La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha acusado este lunes a las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel del asesinato de decenas de civiles en tres ataques perpetrados en el norte de Burkina Faso desde mayo de 2025 y ha afirmado que todos ellos supusieron violaciones del Derecho Internacional Humanitario que podrían equivaler a crímenes de guerra.
El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de Al Qaeda en el Sahel, atacó el 11 de mayo la ciudad de Djibo y la de Yuba el 3 de agosto, matando al menos a 40 civiles, mientras que Estado Islámico en el Sahel mató a 28 personas, incluidos nueve civiles, en un ataque ejecutado contra un convoy que trasladaba ayuda humanitaria a la localidad de Gorom Gorom.
«Los grupos armados islamistas en Burkina Faso han sido responsables de repetidas atrocidades contra los civiles desde 2016», ha explicado Ilaria Allegrozzi, investigadora de HRW para el Sahel. «Las autoridades deben dar una mejor protección a todos los civiles en riesgo, investigar los abusos, incluidos los cometidos por el Ejército y milicias aliadas, y juzgar de forma justa a los responsables», ha manifestado.
Los grupos armados islamistas han estado detrás de reiterados ataques desde 2016, provocando el desplazamiento de decenas de miles de civiles, mientras que la junta militar burkinesa, instaurada tras el golpe de Estado de 2022, ha aumentado además sus ataques contra la población en el marco de sus operaciones antiterroristas, tal y como ha denunciado HRW, que ha entrevistado a 23 personas entre mayo y agosto de 2025 para realizar este informe.
JNIM reivindicó la autoría del ataque contra Djibo, en el que cientos de sus milicianos asaltaron una base militar, robaron armas y mataron a decenas de soldados, tras lo que irrumpieron en varios barrios cercanos y ejecutaron al menos a 26 civiles, además de incendiar varias tiendas e instalaciones sanitarias.
Testigos citados por la ONG han relatado que los combatientes atacaron a civiles de subgrupos fulani a los que acusaron de unirse a los Voluntarios para la Defensa de la Patria o apoyarlos, en referencia a las milicias de autodefensa que apoyan a las Fuerzas Armadas en las operaciones contra los grupos yihadistas que operan en el país africano.
«Encontramos los cadáveres, incluidos los de hombres muy ancianos, dentro o fuera de sus casas», ha dicho un hombre de 56 años. «Muchos habían recibido un disparo en la cabeza», ha agregado.
Posteriormente, milicianos de JNIM atacaron en agosto la localidad de Youba y mataron a catorce civiles, incluidos cuatro niños, dos de los cuales fallecieron después de que los atacantes incendiaran la tienda en la que se habían escondido. Los residentes creen que el objetivo era castigar a lo residentes por no cumplir la orden del grupo de no continuar con ciertos tipos de cultivos.
En respuesta a las preguntas de HRW, el grupo yihadista dijo que JNIM «nunca ha atacado de forma intencionada a civiles y nunca lo hará». «Si alguien afirma que se cometieron ciertos abusos en Djibo, Youba o cualquier otra localidad, solo pueden ser acusaciones infundadas o, como mucho, incidentes aislados provocados por balas perdidas, de los que no tenemos conocimiento», manifestó la rama de Al Qaeda en el Sahel.
Por otra parte, testigos del ataque ejecutado por Estado Islámico contra el citado convoy humanitario han afirmado que no portaba armas ni equipamiento militar. «Recuerdo el miedo de ese día. Escuché muchos disparos y gritos. Salté del camión, me agaché con las manos en la cabeza y esperé mi destino», ha señalado un hombre de 52 años que sobrevivió al asalto.
HRW ha incidido en que todas las partes en conflicto deben cumplir el Derecho Internacional Humanitario y ha resaltado que el Gobierno tiene la obligación de investigar de forma imparcial los supuestos crímenes de guerra cometidos en el país, así como juzgar a los presuntos responsables de estas atrocidades.
De esta forma, Allegrozzi ha reclamado al enviado especial de la Unión Africana para el Sahel, el presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, que «presione al Gobierno de Burkina Faso para que investigue y juzgue adecuadamente a todos los responsables de abusos graves en el conflicto en Burkina Faso.
«La UA debería dar apoyo técnico y financiero a la Unidad Judicial Especializada para que pueda llevar a cabo de forma efectiva su crucial mandato», ha zanjado, en referencia al organismo creado en 2017 en el país para investigar los supuestos crímenes cometidos por miembros de grupos islamistas armados presentes en el país, cuyas labores han avanzado con lentitud por la escasez de fondos y personal.
