El Ejecutivo está preparando un paquete legislativo que permitiría al Ejército peruano intervenir en el control de protestas y disturbios a nivel nacional. Así lo adelantó el nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, durante su presentación ante el Congreso, donde aseguró que la iniciativa busca definir las condiciones bajo las cuales las Fuerzas Armadas podrían brindar apoyo operativo a la Policía Nacional del Perú (PNP) durante futuras movilizaciones.
“Estamos evaluando todos esos puntos y detalles, si va a ser pertinente y cómo nos van a apoyar. Queremos hacer algo diferente, que no sea una zona de emergencia sin resultados”, señaló Tiburcio ante las comisiones de Defensa y Transportes. La sesión, convocada originalmente para discutir medidas contra la extorsión en el transporte público, terminó centrando el debate en la nueva estrategia de seguridad del Gobierno frente al aumento de las protestas en Lima.
La propuesta surge en un contexto especialmente tenso, marcado por el descontento social y las críticas al uso de la fuerza por parte de la PNP. Organismos de derechos humanos advirtieron que la medida podría abrir la puerta a una militarización del control ciudadano, mientras la desconfianza hacia las instituciones continúa creciendo.
Contexto: crisis política y estallido social
La noche del 15 de octubre marcó el inicio de la primera gran crisis del gobierno de transición de José Jerí, apenas una semana después de su asunción al poder tras la destitución de Dina Boluarte. Miles de personas, encabezadas por el colectivo Generación Z, tomaron las calles del centro de Lima para expresar su rechazo tanto a la clase política como al incremento de la inseguridad ciudadana. La manifestación, inicialmente pacífica, derivó en enfrentamientos violentos frente al Congreso de la República, donde un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas de seguridad y fue repelido por las fuerzas policiales con gases lacrimógenos, escudos y bastones. El saldo fue trágico: más de un centenar de heridos y un fallecido.
La víctima fue Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, un joven artista urbano de 32 años, conocido como Trvko, quien murió tras recibir un disparo de arma de fuego en el tórax en inmediaciones de la Plaza Francia. En un principio, el Ministerio del Interior negó la participación de efectivos policiales en su muerte; sin embargo, horas después, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, confirmó que el suboficial Luis Magallanes, miembro de la División de Investigación Criminal, fue el autor del disparo. El general pidió perdón público a la familia de la víctima y aseguró que el agente se encuentra bajo investigación.
El impacto político no se hizo esperar. Diversas bancadas promovieron una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso —que implicaría la salida de Jerí del poder—, aunque finalmente fue rechazada con los votos de Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, Somos Perú y Avanza País. Mientras tanto, colectivos estudiantiles y agrupaciones juveniles anunciaron una “movilización indefinida”, exigiendo justicia por Ruiz Sanz y la renuncia del presidente interino.
Antecedentes: más de 150 policías y militares han sido investigados por muertes en protestas
La posibilidad de que el Ejército vuelva a participar en el control de movilizaciones revive uno de los episodios más polémicos de los últimos años. En julio de 2024, la Fiscalía de la Nación informó que 154 policías y militares estaban siendo investigados por las muertes y lesiones de 267 personas ocurridas durante las protestas sociales registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
De acuerdo con el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, se habían formalizado 18 investigaciones preparatorias por hechos que la institución calificó como “graves violaciones de derechos humanos”. Entre los procesados figuraban altos mandos del Ejército y de la Policía Nacional, implicados en operativos realizados en regiones como Ayacucho, Puno, Arequipa, La Libertad, Junín y Ucayali.
En Ayacucho, por ejemplo, la Fiscalía abrió proceso contra 27 miembros del Ejército por los enfrentamientos registrados en los exteriores del aeropuerto de Huamanga los días 15 y 16 de diciembre de 2022, donde se reportaron 55 víctimas entre muertos y heridos. Casos similares se investigan en Puno, donde 24 policías y 19 militares fueron señalados por las muertes de 18 personas y más de 100 heridos durante la represión en Juliaca y Macusani. Las pesquisas también alcanzan a efectivos policiales en Lima, Arequipa y Selva Central, involucrados en el uso letal de la fuerza contra manifestantes, incluyendo menores de edad.
