La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha avisado a la Fiscalía Europea de que cartas de recomendación como las que presentó la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, beneficiaron «injusta e ilegalmente» a la UTE conformada por una de las empresas del investigado Juan Carlos Barrabés en los contratos adjudicados por Red.es.
Así consta en un informe de más de 300 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, que la IGAE ha aportado a la investigación que dirige la Fiscalía Europea (EPPO) sobre este extremo por la posible afectación a fondos europeos.
En el documento, se detalla que en los informes de valoración de las ofertas correspondientes a la UTE Innova Next SLU y The Valley Business School «se incluyen diversas referencias» a acuerdos con empresas e instituciones en los que se mencionan «cartas de apoyo que se adjuntan en la oferta».
Aunque en el informe no se hace referencia expresa a las cartas que Begoña Gómez –en su declaración como investigada en diciembre en la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado– reconoció haber firmado, la IGAE presenta sus conclusiones en el marco de la investigación que abrió la Fiscalía Europea por presuntas irregularidades en los contratos financiados con fondos europeos vinculados a Barrabés que avaló mediante carta la esposa del presidente del Gobierno.
Gómez insistió ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en que redactó las dos misivas no para apoyar a las empresas de Barrabés, sino para respaldar la importancia del proyecto que se licitaba, según indicaron fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.
En el informe, la IGAE puntualiza que las referencias a acuerdos y cartas aportadas han sido tenidas en cuenta para «determinar la puntuación de las ofertas», aunque «no es posible conocer cuántos puntos se han asignado» por ello, ya que se asigna una «única nota global».
No obstante, incide en que «las cartas de apoyo no solo han sido valoradas positivamente» en la oferta vinculada a Barrabés, «sino que de la redacción de los informes de valoración se deduce claramente que no ofrecer dichos acuerdos o cartas de apoyo (la terminología no siempre es la misma) se considera algo negativo que el valorador ha considerado conveniente resaltar en las valoraciones de las ofertas que no las han incluido».
Desde la IGAE entienden que tener en cuenta dichas cartas para puntuar las ofertas supone «una adulteración de la valoración técnica que ha beneficiado a algunos licitadores, en particular a la UTE Innova Next SLU y The Valley Business School, y ha perjudicado a otros».
Al hilo, el órgano dependiente de Hacienda subraya que «se desconoce si se ha valorado el número de cartas de recomendación o se han tenido en cuenta las características de las entidades que han emitido las cartas».
OFERTAS «CONTRADICTORIAS»
Respecto a la UTE vinculada a Barrabés, la IGAE sostiene que sus propias ofertas «son contradictorias sobre la realidad de los acuerdos, ya que en algunas páginas menciona la existencia de los acuerdos y en otros utiliza el tiempo verbal futuro indicando que se establecerán».
En este sentido, alerta de que «se han valorado elementos, los denominados acuerdos a los que no se hace referencia en el pliegos, pero que en todo caso no pueden ser considerados como tales».
Para la IGAE, ello es «es arbitrario y excede la capacidad de decisión discrecional del valorador, constituyendo una actuación discriminatoria que adultera la valoración técnica, incluyendo elementos que por las razones anteriormente expuestas no deberían haber sido valorados».
Así las cosas, avisa de que «dicha inclusión beneficia a determinados licitadores a los que se ha incrementado injusta e ilegalmente su puntuación, entre otros a la UTE Innova Next SLU y The Valley Business School, y perjudica a otros a los que se les ha reducido injusta e ilegalmente».
VALORACIÓN ILEGAL DE CURRÍCULOS APORTADOS
En el marco del informe, la IGAE también hace referencia al hecho de que se haya valorado la «aportación de los currículos de los profesores y responsables de los proyectos», asuntos que, según resalta, «no figuran en los pliegos como elementos a valorar». «Lo cual en opinión del funcionario que suscribe el presente informe es ilegal», añade.
Al igual que sucede con las cartas de recomendación, incide en que no se puede terminar cuántos puntos se han asignado por aportar los currículos, porque la valoración de cada apartado es «global», pero avisa de que se han tenido cuenta y han favorecido a las empresas de Barrabés.
Sobre este extremo, el órgano precisa que «no solo se ha asignado puntuación por la inclusión de los currículos de los profesores y los orientadores, sino que la puntuación de muchas ofertas ha sido penalizada por la no inclusión de currículos o información sobre la experiencia de profesores y responsables de los proyectos».
En el caso de la UTE relativa a Barrabés, explica que aunque no se menciona explícitamente en el texto de valoración de la oferta, «hay evidencia de que se han tenido en cuenta porque se indica en las valoraciones de otras ofertas que ‘no se haya incluido un apartado específico de currículos’ como, según señala el valorador, sí lo ha hecho dicha UTE en su oferta».
Ciertamente, en las ofertas impulsada por las empresas vinculadas a Barrabés «se incluyen el currículo de los principales responsables de la formación y los directores de cada uno de los programas de formación», según apunta el informe.
La IGAE recoge estas conclusiones en el dossier en el que avisa de que ha detectado anomalías en los contratos adjudicados por 8,4 millones de euros por la empresa pública Red.es a Barrabés, observando una «gran opacidad» en el proceso de contratación.
