El ciudadano ruso Viacheslav P., de 39 años, fue señalado como el responsable de haber desplegado carteles con consignas alusivas a la victoria soviética en el Arco del Triunfo de París, tras lo cual se desató una investigación centrada en posibles operaciones de inteligencia extranjera y propaganda en territorio francés. Estos hechos condujeron a la imputación formal de cuatro personas bajo cargos relacionados con espionaje y colaboración con una potencia extranjera, detalló Europa Press.
La fiscalía de París inició el proceso judicial tras identificar que, cinco meses antes, la organización SOS Donbás había registrado su actividad en la prefectura de Pirineos Atlánticos adoptando el lema “Rusia no es mi enemigo”. De acuerdo con la información recogida por Europa Press y fuentes de la fiscalía, la imputación recae sobre Anna N., nacida en Rusia en 1985 y posteriormente nacionalizada francesa; Vincent P., de nacionalidad francesa y 63 años de edad; Bernard F., francés de 58 años; así como el propio Viacheslav P. Los crímenes que se les adjudican pueden acarrear penas que ascienden, en los casos más graves, hasta 45 años en total, dependiendo de la acumulación y naturaleza de los delitos probados.
El inicio de la pesquisa se remonta a los primeros meses del año, cuando la Dirección General de Seguridad Interior —el organismo de contrainteligencia francés— detectó movimientos irregulares ligados a la figura de Anna N. De acuerdo con la reconstrucción difundida por Europa Press, la fundadora de SOS Donbás entabló contactos con directivos empresariales galos y gestionó información vinculada a ramos económicos estratégicos del país, lo que incrementó la vigilancia sobre sus actividades y las de su entorno.
Las pesquisas, según consta en el proceso judicial, señalan que la serie de carteles colocados en un monumento de alto valor simbólico como el Arco del Triunfo actuó como catalizador para una vigilancia más estrecha y nuevas averiguaciones. Los cargos formalizados ante los acusados incluyen: recopilación de información relevante para los intereses nacionales de Francia, espionaje a favor de una potencia extranjera y complicidad en la degradación de bienes catalogados. A los cuatro se les imputa la pertenencia a una asociación ilícita con fines delictivos. El marco legal francés asigna a estos cargos penas de hasta diez años para los tres primeros y quince años para la complicidad en la degradación de bienes protegidos.
Según consigna Europa Press, la acusación sostiene que las acciones de los encausados favorecían los intereses de Rusia. Vincent P. afronta acusaciones semejantes a las de Anna N., con la excepción de la complicidad en la degradación de bienes catalogados. Ambos, junto con Viacheslav P., permanecen en prisión preventiva tras las medidas dictadas en el curso de la instrucción judicial.
Bernard F., por su parte, está procesado por colaboración con una potencia extranjera y asociación ilícita, pero se mantiene en libertad bajo un estricto control judicial. Entre las restricciones impuestas figuran la prohibición de comunicarse con los demás acusados, salir del territorio nacional o involucrarse en actividades políticas, diplomáticas o de asistencia relacionada con los conflictos en Ucrania y Rusia.
Los registros telefónicos judicializados permitieron reconstruir las comunicaciones entre Viacheslav P. y Anna N. después del despliegue de los carteles en el Arco del Triunfo, lo que aportó elementos para acusar a Viacheslav P. de la degradación de un bien protegido en beneficio de una potencia extranjera y asociación ilícita. El proceso, reseñado por Europa Press, continúa con la colaboración de diversos departamentos de inteligencia y seguridad franceses, orientados a dimensionar el alcance de la red y precisar la profundidad de la posible infiltración de intereses extranjeros en suelo francés.
La organización SOS Donbás, que Anna N. fundó en septiembre de 2022 luego de la anexión de regiones ucranianas por parte de Rusia, se presenta públicamente como una entidad humanitaria focalizada en la recaudación de fondos para poblaciones bajo control prorruso en el este de Ucrania. Pese a esto, la fiscalía considera que la asociación habría servido para afianzar contactos e investigar información de utilidad estratégica para servicios de inteligencia de Moscú, como recogió Europa Press.
A lo largo de la investigación, testigos y documentos reforzaron la vinculación directa de los imputados con maniobras consideradas amenazas para los intereses nacionales franceses, detalla Europa Press. El abanico de sanciones estipuladas oscila entre 20 y 45 años de prisión para los inculpados más comprometidos, dependiendo del nivel de implicación individual y la agregación de conductas penadas.
El desarrollo del juicio permanece en marcha, mientras las autoridades buscan esclarecer completamente los hechos, la estructura de la red y la magnitud de la intervención extranjera en operaciones consideradas contrarias a la seguridad de Francia.
