Un juez federal en California impuso restricciones a las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza. La decisión responde a los operativos realizados en enero en el Valle Central, donde agentes detuvieron a casi 80 personas. La medida prohíbe los arrestos sin orden judicial si no existe una sospecha razonable de que el individuo intentará huir.
La Patrulla Fronteriza y un operativo cuestionado por su criterio de selección
En enero, la operación “Return to Sender” se desarrolló en el condado de Kern, donde se encuentra la ciudad de Bakersfield. El operativo se centró en sitios como estaciones de servicio y comercios como Home Depot.
Según The New York Times, el jefe de la Patrulla Fronteriza en el sur de California, Gregory Bovino, confirmó que el procedimiento, al que calificó como “un éxito arrollador”, logró detener a 78 personas. El funcionario indicó que algunas de ellas tenían “antecedentes criminales serios”.
Sin embargo, datos oficiales de la propia agencia contradicen esa afirmación. De los 78 detenidos, 77 no tenían antecedentes ni registros migratorios previos. Y el historial criminal de la persona restante marca que tenía “una orden de deportación definitiva“.
Así lo indica la orden judicial emitida por la jueza Jennifer L. Thurston, del Tribunal de Distrito del Este de California. La magistrada señaló que el gobierno no negó ni refutó la evidencia aportada por los demandantes sobre las prácticas de detención.
¿Qué dice el fallo judicial contra detenciones sin causa?
La jueza Thurston emitió una orden judicial preliminar que restringe el accionar de los agentes. El fallo establece que los oficiales de la Patrulla Fronteriza no pueden detener a personas sin una sospecha razonable, tal como lo establece la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Además, impide realizar arrestos sin orden judicial, salvo que exista causa probable de que la persona intentará evadir a las autoridades antes de que se obtenga una orden. La medida rige exclusivamente en el distrito federal donde ocurrieron los hechos, mientras avanza el proceso judicial.
La próxima audiencia está prevista para junio. En su fallo, la jueza también consideró las declaraciones presentadas por la parte demandante, entre ellas testimonios de residentes locales y de organizaciones de defensa de trabajadores agrícolas.
Demandas por discriminación racial en California
La decisión judicial responde a una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). La organización actuó en representación del sindicato United Farm Workers y de cinco residentes del condado de Kern.
Según el escrito, los agentes detuvieron a personas por su apariencia física y su condición de trabajadores del campo, sin verificar su estatus migratorio. Elizabeth Strater, vicepresidenta nacional del sindicato, celebró el fallo.
“No se puede detener a la gente por su aspecto”, afirmó Strater. Según la demandante, esta resolución “ratifica los estándares legales básicos de Estados Unidos”. Las redadas, indicaron desde la organización, generaron temor en comunidades enteras que dependen del trabajo agrícola.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se expresó tras conocerse la orden judicial. De acuerdo a The New York Times, la dependencia reiteró su compromiso con “restablecer el estado de derecho en el sistema migratorio”. También aseguró que ninguna acción legal impedirá ese objetivo, pero no respondió a las críticas sobre los criterios de selección utilizados durante el operativo.
