El presidente de la República, Gustavo Petro, acumuló durante 2024 y 2025 un número inédito de órdenes de retractación judicial, en medio de fuertes controversias con empresarios, exfuncionarios, jueces y líderes sociales críticos de su gestión. La más reciente de ellas, la que hizo el jueves 16 de octubre, en relación con sus señalamientos contra el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño.
Las sentencias, emitidas principalmente por el Consejo de Estado, han buscado frenar las afirmaciones que los tribunales, en su ejercicio judicial, consideraron ofensivas, infundadas o lesivas del derecho al buen nombre. Estos son los casos más relevantes de las declaraciones del mandatario que motivaron acciones judiciales y el proceso para que revirtiera en cada caso sus acusaciones.
Fiscal Mario Burgos: el choque por el caso Nicolás Petro, el primogénito del presidente
En agosto de 2025, el jefe de Estado acusó de forma pública al fiscal Burgos de ser un “narcofiscal” y lo vinculó con una supuesta “junta del narcotráfico”. En la red social X, el presidente señaló: “El fiscal Mario Burgos pertenece a un entramado que impide que las investigaciones sobre el homicidio de Marcelo Pecci avancen, porque él mismo está comprometido”, afirmaciones que llevaron al funcionario a defenderse.
En efecto, el fiscal Burgos reaccionó con una tutela que prosperó en primera instancia y fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en la que se argumentó que las afirmaciones “vulneraron de manera grave la presunción de inocencia y el derecho fundamental al buen nombre” por parte del gobernante, que si bien fue obligado a recular, no lo hizo del todo.
La orden obligó al presidente Petro, el 16 de octubre de 2025, a publicar en X un reconocimiento explícito a la presunción de inocencia de Burgos. “Como lo ordena la autoridad judicial, reconozco que ninguna condena pesa sobre el fiscal Mario Burgos y que le asiste la presunción de inocencia”. No obstante, en ese mismo mensaje, Petro fue más allá y aprovechó para lanzar algunas pullas.
“Lo único que me da orden el tribunal es decir que el señor Burgos no está condenado, punto, por tanto, su presunción de inocencia, pero siguen vigente mis interrogantes y no obvia que Burgos no haya, de manera muy extraña, investigado al principal sospechoso del asesinato del fiscal Paraguayo Pecci: el señor Marset, confederado en la junta del narcotráfico“, afirmó Petro en un mensaje posterior.
Enrique y Germán Vargas Lleras: disputas a dos bandas contra dos de sus opositores
Las tensiones con la familia Vargas Lleras derivaron en múltiples fallos en contra del presidente. En enero de 2025, Petro lanzó en X la acusación frente a los hermanos Enrique y Germán, y lo que serían sus negocios. “La familia Vargas Lleras, beneficiaria de los contratos de la Nueva EPS, responde por uno de los desfalcos más graves del sector salud”, expresó el primer mandatario.
El Consejo de Estado resolvió el 15 de mayo de 2025 que el presidente debía retractarse y ofrecer disculpas públicas a Enrique Vargas Lleras. El texto ordenado por el tribunal y difundido por el jefe de Estado decía:“Reconozco que las afirmaciones realizadas en mi cuenta oficial el 2 de enero carecen de prueba y no pueden atribuir responsabilidad penal a Enrique Vargas Lleras”.
Frente a esto, el hermano de Germán Vargas calificó la retractación como “insuficiente, pues no corrige el daño causado”, y el alto tribunal insistió nuevamente en octubre de 2025 en el cumplimiento estricto de la orden; situación que por lo visto aún no se habría dado.
Por su parte, Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical y exvicepresidente, demandó también a Petro por publicaciones ofensivas. “No puedo decir una mentira, incluso si me lo ordena un juez. No hubo error en mis denuncias sobre Germán Vargas Lleras”, alegó en marzo de 2025, en un caso en el que el Consejo de Estado dijo, el 1 de septiembre, que el fallo que requería una retractación “total y clara”.
La retractación a la fuerza de Gustavo Petro frente a la Andi
En marzo de 2025, el mandatario publicó un mensaje en X contra la ANDI y su presidente, Bruce Mac Master:“La ANDI y Bruce Mac Master solo buscan destruir al gobierno por odio étnico. Son los defensores del esclavismo moderno”, acusación que generó una inmediata reacción jurídica, que incluso se extendió por meses, hasta que se registró un fallo en este sentido.
