Durante el pasado jueves 17 de abril, que se conmemora como el de la última cena dentro de la tradición de la Semana Santa, un grupo de católicos autodenominados provida llevó a cabo una controversial jornada de oración en Bogotá frente a una de las sedes de la Fundación Oriéntame que brinda apoyo para las mujeres que requieren interrumpir de manera voluntaria su embarazo para convencerlas de no realizarse ese procedimiento.
En ese lapso de tiempo, la líder del grupo religioso, que se identificó como Cristina Sierra, aseguró que lograron convencer a unas 29 de las mujeres que acudieron al lugar para buscar información, recogieron en el informativo de televisión Noticias Uno.
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“¡Qué mejor homenaje venir a orar en estos centros de aborto!”, señaló en ese medio de comunicación Sierra, que lidera una iniciativa llamada 40 días por la Vida.
Agregó que ni siquiera debería existir métodos anticonceptivos porque todos, según ella, eran “dañinos hormonal y emocionalmente”.
“Las mujeres sufrimos muchos daños practicándonos estos métodos, aparte de que muchos de ellos, por no decir todos, son abortivos”, reiteró.
Incluso sostuvo que aunque el embarazo se hubiera dado tras un abuso sexual, tampoco se podía interrumpir.
“Me dicen que si estoy de acuerdo con la violación y obviamente no, el violador debe pagar por lo que hizo, pero no un bebé inocente”, insistió.
Finalmente dijo que su labor era la de quedarse frente a esa fundación y sitios similares “con todo el amor y la misericordia”.
En Noticias Uno consultaron con la abogada Cristina Rosero, asesora legal del Centro Derechos Reproductivos, que argumentó que esas jornadas de los grupo provida en las sedes de los sitios en los que orientan a mujeres que requieren interrumpir el embarazo vulneran su derecho a decidir, como lo consagró la Corte Constitucional C-055 de 2022 que despenalizó ese procedimiento hasta la semana 24 de gestación.
“Si bien estas manifestaciones pueden estar permitidas, no lo es generar una serie de desinformación que busquen coaccionar o cambiar la decisión de las mujeres”, explicó.
Más de 56.000 mujeres accedieron a abortos seguros en Colombia durante 2024
Según datos proporcionados por Profamilia, una de las principales organizaciones en salud sexual y reproductiva en el país, este registro se da en el contexto de los tres años desde que la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo.
El 21 de febrero de 2022 marcó un cambio en los derechos reproductivos en Colombia. Ese día, la Corte Constitucional permitió la interrupción del embarazo hasta las 24 semanas en cualquier caso, además de mantener las tres causales previamente despenalizadas sin límite de tiempo: cuando el embarazo represente un peligro para la salud o la vida de la mujer, en casos de grave malformación del feto, o si es resultado de una violación.
Desde entonces, Profamilia reportó un aumento significativo en el acceso a estos servicios. Entre 2022 y 2024, 154.363 mujeres y personas gestantes utilizaron los servicios de aborto seguro a través de clínicas de la organización o mediante telemedicina, evidenciando un incremento del 118% en comparación con los años previos a la despenalización.
En 2024, el 80% de las interrupciones se realizaron antes de la semana 12, principalmente mediante métodos farmacológicos. Este dato refleja una inclinación hacia el acceso temprano y seguro al procedimiento, lo que también reduce riesgos relacionados.
Por el contrario, solo el 1,2% de las interrupciones sucedieron después de la semana 24, amparadas bajo las causales despenalizadas. En algunos de estos casos, las mujeres enfrentaron barreras que impidieron acceder al servicio de manera oportuna, lo que señala la necesidad de eliminar obstáculos administrativos y sociales.
A pesar de los avances logrados desde 2022, el acceso al aborto seguro en Colombia aún enfrenta desafíos significativos.
Algunas mujeres que recurrieron al procedimiento después de las 24 semanas lo hicieron debido a obstáculos en el acceso temprano. Entre estas barreras se encuentran la falta de información, la estigmatización social o dificultades en los servicios de salud, lo que subraya la necesidad de fortalecer las estrategias para garantizar un acceso equitativo y oportuno a estos servicios en todo el país.