El Ministerio de Hacienda le salió al paso a las especulaciones sobre la nueva reforma tributaria, asegurando que ningún alimento de la canasta familiar será gravado con el IVA.
Esta aclaración se produjo en medio de un intenso debate sobre el alcance y las implicaciones del proyecto de ley que el gobierno de Gustavo Petro planearía presentar ante el Congreso de la República el el lunes 1 de septiembre, con el objetivo de recaudar $26,3 billones y estabilizar las finanzas nacionales.
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“El Gobierno confirma que ningún alimento de la canasta familiar va a ser gravado con el IVA”, dice el comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda.
En la misiva oficial, la cartera de Hacienda instó a los medios de comunicación a ceñirse a la ley de financiamiento vigente y evitar difundir información imprecisa.
“El @minhacienda les solicita a los medios de información sujetarse al contenido de la ley de financiamiento y no caer en especulaciones ni imprecisiones”, se agrega en el documento.
El texto enfatiza que el Pacto Fiscal, desarrollado en la “ley de financiación”, está orientado a racionalizar el gasto público, fortalecer y crear programas de inversión social, y adoptar medidas tributarias que favorezcan la inversión, la producción y la formalización empresarial, con el propósito de mejorar la equidad y la estabilidad económica.
La presentación de la nueva reforma tributaria coincide con la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, cuyo monto asciende a $556,9 billones.
El Gobierno busca que los recursos obtenidos a través de la reforma, también conocida como ley de financiamiento, complementen el presupuesto del próximo año.
De aprobarse, esta iniciativa se convertiría en la más ambiciosa de las últimas dos décadas, superando ampliamente los recaudos de reformas anteriores: $19,7 billones en 2022 (bajo el Gobierno de Petro), $15,2 billones en 2021 y $13,5 billones en 2019 (ambas durante la administración de Duque), así como $12,5 billones en 2014 y $9 billones en 2012 (ambas bajo el mandato de Santos).
Este proyecto representa el tercer intento del Gobierno de Gustavo Petro por sacar adelante una reforma tributaria. La primera fue aprobada en 2022, poco después de asumir la presidencia, mientras que la segunda fue rechazada en 2024.
Durante la presentación de la propuesta de Presupuesto 2026 ante las comisiones económicas conjuntas del Congreso, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, defendió la reforma tributaria al afirmar: «Creemos que la ley de financiamiento va a garantizar no solamente la estabilidad financiera del Presupuesto del 2026, sino que por lo menos la de los próximos cinco años. Va a asegurar ingresos consistentes y recurrentes que van a garantizar el equilibrio fiscal del próximo cuatrienio».
Ávila solicitó al Congreso que apruebe el proyecto y advirtió que, de no ser así, “el Gobierno tomará las medidas que sean necesarias para asegurar la estabilidad fiscal y macroeconómica en el país”.
Además, anticipó que el gasto para el próximo año será más austero.
“El presupuesto tendrá un gasto moderado. El gasto primario crecerá por debajo de los ingresos tributarios. No existe un gasto desbordado, sino una política fiscal prudente y responsable”.
Las críticas a la propuesta no se han hecho esperar. La senadora Angélica Lozano calificó el monto del presupuesto como “inflado” y consideró que la reforma tributaria es “tan alta que es imposible de aprobar”.
Lozano advirtió que el trámite simultáneo del presupuesto y la tributaria podría tener como objetivo que el Congreso rechace el proyecto, lo que permitiría al Gobierno expedir el presupuesto por decreto, como ocurrió este año, y asumir deudas elevadas.
La senadora recordó que la primera votación del PGN está prevista para el 15 de septiembre, cuando se decidirá el monto de $556,9 billones en las cuatro Comisiones Económicas del Senado y la Cámara de Representantes.
Si al menos una comisión no acepta reducir el monto, se mantendría la cifra propuesta, lo que habilitaría al Ejecutivo a decretarla.
En el Congreso, sectores de la oposición han propuesto reducir el presupuesto en $40 billones, pasando de $557 billones a $517 billones, con el argumento de que aprobar una cifra mayor podría afectar negativamente las finanzas nacionales.
La propuesta busca excluir los $26,3 billones de la reforma tributaria y $13,2 billones por ajuste de ingresos.
De acuerdo con la proposición radicada, que cita al Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) 2025, así como análisis de diversos centros de estudios económicos, existe una brecha de recursos de $39,5 billones para cumplir la meta del déficit de 6,2% del PIB en 2026.
De ese faltante, $13,2 billones corresponden a una insuficiencia de recaudo frente a las proyecciones oficiales, atribuida a supuestos macroeconómicos optimistas y a la sobreestimación de ingresos, mientras que los $26,3 billones restantes dependen de una ley de financiamiento aún inexistente.
