El exdirector de la Policía Municipal de Hermosillo, Ángel Aly Adzdu “N”, fue formalmente imputado por los presuntos delitos de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad equiparada, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) presentara cargos en su contra, junto con otros cinco elementos de la corporación.
De acuerdo con la información oficial, los hechos se relacionan con un operativo realizado durante las pasadas Fiestas del Pitic, en el que presuntamente se ordenó y ejecutó el traslado forzado de personas en situación de calle.
De acuerdo con la autoridad, estas personas fueron seleccionadas por su apariencia física y vestimenta, subidas a autobuses sin su consentimiento y abandonadas en diferentes puntos del sur del estado, alejados de Hermosillo.
La Fiscalía sostiene que, durante dicho operativo, Ángel Aly Adzdu “N” habría actuado como uno de los mandos que ordenó estas acciones, mientras que los otros cinco elementos —Francisco Guadalupe “N”, Pánfilo “N”, José Ángel “N”, Luis Mario “N” y Manuel Emilio “N”— participaron en su ejecución directa. Las víctimas no fueron notificadas del motivo de su detención y traslado, lo que constituye una violación directa a sus derechos humanos y garantías constitucionales.
Audiencia inicial y situación jurídica
Durante la audiencia inicial celebrada ante un juez de control del sistema penal acusatorio, el Ministerio Público formuló la imputación formal contra los seis implicados.
La defensa de los acusados solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el próximo 12 de agosto de 2025.
Mientras se resuelve su situación jurídica, el juez determinó que los imputados podrán continuar su proceso en libertad, bajo una serie de medidas cautelares que incluyen:
- Presentación periódica mensual ante la autoridad.
- Pago de una garantía económica individual.
- Prohibición de salir del Distrito Judicial sin autorización judicial.
- Restricción de acercarse a comandancias policiales fuera de su adscripción.
- Prohibición de tener contacto con víctimas o testigos, sin afectar el derecho de defensa.
Aclaraciones de la Fiscalía
Ante la circulación de versiones que indicaban que los acusados habían sido liberados sin consecuencias, la FGJE aclaró que los imputados no han sido exonerados y que la investigación penal continúa en curso.
Además, señaló que no se difundieron las fotografías de los acusados debido a una orden judicial que prohíbe su exhibición pública, en cumplimiento con las normas del debido proceso.
La Fiscalía reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con garantizar justicia para las personas afectadas, cuyas identidades se mantienen en reserva por razones de seguridad.
El caso ha generado una amplia reacción pública en Sonora, especialmente por tratarse de un funcionario de alto nivel y por la gravedad de los señalamientos, que apuntan a un uso arbitrario del poder policial con fines de limpieza social durante un evento público.
