El reciente fallo de la justicia portuguesa que permitió la liberación de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo y señalado como uno de los mayores contrabandistas del mundo, ha causado una fuerte reacción del presidente de la República, Gustavo Petro. Aunque había dejado en claro que, tras la decisión de concederle habeas corpus al criminal para que recuperara su libertad, mientras se define un recurso que interpuso ante los tribunales lusos, el jefe de Estado sorprendió el domingo 15 de junio con una nueva propuesta.
En efecto, Petro utilizó sus redes sociales para dirigirse directamente a Marín, instándolo a presentarse ante la justicia colombiana y a colaborar con la verdad sobre sus actividades ilícitas, con el fin de que cuente, según él, toda la verdad, y sus nexos con la llamada Junta del Narcotráfico. “Le solicito a Diego Marín someterse libremente a la justicia colombiana y buscar su acogida en la justicia restaurativa para que diga toda la verdad como indemnización a Colombia. La hora del pueblo y de la verdad ha llegado”, expresó en X.
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De acuerdo con Petro, la determinación de dejar en libertad a Marín en el país europeo se debió a la ausencia de una orden de captura emitida por Colombia, lo que impidió su detención formal y extradición. “¿Por qué? Sus actividades criminales hacen del occidente de Colombia un lugar con violencia”, señaló Petro. Esta situación ha puesto en entredicho la coordinación entre las autoridades judiciales de ambos países y ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos seguidos por su Gobierno en este caso.
Y es que para el primer mandatario, la liberación de Marín representa un desafío para el sistema judicial y para la lucha contra el crimen organizado en el país. Además de su llamado al contrabandista, del que se mencionó que habría intentado aportar $500 millones a su campaña, a través del activista Xavier Vendrell, Petro anunció medidas concretas contra agentes de inteligencia extranjeros que, según él, habrían obtenido dinero de Marín y del Gobierno colombiano para beneficio propio.
“Los agentes de inteligencia extranjeros que le sacaron a Marín y al gobierno dinero para sí mismos les será prohibida la entrada a Colombia y se entregará toda la información a sus países de origen para lo pertinente”, advirtió el jefe de Estado. Así pues, se prevé una revisión en profundidad de la cooperación internacional en materia de inteligencia y la posible entrega de información a mandatos extranjeros para que tomen las acciones correspondientes, en la intención de combatir el crimen organizado.
Petro señaló relación entre Marín Buitrago, el EMC y la “Junta del Narcotráfico”
En su mensaje, Petro también se refirió a la reciente captura de varios integrantes del bloque Jaime Martínez del EMC, que, según el presidente, están vinculados a lo que ha llamado la Junta del Narcotráfico y son responsables de atentados en Cali; en un pronunciamiento en el que mostró su beneplácito por las marchas que se llevaron en esa ciudad y en todo el país en rechazo de los actos violentos, como el atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe y los ataques del grupo delictivo en Valle del Cauca y Cauca.
Del mismo modo, Petro advirtió que si la Junta del Narcotráfico en su sección colombiana no se somete a la justicia, toda la organización criminal internacional debería ser declarada como organización terrorista a nivel mundial. Con ello, tal parece, buscaría presionar a los miembros de la organización para que colaboren con las autoridades y enfrenten las consecuencias legales de sus acciones; en medio de lo que se espera sea la ofensiva contra estas estructuras, que han causado daño en el territorio nacional.
En ese sentido, el gobernante expresó su intención de convocar al consejo de política criminal del país para analizar el informe que la Fiscalía debe presentar sobre el caso. “Espero el informe de la fiscalía al respecto, para lo cual, como jefe de Estado, citaré el consejo de política criminal del país”, indicó Petro, que insistió en que Marín Buitrago está vinculado con el accionar de estos grupos guerrilleros, y que ve en su liberación una oportunidad perdida para avanzar en el desmantelamiento de las redes ilegales en el país.
En paralelo a estos acontecimientos, el país ha sido testigo de manifestaciones y concentraciones en diferentes ciudades, como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y otras ciudades. Solo en la capital de la República, han salido a las calles cerca de 80.000 personas, a expresar su voz de rechazo ante el impacto del accionar violento en la escena política nacional, como también en los sectores populares, como ocurrió en Cali y en diferentes municipios del suroccidente; en especial, los que están en zonas insurgentes.
