El estancamiento de la reforma a la salud en el Congreso colombiano llevó al Gobierno Petro a desplegar una estrategia múltiple: desde la amenaza de acciones legales hasta la consideración de un “plan b” que contempla la expedición de decretos.
La confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo se intensifica, mientras la viabilidad financiera de la reforma y la autonomía del Congreso se convierten en los ejes del debate.
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El presidente Petro instruyó a su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a iniciar acciones legales contra los ocho senadores de la Comisión Séptima que han bloqueado el avance del proyecto.
El ministro del Interior, Armando Benedetti elevó el tono de la disputa al acusar a los legisladores de provocar un “bloqueo institucional”.
“Los denunciaré ante la Procuraduría y la Corte Suprema por quebrantar la Constitución y la Ley Quinta. No quieren trabajar. Quieren ir a hacer campaña y engañar a la gente otra vez”, resaltó Benedetti.
Esta declaración refleja la presión que el Ejecutivo ejerce sobre el Congreso, para el que la ausencia de un aval fiscal claro se ha convertido en el principal argumento de la oposición para aplazar el debate.
El presidente de la Comisión Séptima Miguel Ángel Pinto se posicionó como uno de los principales críticos de la agenda del gobierno.
Pinto desafió públicamente a Petro a debatir el aval fiscal en televisión: “Que Colombia sepa quién miente”.
Aunque el Ministerio de Hacienda envió un documento dirigido a Pinto, persisten dudas técnicas sobre su validez como aval fiscal, ya que no lleva la firma del ministro Germán Ávila, sino la de un viceministro técnico.
Para varios congresistas, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿existen los recursos necesarios para financiar la reforma?
