El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha celebrado este martes que la Comisión Europea (CE) haya «avalado» las reformas del Gobierno en el acceso a la carrera de jueces y fiscales en su informe sobre el Estado de Derecho de los países de la Unión Europea (UE), un texto que bajo su punto de vista considera «que son un avance para la independencia y la calidad del sistema público de justicia».
Así lo trasladan fuentes del departamento dirigido por el ministro Félix Bolaños, que inciden en que la Comisión Europea «reconoce que el proyecto de Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial y Fiscal, al reformar el acceso a las carreras y llevar a cabo un proceso de estabilización de juezas y fiscales sustitutas, ampliará los recursos del servicio público de Justicia».
El propio Bolaños, a la salida del Pleno celebrado en el Congreso, ha manifestado a los periodistas que el informe «lo que dice es que avala las reformas de la Justicia» que está llevando a cabo el Gobierno.
Por tanto, asegura estar «contento» de que la Unión y la Comisión Europea «diga a la derecha y a la ultraderecha españolas que las reformas de la justicia son necesarias, son urgentes, son imprescindibles para modernizar y para europeizar nuestra Justicia. «Y por tanto, rumbo a la justicia del siglo XXI», ha apuntado.
La Comisión Europea se ha hecho eco este martes en su informe sobre la salud democrática de los Estados miembro del ‘caso Koldo’ y de la imputación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una evaluación sobre España que recoge avances en medidas de prevención pero alerta del «alto riesgo de corrupción» en la contratación pública y financiación de partidos.
En las veinte páginas que dedica a España, Bruselas no señala riesgos sistémicos para el Estado de derecho, pero avisa de que siguen pendientes medidas de calado en ámbitos como el judicial, la lucha contra la corrupción, la transparencia o medios de comunicación, incluida la reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que Bruselas reclama desde hace años como continuación de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
El informe identifica «algunos avances» para atender a las recomendaciones del pasado año para reducir los tiempos de las investigaciones y enjuiciamientos de los casos de corrupción de alto nivel, por ejemplo en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la asignación de recursos adicionales. «El Gobierno reconoce que los casos de corrupción tardan más debido a su naturaleza cada vez más compleja y ha tomado medidas para fortalecer los recursos humanos en el sistema judicial», indica el informe.
Las fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sostienen que el documento europeo destaca la ley de Eficiencia, la ley orgánica del Derecho de Defensa y el aumento de la remuneración de jueces y fiscales.
«El informe resalta que la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal suponen un refuerzo notable de la autonomía de la Fiscalía, que era otra de las recomendaciones históricas de la Comisión, de manera que valora positivamente los avances realizados en estos proyectos de ley orgánica y las medidas adicionales adoptadas para reforzar la independencia de la fiscalía en materia presupuestaria, de formación y de régimen de incompatibilidades», opinan.
LA COMISIÓN «RATIFICA» QUE LA REFORMA «NO AFECTA AL ESTADO DE DERECHO»
De la misma forma, interpretan que la Comisión Europea ve como un «progreso significativo» la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los primeros nombramientos realizados.
Es por ello que celebra las conclusiones que, bajo su punto de vista, «ratifican» que «no hay ni una línea de las reformas que afecte ni al Estado de Derecho ni a la independencia judicial» y «echan por tierra los bulos que se han repetido insistentemente para intentar frenar la mayor transformación de la justicia en décadas».
La Comisión dedica asimismo parte de su evaluación sobre España a la controversia por la reforma puesta en marcha por el Gobierno sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal, aunque evita expresar una posición clara sobre la situación. «Actualmente hay acciones de protesta por parte de jueces y fiscales que reflejan tensiones en torno a las reformas propuestas en el poder judicial», indica el texto, que informa de la huelga para pedir la retirada del proyecto de reforma y de que el CGPJ declaró que las huelgas en el sector no están reguladas.
Al respecto, fuentes del Ministerio de Justicia inciden en que el texto se hace eco de la huelga de jueces y fiscales «a pesar de el CGPJ les recordó que el derecho no está regulado».
