Corine Fadel es tucumana y está detenida preventivamente desde el jueves pasado en la comisaría principal de Bermejo, Bolivia tras haber recibido una feroz golpiza por parte de comerciantes de la localidad fronteriza.

A la argentina la acusan de haber robado más de $5.0000.000 a una comerciante, aunque, por el momento, no hay cargos presentados en su contra. Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, existe la posibilidad de que el caso no avance hacia juicio si se concreta un acuerdo entre las partes.

“Nos enteramos el jueves por la noche, cuando comenzaron a circular videos en redes sociales. Hasta ahora ningún familiar se contactó con el consulado”, explicó a LA NACION Rolando Hugo Pocovi, Cónsul interino en Tarija.

Ahora, Fadel es asistida por Cimar Bamba, un abogado de la defensoría pública de Bolivia, que ya tomó contacto con el consulado argentino en la región.

A primera hora del viernes, desde el Consulado se comunicaron con las autoridades de la comisaría de Bermejo, quienes confirmaron la detención preventiva de la mujer. “Es nuestra obligación saber cómo está, dónde y se le proveyó defensor público. En principio todo eso está encaminado”, aseguró Pocovi.

Si bien en un principio se especuló con una posible entrada irregular al país, el diplomático aclaró a LA NACION que eso no está confirmado. “El cruce fronterizo, si lo hizo legalmente, fue por migración. En principio nada indica que haya sido ilegal, pero todavía no está determinado”, relató.

El consulado en Tarija, ubicado 200 kilómetros al norte de Bermejo, no tiene intervención directa en la defensa de la detenida. No provee abogados, ni representantes de derechos humanos: “Es un mito que circula. No somos abogados ni estamos habilitados para actuar como tales. No podemos intervenir en la defensa de manera directa. Lo que sí hacemos es controlar que se respeten sus garantías y que tenga igualdad ante la Justicia boliviana. Si ella contrató uno privado este fin de semana, no lo sabemos”, remarcó Pocovi a LA NACION.

Ante las agresiones sufridas, la mujer tucumana fue derivada a un centro de salud para una revisión médica general. Según el informe preliminar, solo presentaba heridas leves y algunos rasguños.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Tarija, que tiene un plazo de 72 horas hábiles para definir si formaliza la acusación o si se archiva el caso. Por ahora, Fadel permanece alojada en una celda de la comisaría central de Bermejo. “No sabemos la carátula de la causa, ni tampoco si hay cómplices. El abogado defensor nos va a llamar por la tarde”, explicó Pocovi a LA NACION.

Desde el consulado aclararon que, hasta la fecha, no recibieron ninguna confirmación sobre si las personas afectadas presentaron una denuncia formal. “El resto depende de si los denunciantes ratifican los cargos”, manifestó Pocovi a este medio.

Si no hay denuncia, el expediente podría cerrarse sin juicio. “Estamos esperando que el abogado defensor nos confirme si hay o no denuncia. Hay dos caminos. El primero es la posibilidad de acuerdo: que reconozca el hecho, devuelva el dinero y no se avance judicialmente. Un agente de la Comisaría de Bermejo nos dijo que Fadel habría reconocido el robo, pero eso aún no fue confirmado oficialmente. Si eso es así, y hay conciliación, podría ser devuelta a la Argentina. De lo contrario, si hay acusación, tendrá que enfrentar un proceso judicial. En ese escenario, supongo que dictaminarán prisión preventiva y a partir de ello fijarán fecha para la primera audiencia oral y pública”, adelantó en diálogo con LA NACION.

En Bolivia, el Código Penal establece penas severas para el delito de robo, especialmente cuando existen agravantes como la participación de más de una persona, el uso de armas, disfraz o la ejecución en lugares despoblados u otra circunstancia grave.

En su forma simple —es decir, cuando una persona sustrae bienes ajenos mediante fuerza o intimidación sin agravantes— el robo se castiga con una pena de entre 1 y 5 años de prisión.

Sin embargo, si se prueba que el hecho fue cometido con complicidad de otras personas, con armas, o en condiciones que representen mayor peligrosidad, como en zonas alejadas o bajo disfraces, se considera robo agravado, con una pena que puede variar entre 3 o 10 años de prisión. Además, según la legislación boliviana, los cómplices reciben la misma pena que los autores principales.

En este caso, la figura penal depende de si actuó sola o con una banda, y de los elementos utilizados durante el hecho. Si se comprueba la participación de cómplices o el uso de estrategias intimidatorias, podría enfrentar cargos por robo agravado con una condena más dura.

Acusada de integrar una banda

La mujer, oriunda de Tucumán, fue señalada como parte de una banda delictiva y atacada por vecinos en una feria popular. La golpearon, la pasearon semidesnuda y la amenazaron con prenderla fuego. A pesar de los videos que documentan la brutalidad del episodio, ninguno de los agresores fue detenido. La víctima del robo exige justicia; la familia de la mujer detenida denunció torturas y reclamó garantías.

La golpiza fue tan brutal que se volvió viral. Los comerciantes la arrastraron por la calle, la insultaron, la desnudaron parcialmente, le cortaron el cabello y la golpearon frente a todos. Incluso, según testigos, pidieron combustible para prenderla fuego. Pero nadie intervino.

El casi linchamiento comenzó cuando una vendedora boliviana aseguró que un grupo de personas ingresó a su local, ubicado en La Feria Petrolera, con la excusa de comprar, pero se robaron un bolso con $5.000.000.

En los videos que circularon puede verse cómo los gritos de furia tapan cualquier pedido de calma. Y aunque había efectivos policiales presentes, no hicieron nada durante varios minutos. Solo actuaron cuando el nivel de violencia escaló al punto de poner en riesgo la vida de la mujer.

Tras el ataque, fue la única persona trasladada a la comisaría principal de Bermejo, donde permanece detenida. Hasta la fecha, ni los agresores bolivianos ni los supuestos cómplices fueron identificados. La familia de Fadel denuncia tortura y exige garantías. “Fue un acto de barbarie. No se puede permitir que la justicia sea reemplazada por la violencia”, reclamaron.