La consulta popular que impulsa el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, sigue generando diferencias entre el Ejecutivo, el Legislativo y el país político en general. Pues, aunque la plenaria del Senado decidió negar la propuesta, el mandatario está buscando convocar el mecanismo de participación ciudadana a como de lugar.
Es por eso que, como afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, el Gobierno expedirá un decreto para convocar la consulta, que contiene preguntas relacionadas con la reforma laboral. El presidente confirmó la decisión en una alocución realizada el 3 de junio de 2025, pese a las múltiples críticas que surgieron al respecto.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook
La postura del jefe de Estado y de su gabinete ha generado malestar, puesto que se considera un desconocimiento del trabajo y la determinación tomada por el Senado. Así lo indicó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en su cuenta de X.
“Que el presidente de la República pase por encima del Congreso de la República, como lo acaba de anunciar el presidente @petrogustavo en televisión, es un hecho grave: constituye un quiebre institucional y una amenaza real a los fundamentos del Estado de derecho y de nuestro sistema democrático”, escribió.
Según el alcalde, el Senado negó la convocatoria del mecanismo de participación, cumpliendo con sus deberes constitucionales y en completa autonomía, por lo que, si el Gobierno no está de acuerdo con el resultado, podría recurrir a las vías judiciales disponibles para buscar una decisión diferente. A su juicio, la expedición del decreto no sería el camino apropiado para ello.
“Todos los que defendemos la democracia debemos rechazar este quiebre institucional que viola la separación de poderes”, aclaró.
Gustavo Petro insistió en la legitimidad de la consulta popular
El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del mandatario local, asegurando que los senadores no tomaron ninguna decisión con respecto a la propuesta. Además, recordó que, presuntamente, hubo fraude en el proceso de votación.
“El senado, que no el congreso, no aprobó ni reprobó el concepto que tenía que ser presentado por la mesa directiva y nunca lo hizo, y violo los votos de tres senadores en la plenaria, no dejándolos votar estando presentes”, aseveró.
De acuerdo con el mandatario, el caso que rodea a la discusión y votación de la consulta popular no puede ser resulto mediante una acción de tutela, puesto que no constituye la violación de un derecho individual. A su juicio, se trata de la vulneración de derechos colectivos, “del pueblo”.
Recordó entonces que los electores tienen poder sobre sus gobernantes y funcionarios, en quienes depositaron su confianza para la toma de decisiones: “Es el derecho del pueblo que es soberano y dueño del poder público de Colombia. Dueño también de su alcaldía Galán, y de mi presidencia”, precisó.
La presentación del decreto para poner a andar la consulta
El jefe de Estado confirmó en su alocución presidencial del 3 de junio de 2025 que firmará, “esta semana”, el decreto que convoca a la consulta popular para definir el futuro de la reforma laboral en Colombia. El mandatario aseguró que el documento está listo y que los colombianos decidirán directamente sobre los cambios propuestos.
Aclaró, además, que el mecanismo de participación se llevará a cabo con las 12 preguntas originales, enlistadas en la primera propuesta de consulta popular, que fue hundida en la plenaria del Senado. En ese sentido, quedarán por fuera las cuatro adicionales relacionadas con el sistema de salud, que se habían incluido en la segunda consulta, presentada por el Gobierno tras el archivo de la primera iniciativa.
“Voy a convocar la consulta popular. La Corte Constitucional tendrá en sus manos, la otra instancia judicial, si no la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana. Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí. Pero, es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño”, dijo.