El rediseño de la reforma tributaria que impulsa el Gobierno tras el reciente recorte al presupuesto de 2026 desplazó el peso de la recaudación hacia los impuestos al consumo, con la expectativa de que la nueva ley obtenga luz verde antes de finalizar el año.
La propuesta, que el Ministerio de Hacienda comenzó a presentar a los congresistas de las comisiones económicas, concentra la mayor parte de los ingresos previstos en gravámenes sobre licores, tabaco y otros productos asociados a “externalidades negativas”.
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El estancamiento que había caracterizado el debate parlamentario sobre la reforma tributaria durante varias semanas dio un paso hacia una posible reactivación de las discusiones, porque el Ejecutivo busca asegurar 16,3 billones de pesos para cubrir el presupuesto del año 2026.
De ese total, 4,1 billones de pesos provendrían exclusivamente de los nuevos impuestos al consumo, que incluyen tanto el tabaco como el alcohol.
La propuesta inicial contempla un impuesto mínimo de 11.200 pesos por cajetilla de cigarrillos, al que se sumaría un gravamen adicional. En el caso de las bebidas alcohólicas, se plantea un impuesto base del 19% más un cargo especial que varía según el nivel de alcohol del producto.
El proyecto también incorpora un capítulo destinado a incrementar el recaudo a través del IVA, con una meta de 2,9 billones de pesos. En este apartado se incluyen el IVA a los juegos de suerte y azar, así como a los vehículos híbridos, ampliando así la base de productos y servicios sujetos a este impuesto.
En cuanto al impuesto al patrimonio, el Gobierno mantiene su objetivo de recaudar 2,2 billones de pesos. No obstante, introduce una modificación relevante: el umbral a partir del cual se aplica este impuesto baja de 3.585 millones a 1.991 millones de pesos, lo que amplía el universo de contribuyentes afectados.
Entre tanto, la propuesta revisada suaviza la carga fiscal sobre las personas naturales. Mientras que en un inicio se proyectaba que este segmento aportaría 917.000 millones de pesos en impuesto de renta, la nueva estimación se reduce a 215.000 millones de pesos, reflejando una postura más moderada en este aspecto.
En línea con anuncios previos, el Gobierno elimina de la iniciativa el aumento del IVA al diésel y la gasolina. Sin embargo, persisten dudas sobre la inclusión de otros gravámenes relacionados con estos combustibles en el texto definitivo. Entre las medidas consideradas figura el incremento del impuesto al carbono, que podría incidir en los precios tanto del diésel como de la gasolina.
Para que la reforma tributaria entre en vigor, será necesario que supere el trámite en las cuatro comisiones económicas del Congreso y obtenga la aprobación de las plenarias de la Cámara y el Senado.
Reforma tributaria de Colombia al borde del fracaso en el Congreso
El Gobierno enfrenta la inminente caída de su reforma tributaria, mientras en el Congreso se consolidan mayorías dispuestas a rechazar la iniciativa antes incluso de su debate formal.
Ante este escenario, el Ejecutivo preparó un plan B: un proyecto de ley enfocado en la reactivación económica para 2026, que buscaría impulsar los ingresos nacionales a través de una mayor dinámica productiva en distintos sectores.
La urgencia de la reforma se refleja en el cronograma impuesto a los coordinadores y ponentes de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, que deben presentar la ponencia antes del 15 de noviembre.
Sin embargo, el ambiente político es adverso y las posibilidades de aprobación antes del cierre de sesiones son bajas, ya que el equipo encargado dispone de solo 15 días calendario, contados desde el 30 de octubre para consolidar el texto, lo que podría extender el trámite hasta diciembre.
Las críticas se han intensificado desde distintos sectores. La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) advirtió que el Gobierno busca “$16 billones de pesos de nuevos impuestos del bolsillo de los colombianos, mediante cambios que estrangulan a esa clase media que logra con mucho esfuerzo y sacrificio ahorrar”.
Lozano también cuestionó el desequilibrio fiscal, señalando que “el presupuesto del próximo año por $547 billones tiene un déficit mucho mayor que los $16 que busca el Gobierno con esta reforma tributaria. El Comité Autónomo de Regla Fiscal estima que se necesita recortar por lo menos $35 billones”.
Desde la oposición, el senador Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal) afirmó: “No veo al Congreso votando positivo esta reforma. No veo a las plenarias de Cámara y Senado en pleno año político cargándole el bolsillo a los colombianos”.
Gómez Amín criticó la gestión del Ejecutivo, acusándolo de “administración del derroche, un fuerte gasto público y múltiples comitivas”, y advirtió sobre el uso del endeudamiento para cubrir déficits, lo que ha llevado al país a “uno de los déficits más altos de la historia”.
El debate en el Congreso se mantiene polarizado: mientras los aliados del Gobierno defienden la necesidad de sostener los programas sociales y el gasto público, la oposición insiste en que el problema radica en el exceso de gasto y no en la falta de ingresos.
La reforma tributaria entra así en una fase decisiva, con tensiones fiscales y un respaldo político menguante. Si la iniciativa fracasa, el Ejecutivo deberá recurrir a ajustes internos, aplazamientos o nuevas operaciones de crédito para evitar un desbalance en las cuentas públicas, ya que los ingresos previstos por la reforma ya fueron incluidos como fuente de financiación del presupuesto de 2026.
