Durante diciembre de 2025, California enfrenta un escenario complejo derivado de nuevas acciones de control migratorio implementadas por la administración Trump. Varias dependencias federales ponen en marcha estrategias de verificación más estrictas, mientras que el estado responde con iniciativas orientadas a proteger a esta comunidad en espacios públicos, escuelas y lugares de trabajo.
Tensiones entre California y el gobierno de Trump en materia migratoria
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) redujo la vigencia de ciertos Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) y aplicó un periodo máximo de 18 meses para categorías que anteriormente recibían hasta cinco años de validez.
Esta medida está dirigida a incrementar los controles de seguridad en todo el territorio mediante revisiones más frecuentes de antecedentes.
La eliminación de la extensión automática de hasta 540 días incrementará la presión sobre trabajadores que dependen de esos documentos para mantener empleo formal.
El fiscal general Rob Bonta encabeza una coalición que argumenta que esta medida afectará la estabilidad económica de miles de personas en California y aumentará la carga administrativa para quienes ya enfrentan tiempos prolongados de procesamiento.
“Los trabajadores inmigrantes impulsan la economía de California”, aseguró en un comunicado oficial.
“Obstaculizar las autorizaciones para los empleados que ya han sido investigados no nos brinda mayor seguridad ni beneficia a nadie. Es solo otra herramienta que el presidente explota como parte de su cruel e irrestricta agenda de deportaciones masivas”, declaró.
Restricciones para indocumentados
Paralelamente, a partir de enero de 2026 entrará en vigor una restricción en Medi-Cal que impedirá nuevas inscripciones de adultos indocumentados mayores de 19 años que reciban cobertura completa financiada por el estado.
De acuerdo con la Asociación Médica de California, los beneficiarios actuales podrán conservar su cobertura si cumplen los procesos de renovación, quienes la pierdan no podrán volver a inscribirse salvo en casos de atención de emergencia o embarazo.
Medidas en California frente al aumento de operativos migratorios
El gobierno del Estado Dorado manifestó oposición a las políticas federales anunciadas para 2026 y puso en marcha mecanismos de supervisión para documentar posibles abusos durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
El 3 de diciembre de 2025, el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Bonta presentaron una herramienta digital para que la población reporte acciones presuntamente ilegales de agentes federales de inmigración. El portal permite subir fotografías, videos y descripciones que serán evaluadas por el Departamento de Justicia del estado.
“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras nadie, incluidos los agentes federales, abuse de su autoridad”, dijo Newsom en un comunicado oficial. “Este nuevo portal ofrece a los californianos una forma fácil y segura de alzar la voz, compartir lo que ven y ayudarnos a exigir responsabilidades. Nadie está por encima de la ley”, aseguró.
El propósito de este sistema es crear un registro estatal que facilite potenciales respuestas legales y documente patrones de conducta. Las autoridades subrayaron que esta plataforma no sustituye la presentación oficial de denuncias penales, y que situaciones de emergencia deben reportarse a los canales de seguridad locales.
La iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio que busca aumentar la transparencia en operativos migratorios y vigilar el cumplimiento de los límites constitucionales por parte de agentes federales en territorio californiano.
Límites a los operativos del ICE y la CBP en California
Otra medida adoptada por el estado es la aplicación de la Ley SB 627, que establece restricciones al uso de coberturas faciales que impidan la identificación de agentes durante procedimientos oficiales. La norma incluye a personal local, estatal y federal que opere dentro de California.
El texto legal contempla excepciones para situaciones encubiertas, contextos médicos que requieran mascarillas específicas, o escenarios tácticos donde exista riesgo físico. Cada agencia deberá publicar pautas internas sobre el uso permitido de estas coberturas antes de julio de 2026.
La legislación también prevé que, si un oficial realiza un arresto ilegal u otro abuso mientras oculta su identidad, la persona afectada puede solicitar una compensación mínima de US$10.000. La intención del estado es reforzar la supervisión de los procedimientos y reducir las posibilidades de acciones no documentadas.
Normas de protección en centros educativos y campus universitarios
El Estado Dorado adoptó nuevas reglas que buscan evitar la intervención de autoridades migratorias en escuelas y universidades sin una orden judicial válida.
La Ley AB 49, conocida como California Safe Haven Schools Act, establece que funcionarios escolares no pueden permitir el ingreso de agentes migratorios a zonas no públicas sin documentos judiciales que autoricen su presencia.
Asimismo, se prohíbe la entrega de expedientes académicos o información sobre estudiantes y sus familias sin una orden judicial o el consentimiento escrito del tutor. El fiscal general debe actualizar los lineamientos que orientan la implementación de esta ley, y las agencias educativas locales deberán adoptar estas pautas antes de marzo de 2026.
La SB 98 complementa estas medidas con requisitos de notificación inmediata en caso de que se confirme la presencia de agentes de inmigración en escuelas primarias, secundarias o instituciones postsecundarias. Los avisos deben incluir información sobre fecha, horario y ubicación, junto con un enlace a recursos disponibles para los estudiantes y familias.
El último mes cierra el año con una dinámica intensa entre California y el gobierno federal. El estado implementa nuevas medidas de supervisión, protección y comunicación para enfrentar los cambios regulatorios que marcarán 2026. Mientras tanto, las restricciones federales anticipan un año de desafíos para las comunidades inmigrantes.
