La radicación formal de la reforma laboral y el Presupuesto General de la Nación para 2026 ante el Congreso de la República marca una etapa clave para la política económica del Gobierno en la recta final de su mandato.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, expuso previamente las cifras centrales.
Entre 2024 y 2025, los gastos de funcionamiento crecerían en más de $42,7 billones. El presupuesto total para 2026 apunta a un incremento de $40,6 billones frente al ciclo precedente.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
El Ejecutivo defiende que la estructura presentada protege los recursos de inversión, considerados motores de obras públicas, programas sociales y estímulo a la economía.
Sin embargo, la mayor parte del incremento concentra presión en los gastos fijos de operación estatal y compromisos adquiridos, como deuda y vigencias futuras.
Esto deja poco margen para ajustes o recortes efectivos en caso de que los ingresos proyectados no se materialicen.
Diversos exfuncionarios de Hacienda coinciden en que la propuesta tributaria, que pretende cubrir el déficit presupuestal y asegurar la viabilidad fiscal de 2026, carece de apoyo político.
Los exfuncionarios consideran improbable que la Comisión encargada del debate económico en el Congreso respalde el proyecto.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, sostuvo en declaraciones a La República que “no existe ninguna posibilidad de que el Congreso apruebe una reforma tributaria”.
Aseguró que resulta difícil proponer un plan de esta magnitud en un contexto donde se activó la cláusula de escape fiscal y el país enfrenta uno de los niveles de déficit y endeudamiento más altos de su historia reciente.
Restrepo advirtió que la suspensión de la regla fiscal, sumada al aumento de deuda, deriva en un presupuesto “desfinanciado”, cuyo equilibrio depende precisamente de la tributaria que hoy no tiene respaldo en el Legislativo.
La preocupación se refuerza con cifras sobre la deuda pública. En los últimos dos años, los pagos de intereses aumentaron entre 40% y 50%, señal de que el costo de financiamiento del país se elevó de forma considerable frente a condiciones pasadas.
Desde la academia, el profesor de la Universidad de los Andes, Germán Machado, subrayó, en entrevista con La República, que Colombia sí requiere una reforma tributaria, pero insiste en la necesidad de un ajuste paralelo en el gasto público.
Machado calificó el presupuesto de $551 billones como irrealista e inflado. Plantea tres puntos críticos: va en contra del marco fiscal anunciado, supera de manera amplia la capacidad de ingresos previstos por el Estado, y resulta inviable de ejecutar en su totalidad.
A la falta de un “ambiente político” para la tributaria se suma, entonces, un presupuesto percibido como poco práctico en su ejecución y bajo presión de los gastos rígidos.
Para Machado, el Gobierno se juega una carta ambiciosa sin los consensos ni los votos necesarios en las comisiones del Congreso encargadas de las finanzas.
La discusión política y técnica en el Congreso
El trámite que inicia el martes 29 de julio en el Congreso enfrenta un escenario de alta polarización y escaso margen de negociación. Varios legisladores de la Comisión Tercera y Cuarta adelantan su intención de archivar la nueva reforma tributaria, al no considerar urgente ni conveniente una mayor presión tributaria sobre familias y empresas en la coyuntura actual.
Por su parte, el Gobierno insiste en que el gasto de inversión no será sacrificado, pues se busca dinamizar la economía en un contexto de bajo crecimiento.
Sin embargo, los analistas y las exautoridades insisten en que la sostenibilidad fiscal solo será posible si se fortalecen los ingresos tributarios, se ajusta el gasto operativo y se recupera la confianza de los mercados.
La falta de respaldo a la tributaria y los reparos al presupuesto ponen al Gobierno frente al reto de buscar nuevos acuerdos y alternativas. El desenlace de este debate marcará el cierre de la agenda económica del actual mandato y las posibilidades de una transición ordenada en las cuentas nacionales en 2026.
