La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de aceptar para revisión dos acciones de cumplimiento contra el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Geológico Colombiano (SGC), por presuntamente hacer uso de sus redes sociales y de su imagen institucional para destacar la imagen del presidente de la República, Gustavo Petro, ameritó una dura respuesta del primer mandatario.
La acción, presentada por la Fundación para el Estado de derecho (FEDe), solicitó que se impida a las entidades utilizar publicidad oficial para promover o resaltar a servidores públicos o difundir mensajes que no se relacionen con sus funciones legales. Frente a esto, el primer mandatario no ocultó la molestia y defendió la posibilidad de promocionar su gestión en estos perfiles; pese a que con ello vulneraría la neutralidad.
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“Mi educación (Mineducación) es gobierno y el servicio geológico (sic) es ejecutivo y el presidente es el jefe del Estado por voto popular, y lo popular es el dueño de Colombia”, escribió Petro, con lo que dejó en claro que está facultado, según él, para determinar el uso de estos espacios digitales, aunque la misionalidad de los mismos no corresponde con la intención en los que buscaría enfocarlos. Comentario que causó críticas.
El impacto de la estrategia de Gustavo Petro en las redes sociales que está bajo la lupa de la justicia
El expediente que revisará el tribunal indica que, a través de los canales oficiales, se difundieron mensajes relacionados con campañas políticas del Gobierno. Entre los ejemplos mencionados figuran etiquetas como #SeRobaronLaSalud, #TrumpSeEquivocóDePaís y #El24ALaPlaza; este último empleado para promover una movilización convocada por el presidente, acción que no corresponde a las funciones de la entidad.
Por ejemplo, el ministerio utilizó su presencia en la red social X el 17 de septiembre para referirse a un discurso del presidente Gustavo Petro, en el que el mandatario trató el tema de la descertificación de Estados Unidos en materia de lucha antidrogas. De la misma forma ocurrió en las redes del SGC, sobre la cual hay especial atención, pues es la que informa en tiempo real de sismos en el país, como especie de alerta.
La estrategia mediática del despacho del presidente, que tras cada alocución presidencial o aparición pública estaba replicando el contenido derivado de las mismas, con orientaciones específicas para posicionar temas, podría ir en contra de la Ley 1474 de 2011: denominada Estatuto Anticorrupción, en la que se reglamentan aspectos relacionados con estas situaciones, y que en este caso podrían ser contraproducentes.
“El uso de una cuenta destinada a alertar a la población sobre riesgos naturales para fines de propaganda es preocupante, pues se puso temporalmente al servicio de un objetivo político un canal cuya razón de ser es la protección de la vida y la gestión del riesgo”, indicó Andrés Caro, representante de la Fundación para el Estado de derecho (FEDe), que celebró la determinación del tribunal.
Y se agregó que las acciones del Ejecutivo desnaturalizan la función pública, otorga ventajas comunicativas indebidas al Gobierno y afecta la igualdad democrática. “El uso de recursos institucionales para promover agendas políticas desnaturaliza la función pública, otorga ventajas comunicativas indebidas al Gobierno, afecta la igualdad democrática y puede derivar en faltas disciplinarias, fiscales y administrativas”.
En consecuencia, el tribunal tiene previsto emitir una decisión de fondo en los próximos 20 días a partir de la admisión del recurso. En ese plazo, las entidades involucradas podrán presentar documentación vinculada con las publicaciones señaladas para que el tribunal determine la procedencia de la acción y, si corresponde, la necesidad de ordenar el cese de las conductas denunciadas por la fundación.
