Jartum, 6 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores sudanés aseguró este martes que el cierre del caso que su gobierno planteó contra Emiratos Árabes Unidos (EAU) ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al no tener jurisdicción no constituye «una negación de las violaciones» cometidas ni una sentencia que «absuelva a EAU de la acusación de complicidad en el crimen de genocidio».
«Esta decisión procesal no constituye una negación de las violaciones cometidas ni una sentencia que absuelva a EAU de la acusación de complicidad en el crimen de genocidio. La jurisdicción en virtud del derecho internacional es una cuestión procesal preliminar, ajena a la evaluación de las pruebas o a la determinación de la responsabilidad internacional. En consecuencia, el tribunal no tuvo en cuenta las sólidas pruebas presentadas por el equipo jurídico sudanés», dijo el departamento en un comunicado.
Subrayó que «la batalla legal contra los agresores de Sudán aún no ha terminado», algo que el Gobierno sudanés dijo ya ayer en su primera reacción tras la decisión del tribunal de la ONU, y que el país africano continuará llamando «a todas las puertas y agotando todos los medios previstos por el derecho internacional, con el fin de proteger a su pueblo y a su Estado».
El ministerio quiso igualmente expresar el respeto del gobierno sudanés -liderado por militares- por la decisión de la CIJ, y reconoció la naturaleza de la justicia internacional y los límites de su jurisdicción.
De hecho, expresó su satisfacción por la presentación de la demanda y las «claras pruebas presentadas por Sudán, que contribuyeron a exponer el papel de EAU en la exacerbación del conflicto en Sudán».
También se congratuló de que la comunidad internacional sea «cada vez más consciente del alcance de la implicación de EAU en las atrocidades cometidas» por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), a las que acusan de recibir apoyo de EAU, un extremo que el país del golfo niega.
La CIJ no entró a evaluar el contenido del caso porque, como señaló el presidente del tribunal, Yuji Iwasawa, el cierre del caso se debe a una reserva hecha en 2005 por EAU al artículo 9 de la Convención sobre el Genocidio (1948), “y al no haber otra base de jurisdicción”, la Corte “claramente no tiene jurisdicción para atender la solicitud de Sudán”.
Dicho artículo trata sobre la presentación de disputas sobre la interpretación, aplicación o cumplimiento de esta convención ante la CIJ.
Jartum presentó el 5 de marzo una denuncia contra Abu Dabi ante el Tribunal, acusando a EAU de apoyar a las FAR en una «campaña genocida» contra el pueblo masalit, un grupo étnico africano no árabe en Darfur, en el oeste de Sudán.
Emiratos, por su parte, dijo que la decisión de la CIJ es «una afirmación clara y decisiva de que este caso carecía de todo fundamento», así como un «intento» del Ejército de Sudán de «instrumentalizar al Tribunal para su campaña de desinformación y distraer la atención de su propia responsabilidad».
Desde su inicio hace más de dos años, la guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de 12,5 millones, lo que ha causado la peor crisis humanitaria en el planeta. EFE
