Dos fallos judiciales casi simultáneos abrieron una ventana de esperanza para Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño que fue deportado de manera indebida por presuntos vínculos con una red criminal y luego regresado a Estados Unidos para continuar en prisión. Estas resoluciones no solo pusieron en duda la validez de los cargos en su contra, sino que además impedirán que el gobierno estadounidense pueda arrestarlo de inmediato si sale en libertad.
Dos fallos consecutivos favorecieron a Ábrego García
Este miércoles ocurrió un giro inesperado en el caso Ábrego García. En cuestión de minutos, se conocieron dos fallos clave. Por un lado, el juez federal Waverly D. Crenshaw Jr., desde el Tribunal del Distrito de Tennessee, ordenó su liberación en el marco del proceso penal que enfrenta en Nashville. Por otro lado, la jueza Paula Xinis, desde Maryland, emitió una orden separada que impide al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detenerlo de inmediato tras recuperar la libertad.
Ambas resoluciones, tomadas casi en paralelo, podrían permitirle regresar a Maryland, donde vivía con su familia antes de ser arrestado el 12 de marzo y enviado a El Salvador tres días después, en una deportación que una corte ya había calificado como incorrecta.
La acusación de “pandillero” a Kilmar Ábrego García se debilitó en los tribunales
La base de la acusación penal contra Ábrego García se sostuvo en su presunto vínculo con la Mara Salvatrucha (MS-13), una organización criminal transnacional. Sin embargo, la argumentación del gobierno se debilitó a medida que los jueces comenzaron a examinar en detalle las pruebas.
En su decisión, el juez Crenshaw expresó escepticismo sobre los intentos del gobierno de vincular a Ábrego García con dicha banda delictiva. Según se desprende del documento judicial:
- No existe evidencia de que Ábrego García tenga tatuajes u otras marcas que sugieran afiliación con la MS-13.
- Los fiscales no lograron demostrar que el acusado haya tenido relación con miembros conocidos de la pandilla.
- No se presentó prueba alguna de que él mismo se haya identificado como miembro de dicha organización.
- Tampoco se documentaron antecedentes de que haya participado en actividades criminales organizadas.
Crenshaw también cuestionó la credibilidad del principal testigo del gobierno, José Ramón Hernández Reyes, un residente de Texas acusado de liderar la red de tráfico de personas en la que, supuestamente, participaba Ábrego García.
La estrategia del gobierno de EE.UU. con Kilmar Ábrego García: mantenerlo preso o deportarlo
Luego de un revés judicial inicial en Nashville, el Departamento de Justicia admitió que, si Ábrego García era liberado, probablemente abandonarían los cargos en su contra y procederían a detenerlo nuevamente bajo custodia migratoria, con la intención de expulsarlo otra vez de EE.UU. Es decir, se usaría la acusación penal no para lograr una condena, sino como una herramienta para mantenerlo retenido mientras avanzaban los trámites de deportación.
Esa maniobra fue neutralizada por la orden de la jueza Paula Xinis en Maryland, quien interviene en la causa de remoción. En su decisión, la magistrada restauró el estatus legal que Ábrego García tenía antes de ser arrestado, lo que implica que:
- El ICE no podrá detenerlo automáticamente si queda libre en Tennessee.
- Se le debe restituir la protección judicial que impedía su deportación, por temor a ser perseguido en El Salvador.
- Cualquier nuevo procedimiento de expulsión deberá iniciarse en Maryland.
- El gobierno está obligado a notificar con al menos tres días hábiles cualquier intento de expulsarlo a un país distinto de El Salvador.
El futuro inmediato de Ábrego García
Si bien la liberación aún no se concretó, las órdenes judiciales allanan el camino para que Ábrego García recupere temporalmente su libertad en Estados Unidos, al menos hasta que se resuelvan los procesos en su contra.
Antes de ser detenido, el salvadoreño residía con su esposa e hijos en Maryland y trabajaba como aprendiz en un taller de chapa metálica. Estaba amparado por una orden judicial que reconocía el riesgo de persecución en su país de origen y le permitía permanecer legalmente en territorio estadounidense.
Según la información detallada por The New York Times, ambos jueces coincidieron en rechazar las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia y criticaron severamente la conducta de sus funcionarios. Por ahora, Ábrego García tiene asegurado un respiro en un largo proceso que aún está lejos de terminar.