La directora de justicia internacional de Human Rights Watch, Liz Evenson, destacó que, aunque el Tribunal Penal Internacional presenta falencias, constituye la única instancia accesible para numerosas víctimas y familias que no encuentran otra vía legal. En este contexto, Human Rights Watch instó a los países miembros del Tribunal Penal Internacional a fortalecer su respaldo institucional y operativo hacia la corte y su mandato, dado que enfrenta presiones y ataques provenientes de actores internacionales. Según consignó la organización en un comunicado, esas presiones incluyen acciones emprendidas por gobiernos como los de Estados Unidos y Rusia y tienen como objetivo debilitar la independencia y la capacidad sancionadora del tribunal.
El medio Europa Press detalló que Human Rights Watch dirigió su llamado coincidiendo con el inicio de la vigésima cuarta sesión de la asamblea de Estados parte del Tribunal Penal Internacional, organizada este lunes en La Haya. La organización subrayó la necesidad de que los países miembros no sólo respalden el funcionamiento de la institución frente a ataques externos, sino también que garanticen el cumplimiento de las resoluciones judiciales. HRW enfatizó que la defensa de la corte implica la colaboración en la detención y entrega de personas requeridas por el tribunal, criticando la falta de cooperación de algunas naciones como Italia, Hungría y Tayikistán.
Según detalló Europa Press, Human Rights Watch acusó a Estados Unidos y Rusia de estar «decididos a socavar el mandato del tribunal» y de emprender acciones que representan «ataques más amplios contra el Estado de derecho global». La ONG resaltó especialmente el caso de la administración de Donald Trump, que impuso sanciones directas contra funcionarios del tribunal, acción calificada como «un atentado contra la justicia y el Estado de derecho internacional». HRW advirtió que la persistencia y el incremento de este tipo de medidas podrían producir “un grave retroceso en la lucha mundial contra la impunidad”.
Por su parte, Rusia fue señalada por dictar órdenes de arresto en 2023 y 2024 dirigidas contra personal y cargos del Tribunal Penal Internacional. El comunicado de HRW también criticó a algunos Estados miembros por su inacción ante solicitudes concretas de detención. A manera de ejemplo, la organización recordó que Budapest no procedió al arresto del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante su visita en abril, a pesar de que existía una requisitoria internacional emitida por el tribunal. La falta de acción en estos casos fue definida como un obstáculo directo a la aplicación efectiva de la justicia internacional.
El pronunciamiento de Human Rights Watch, reportó Europa Press, subrayó que quienes intentan socavar la integridad y la independencia del tribunal buscan limitar el alcance global de la rendición de cuentas ante crímenes graves. Según palabras atribuidas a Liz Evenson por Europa Press, «los países miembros deben mantenerse firmes en su defensa del tribunal para que la justicia imparcial siga siendo un elemento fundamental del orden internacional basado en normas». Evenson añadió que la reunión anual representa “una oportunidad de enviar un mensaje alto y claro de que permanecerán firmes e implacables en la lucha por la justicia”.
En su comunicado, HRW argumentó la necesidad de aprobar un presupuesto suficiente para garantizar la resiliencia institucional del tribunal y la continuidad de su mandato. La organización insistió, según Europa Press, en que los Estados participantes deben responder ante las deficiencias detectadas en la operatividad del TPI, pero sin apartar la vista de su importancia central para la justicia internacional.
De acuerdo con Europa Press, Human Rights Watch mantiene como prioridad la defensa del Tribunal Penal Internacional en un contexto global donde instituciones que trabajan por la rendición de cuentas frente a crímenes mayores enfrentan riesgos de debilitamiento. La entidad reiteró su llamado a los gobiernos para que, en el marco de la asamblea celebrada en La Haya, refuercen tanto su respaldo político como su disposición operativa, con vistas a fortalecer la capacidad del tribunal para enfrentar los desafíos actuales y futuros.