El Consejo de Estado ordenó al presidente eliminar el trino y publicar una retractación. Petro cumplió el 24 de septiembre, declarando en la red social. “El mensaje publicado fue un recurso lingüístico del debate político, no una acusación sobre hechos o conductas criminales”, indicó el alto tribunal; sin embargo, Mac Master fue claro en decir que “cumplió la letra pero no el espíritu de la justicia”.
“Reitero que la judicializacion del debate a través del “law fare” atenta contra la democracia, limita a la ciudadanía de conocer las diferentes posiciones y posturas de sus líderes, por lo que hago un nuevo llamado a mantener la confrontación de ideas en los escenarios propicios evitando una mayor congestión de nuestra administración de justicia”, señaló de hecho Petro frente a esta retractación.
Keralty y Gloria Lara de Echeverri: el alcance de la judicialización presidencial
En julio de 2025, el jefe de Estadlo utilizó sus redes para calificar de “criminales” a los directivos del grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas. “Las mafias de las EPS se orquestan desde la sombra de Keralty”, publicó el presidente en un mensaje en X que rápidamente obtuvo numerosas interacciones, y con el que pretendía atacar a un grupo económico por su apoyo a algunos partidos políticos.
Tras tutela presentada por la empresa, el Consejo de Estado ordenó el 29 de septiembre la retractación y solicitó a la Fiscalía investigar la posible campaña estatal de desprestigio. Petro aceptó retirar los señalamientos, pero no sin antes lanzar algunas pullas. “Hay denuncias sobre las prácticas empresariales de Keralty que el país debería analizar”, comentó a la prensa.
En tanto, la familia de Gloria Lara de Echeverri interpuso tutela por una declaración presidencial en la que Petro hizo duras afirmaciones sobre este crimen, ocurrido el 28 de noviembre de 1982. “Gloria Lara no fue asesinada por un grupo armado. Su muerte vino de la mano de un familiar”, indicó el primer mandatario frente este suceso, en el que fue obligado a desdecirse.
El Consejo de Estado consideró que esto vulneraba la presunción de inocencia de personas previamente vinculadas al caso y, el 20 de junio de 2025, ordenó al presidente excusarse públicamente. “No existe prueba judicial que indique la responsabilidad familiar en el crimen de Gloria Lara”, fue el pronunciamiento exigido por el alto tribunal ante estas versiones.
Las denuncias de una “red criminal” contra el progresismo y ataques a ciudadanos que no serían ciertas
A su vez, el 20 de abril de 2025, Petro publicó en X una dura afirmación, acerca de lo que sería “la existencia de una red criminal dedicada a sabotear el avance del progresismo en Colombia”, a su juicio, es un asunto que los jueces deberían investigar, sin embargo, el fallo del Consejo de Estado determinó que el presidente debía retractarse y admitir que carecía de pruebas suficientes.
Por ello, el 27 de junio, Petro se echó para atrás. “Reconozco que no me asiste prueba particular ni decisión judicial que permita afirmar la existencia de una red criminal dedicada a atacar el progresismo. El mensaje se basó en apreciaciones políticas”, expresó el gobernante de los colombianos, al que le restan 294 días para el final de su mandato.
Por su parte, en septiembre de 2024, en una manifestación pública, Petro atacó a sus críticos. “Los que gritan ‘fuera Petro’ son los asesinos de los líderes sociales progresistas en el país”. La decisión judicial determinó que la frase incitaba a la violencia y vulneraba la libertad de expresión, por lo que el 19 de septiembre, el presidente se vio conminado a retirar estas declaraciones y reconocer que era un error.
Influencer Hannah Escobar: la judicialización llegó a las redes y obligó al presidente a retractarse
Por otra parte, en febrero de 2025, un incidente en redes sociales derivó en orden judicial contra el presidente Petro, tras llamar “nazi” a la influencer Hannah Escobar. El abogado de la afectada presentó un incidente de desacato después de no encontrar que el presidente hubiera borrado el trino ni publicado la disculpa solicitada; en un caso que tuvo el respaldo del Consejo de Estado.
“Consecuencia de esas nuevas declaraciones, mi apoderada fue revictimizada, siendo nuevamente blanco de amenazas, insultos, comentarios de odio y amenazas a su integridad personal y sexual, sobreponiéndola en una situación de extrema desprotección”, afirmó Vladimir Salazar, abogado de la influenciadora, que en su momento indicó que no hubo retractación plena.