El presidente de Colombia, Gustavo Petro, interpuso una denuncia penal contra su excanciller Álvaro Leyva Durán por presunta instigación vinculada al atentado que sufrió el senador Miguel Uribe Turbay.
La acción judicial, gestionada por el abogado defensor Pedro Alejandro Carranza, solicita a la Fiscalía General de la Nación investigar los delitos de conspiración, instigación a delinquir, calumnia, injuria y menoscabo de la integridad nacional.
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Según reveló el periodista Melquisedec Torres, el documento presentado ante la Fiscalía sostiene que existe una secuencia de hechos relacionada con el atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido semanas después de la publicación de una carta de Leyva.
En ese texto, el excanciller, según lo revelado por Melquisedec Torres, anticipó la posibilidad de una tragedia y sugirió que el presidente Petro era consumidor de sustancias, señalamiento que, de acuerdo con la demanda, habría precedido al episodio violento.
El escrito sostiene que Leyva expresó: “¿Será el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos nos debemos preparar?” al referirse a un mensaje nocturno que publicó el presidente en la red X sobre migrantes colombianos en Estados Unidos.
El documento judicial expone el contacto previo de Leyva con las disidencias de las Farc, identificadas como Segunda Marquetalia, el grupo al que las autoridades atribuyen el atentado mortal contra Uribe Turbay.
En la denuncia se afirma: “La secuencia de hechos posteriores refuerza esa hipótesis. A las semanas de la carta en la que Leyva insinúa la posibilidad de una tragedia, Miguel Uribe Turbay, opositor mencionado en los audios, fue víctima de un atentado atribuido a las disidencias de las Farc, comandadas por ‘Iván Márquez’, estructura con la cual el propio Leyva había tenido contacto directo, y cuya vigencia confirmó conocer en 2023”.
Aunque el escrito reconoce que no hay elementos para imputar a Leyva como autor directo, plantea que existen fundamentos para investigarlo por instigación como modalidad autónoma de intervención punible.
La denuncia, revelada por Melquisedec Torres, sostiene: “Este nexo, aunque no permite imputación directa por autoría, sí justifica la hipótesis de instigación como modalidad autónoma de intervención punible”.
Además, señala que Leyva no repudió el atentado ni rectificó sus declaraciones previas sobre Iván Márquez, información sensible, según la denuncia, ya que corresponde a organismos de inteligencia y puede funcionar como “mecanismo de presión, advertencia o legitimación del accionar criminal”.
Durante su gestión como excanciller, Leyva también acusó públicamente al presidente Petro de consumir drogas y perjudicar la institucionalidad, incluso le solicitó someterse a exámenes toxicológicos en medio de su permanencia en la Casa de Nariño.
El abogado Carranza afirma en la demanda , revelada por el periodista, que esas manifestaciones públicas podrían configurar delitos como conspiración e instigación a delinquir.
En el texto presentado ante la Fiscalía, se sostiene que Leyva, a través de cartas públicas y declaraciones, habría generado una narrativa que cuestiona la capacidad mental del mandatario y lo relaciona con conductas inapropiadas del cargo, y que “insinuó la posibilidad de que se desate una tragedia”.
La denuncia agrega que dicha narrativa buscó desacreditar al presidente Petro e instalar un ambiente de confrontación política y amenaza en la opinión pública. El escrito hace hincapié en que Leyva no asumió responsabilidad institucional por divulgar información reservada que refiere la supervivencia de alias Iván Márquez, dato sujeto a manejo por inteligencia del Estado colombiano.
Respecto a la autoría material del atentado, la Fiscalía ha judicializado a seis personas vinculadas al ataque perpetrado contra Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 7 de junio tras recibir tres impactos de bala. Hasta el momento no se ha esclarecido completamente quién organizó el crimen.
El presidente Petro manifestó: “Esto no puedo afirmarlo, que es el senador del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, por dinero. Será la investigación la que diga la verdad. Hay que afirmarlo con certeza: los disidentes están al servicio y bajo órdenes de la junta directiva del narcotráfico multinacional de las mafias.
Y lo mismo el Clan del Golfo: una parte quiere hablar con este gobierno. El ELN se ha resistido, pero le vende la cocaína a la junta”, según divulgó Melquisedec Torres.
La investigación sobre los hechos y responsabilidades en torno al atentado permanece abierta. Hasta la fecha, ninguna autoridad ha emitido una decisión definitiva sobre la denuncia ni sobre la eventual vinculación judicial de Álvaro Leyva.
El trámite penal hizo visible la tensión política entre figuras clave del actual y pasado gobierno y puso el foco sobre las declaraciones públicas y contactos de altos exfuncionarios.
