impacta negativamente en los resultados. Por eso, concluyó, al acercar soluciones para las comunidades, sobre todo las más vulnerables, “hay que pasar del trabajo colaborativo al trabajo integrado”. Es decir, al involucramiento con las personas y su situación.

Según contó Véronique Billia, strategic innovacion LINK de Roche en América Latina, en diferentes países (no aún en la Argentina), la compañía impulsa en acuerdo con instituciones el uso de aplicaciones de IA para ayudar a la descentralización de la atención de salud. Una es Lunit, una iniciativa de una firma surcoreana que, a través de algoritmos, ayuda a la detección temprana de cáncer en estudios de mamografía y tórax. Otra es iBreastExam (iBE), un dispositivo portátil para ayudar a detectar cáncer de mama mediante sensores que identifican anomalías en los tejidos. RetinIA, en tanto, está dirigida a diagnosticar retinopatía diabética y edema macular a través de imágenes de fondo de ojo.

Innovación y economía

Más allá de esas iniciativas, que derivarían en una moderación de gastos por efecto de diagnósticos tempranos, están las innovaciones de la industria farmacéutica que permiten curar enfermedades o mejorar la calidad de vida, según sea el caso y que, según informes de la propia industria citados en este encuentro, explican el 35% del aumento en la esperanza de vida entre 1990 y 2015 en Estados Unidos.

“Como industria, hablamos de valor”, sostuvo Hoenger, consultado sobre los costos de desarrollar las medicinas y los altos precios de venta. Agregó que el proceso de desarrollar un producto puede llevar entre 12 y 20 años y una inversión promedio de US$2000 millones.

Según Salazar, hay varias posibles causas de un precio que puede parecer “exagerado” en productos que compran, por caso, los sistemas públicos de salud. “Puede ser que falte competencia en el mercado, que haya fallas en los mecanismos de licitaciones públicas. Eso lleva a la necesidad de revisar los marcos regulatorios y los contratos y su transparencia”, indicó. Y analizó: “Algo importante es el equilibrio entre los genéricos y los productos con patentes; en parte, hay una responsabilidad ética y social de las compañías, pero cuando se tiene una patente, generalmente el precio es mucho más alto”.

María Pía Orihuela, gerente general de Roche Argentina se refirió, al participar de una mesa de diálogo sobe modelos de financiamiento, a la adhesión de la compañía a la Solución Integral de Gestión de Medicamentos de Alto Costo (Sigmac) de la Superintendencia de Servicios de Salud, por el medicamento Emicizumab, para pacientes con hemofilia. Se trata de un sistema de compras centralizadas para las obras sociales. Como todo se gestiona por vía digital, Orihuela afirmó que los plazos para la aprobación del suministro se redujeron significativamente. Y, según la Superintendencia -que formalizó el acuerdo mediante la resolución 1363, el esquema tiende a reducir la litigiosidad, una constante en el régimen de salud cuando se trata de medicación de alto costo.

Internación domiciliaria

Llevar los sistemas de salud a las personas, en lugar de las personas al sistema de salud, fue uno de los ejes temáticos que sobrevoló varias charlas durante el foro.

A la identificación de tecnologías creadas por emprendedores como las ya citadas, se sumaron casos como el del programa estatal de México “Salud casa por casa”, basado en visitas periódicas de profesionales a hogares, con enfoque en adultos mayores y personas con discapacidad.

Cuatro pilares son los que deberían tenerse en cuenta para lograr una descentralización que permita un acceso amplio de las poblaciones a los servicios de salud, según definió Verónica Stasiak, fundadora y directora de la consultora brasileña Supera. Se trata de las políticas y regulaciones; la tecnología y la gestión de data; la infraestructura y el financiamiento, y la capacitación de personas que trabajan en el sistema.

Por su parte, Cristian Gallo, coordinador médico de Medicina Domiciliaria del Hospital Italiano de Buenos Aires, contó que la institución tiene 3800 pacientes con internación en sus domicilios (casa o geriátrico), con una media de edad de 87 años. De ese total, 3500 requieren de cuidados crónicos y 300, de cuidados agudos.

“Para el financiador, la cama domiciliaria tiene un costo cuatro veces menor a la hospitalaria”, especificó. Y agregó que se evidencian, entre otros efectos, mejoras en el sueño y reducción de la incidencia de problemas como el síndrome confusional o trastornos de conducta.

La internación en domicilio, que implica un trabajo de equipos interdisciplinarios y se organiza en las unidades de anticoagulación, heridas y fin de vida, requiere del consentimiento de la familia y de la existencia de un entorno adecuado.

¿Qué pacientes son admisibles? En cuidados agudos hay pacientes en terapia antibiótica endovenosa, con enfermedad tromboembólica, o que están en el posoperatorio de cadera o rodilla, y personas en fin de vida. “En cuidados crónicos, admitimos pacientes frágiles confinados en sus domicilios”, explicó el responsable del área, que agregó que de las 44.000 internaciones anuales que tiene el Hospital Italiano, alrededor de 9% se concreta bajo la modalidad domiciliaria.

La práctica está muy vinculada a las necesidades de cuidados que trae aparejada la tendencia a una sociedad con cada vez más adultos mayores. En el caso de los 175.000 afiliados al plan de salud del Hospital Italiano (la prepaga de la entidad), dijo Gallo, el 32% es mayor de 65 años, una participación que supera ampliamente a la que tienen los adultos mayores en la población total del país, que es de 11,9%, según datos del censo nacional del Indec de 2022.

En materia poblacional, la Argentina está un período de “bono demográfico”, que es el previo al caracterizado por altos costos asociados al envejecimiento. Eso interpela a los sistemas de jubilación y de salud, pero no de forma exclusiva. En la manera en que la población en general pueda vivir cuando finalice el “bono” incidirán, claramente, las políticas públicas y estrategias que, en materia de producción económica, empleo, educación y salud -entre otros aspectos- se estén adoptando ahora.