Humberto Abanto, abogado de Patricia Benavides, señaló a Infobae Perú que la actual crisis dentro del Ministerio Público responde a un incumplimiento abierto de la ley por parte de quienes resisten la restitución de su defendida. El letrado criticó el pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos y que Delia Espinoza se niegue a entregar el cargo de fiscal de la Nación, pese a la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
De acuerdo al letrado, la actitud de la funcionaria nombrada en octubre de 2024 por tres años mantiene una situación institucional anómala y perjudica el funcionamiento regular de la Fiscalía de la Nación. “La orden de la Junta Nacional de Justicia es absolutamente válida, en tanto ninguna autoridad judicial la regula o la invalida. Hemos entrado en esta discusión de pabellón psiquiátrico de que un organismo competente dicta una orden y una señora dice que no es válida para ella. Entonces, surge este problema, pero las autoridades que mantienen la serenidad ven esto y dicen: bueno, hay que cumplir con la orden”, sostuvo el abogado.
“Es obvio que los responsables de la seguridad del país tienen que tomar previsiones de inmediato. ¿Cuál es la alternativa de la señora Benavides en esta atmósfera enrarecida y polarizada, expuesta a que un loquito la agarre a golpes, como hicieron con un congresista hace algunos años?”, agregó en diálogo con este medio.
Advirtió sobre la responsabilidad de quienes públicamente han desconocido la resolución de la JNJ y respaldado a Espinoza. Según el defensor, esa postura configura un claro desafío a las normas y procedimientos legales, que debería ser revisado por los órganos competentes. “Le corresponde a la Junta Nacional de Justicia procesarlos y sancionarlos. Esa actitud de desafío a las decisiones de la Junta Nacional de Justicia es insostenible. Nosotros consideramos que la señora Patricia Benavides fue destituida arbitrariamente, pero ella se levantó, se fue y puso los recursos que había que poner. No convocó a pijamadas ni llamó a la desobediencia ni se enfrentó al sistema. Lo que hizo fue plantear los recursos que el sistema provee. Eso es lo que se hace en una sociedad civilizada”, indicó Abanto.
Consultado sobre las denuncias de supuestos despidos en el Ministerio Público por no haber participado en una vigilia promovida por Espinoza, Abanto sostuvo que es muy grave que separe a quien no le exprese su simpatía o respaldo. “Los funcionarios y servidores públicos no están para halagar a quien tiene el poder transitoriamente, sino que están ahí para cumplir una tarea al servicio de la comunidad”, remarcó.
Sobre el eventual allanamiento a su estudio, el cual provocó el pronunciamiento de más de 50 abogados, advirtió que esta práctica se enmarca en una tendencia preocupante de criminalizar el ejercicio de la abogacía en casos complejos y agradeció a quienes se pronunciaron.
“En el Perú se ha creado hace algunos años la teoría del abogado como brazo legal de una organización criminal, cuando los principios básicos que rigen la función del abogado son muy claros en señalar que no podemos ser confundidos con las causas que defendemos. Lamentablemente, hay quienes creen que pueden asustar a los abogados con estas cosas y hacer que se quejen, que se vayan y que no sigan defendiendo. No es mi caso. A mí, con amenazas o con ataques, no me van a sacar del escaño de la defensa, y le agradezco muchísimo a los abogados que se han pronunciado rechazándolo, porque no es una defensa a mi labor, sino a la profesión”, subrayó.
De acuerdo al pronunciamiento, una medida de este tipo constituiría un acto de represalia por el ejercicio de la defensa y por los resultados obtenidos ante la Junta Nacional de Justicia, buscando intimidar a los abogados para que abandonen su labor. El gremio recordó que el Tribunal Constitucional estableció en la sentencia 199/2024, caso Arsenio Oré Guardia, que cualquier allanamiento a estudios de abogados debe ser autorizado por un juez y responder a una justificación específica, resguardando siempre el secreto profesional.
En ese sentido, solicitaron al Poder Judicial que no autorice un allanamiento arbitrario y que evite involucrarse en la confrontación interna del Ministerio Público relacionada con la reposición de Benavides. “No existe ninguna razón para allanar las oficinas de los abogados Humberto Abanto y Juan Peña, dado que su defensa es pública, no soterrada y toda la información relacionada con las investigaciones de Patricia Benavides Vargas es pública. Expresamos nuestro rechazo contra todo abuso de autoridad e intimidación contra la defensa de los investigados”, se lee.
