Hace más de doce años que el cuerpo de Sebastián Nicora, de apenas 16, apareció con un tiro en la cabeza en una playa de Punta Indio, localidad próxima a La Plata, a unas dos horas y media de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el comienzo, el caso estuvo plagado de irregularidades, acciones que buscaban entorpecer la marcha hacia el esclarecimiento del hecho.
A fines de 2021, la condena por falso testimonio del exmédico policial que estuvo a cargo de la autopsia, José Daraio, confirmó la trama del encubrimiento, aunque no bastó para revelar los motivos de esa acción de ocultamiento.
Si bien la Justicia archivó la causa de homicidio, consideró necesario discernir las responsabilidades penales en las que pudieron haber incurridos los efectivos policiales. En ese marco un oficial fue imputado por “realizar intencionalmente” actos que aseguraran una investigación infructuosa, como, por ejemplo, manipular la escena del crimen y realizar allanamientos ilegales.
“Después de tanto tiempo aún no se sabe qué pasó con Sebastián y eso, por sí solo, es un dato gravísimo. Lo que hay es un reconocimiento del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires de que fue incapaz de acreditar el homicidio, quién fue el autor y por qué. No obstante, al señalar que hay que investigar la actuación de los efectivos que participaron de la investigación, se está dando cuenta de un manejo de la policía local que estaría vinculado a tramas criminales; pareciera haber un interés particular de algunos policías en evitar que se sepa la verdad”, explica Augusto Infante, director del programa de litigios de la Comisión por la Memoria (CPM), el organismo que acompañó a la madre de Sebastián, Fernanda Nicora, en su búsqueda de justicia hasta que fue doblegada por el cáncer, en febrero de 2017.
“Es la herencia del reclamo de una madre que murió sin saber quién asesinó a su hijo. Lo que el Estado le debe es esa respuesta. Por eso vamos a continuar hasta saber qué pasó con Sebastián”, señala Infante a la nacion.
“Entorpecer la investigación”
En una resolución judicial fechada el 22 de agosto de 2024, el fiscal de La Plata Juan Ignacio Menucci, resolvió archivar el expediente abierto por el homicidio de Sebastián Nicora “por el tiempo transcurrido desde su comisión” y porque “no se observan vías pendientes de investigación”.
Sin embargo, este año, el mismo fiscal reactivó el caso al imputar al entonces oficial principal a cargo del Gabinete de Prevención de Ilícitos de la Estación Comunal de Punta Indio, Javier Argentino Maciel, por los delitos de encubrimiento calificado en concurso ideal con falso testimonio, allanamiento ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En un extenso auto de mérito, el fiscal Menucci repasó que, al momento de los hechos, el oficial Maciel dijo no haber reconocido el cuerpo de Sebastián al encontrarlo en la playa, a pesar de que estaba acreditado su vínculo con la víctima (por ejemplo, a través de su amistad con la pareja de Fernanda Nicora) lo que “solo se explica por su necesidad de ocultar información relevante para la pesquisa”.
También surge del expediente que “Maciel concurrió sin orden ni aval judicial –ni mediando razones procesales que lo justifiquen– tanto al lugar de residencia de Nicora, en la localidad de Verónica, como a la habitación que había alquilado en Punta Indio manipulando sus pertenencias personales, en lo que solo se puede comprender, en una persona con su experiencia policial, como una intención de entorpecer la investigación de un homicidio de una persona a la que se señalaba relacionada con él”.
La hipótesis del fiscal apunta a que la “sindicación habitual de que Nicora poseía aval de Maciel en ciertas actividades ilícitas y la relación entre estos y el posible comercio de estupefacientes abonan la sospecha de [que existió] la intención de borrar rastros de esto como motivo de concurrir a los lugares señalados para ocultar elementos que pudieran comprometerlo”.
Sumado a otras pruebas y testimonios, Menucci concluyó que el policía Maciel, que aún continúa en funciones, “realizó intencionalmente actos que coadyuvaron a evitar que se llegue a buen puerto” en la pesquisa y que sus “conductas ilícitas” deben ser esclarecidas, a pesar del paso del tiempo.
“Lo ejecutaron para tapar algo”
“¿Qué pasó con mi sobrino? No lo sé. Murió de un tiro en la cabeza, había que tomar medidas y las autoridades no lo hicieron. Con la policía tan metida era difícil que se supiese la verdad. Como dice el refrán, ‘la justicia tarda, pero llega’; por lo menos la imputación a este policía sirve para que el resto se empiece a preocupar también después de tantos años de impunidad. No tengo dudas de que a Sebastián lo ejecutaron para tapar algo”, asegura Carlos Nicora, hermano mayor de Fernanda y tío de Sebastián.
“Las autoridades policiales no hicieron nada para esclarecer el hecho –insiste Nicora– y los que tuvieron algo que ver se fueron de Verónica a trabajar a otro lado. Todos siguieron en funciones. No es solo Maciel; son siete u ocho, por acción u omisión, loque s responsables del asesinato de mi sobrino”.
Según lo aportado por un testigo en la causa, la víctima solía jactarse de que vendía estupefacientes con ayuda de su padrastro y de Maciel, a quien todos en la zona identificaban como “el jefe de calle”. Otros testimonios coincidieron en que el menor solía ufanarse de la protección del policía.
“A Sebastián lo recordamos siempre –dice Nicora, y algo en el tono delata su resignación–; a veces con tristeza y otras con bronca por lo que pasó. Uno, como familiar, siente culpa, piensa que tal vez tuvimos que haber tratado de rescatarlo, de acompañarlo más. Por eso uno siente que falló”.
Perejil y médico condenado
Sebastián Nicora fue asesinado el 14 de febrero de 2013: su cuerpo apareció en el balneario El Pericón, de Punta Indio. Los policías que realizaron las primeras diligencias no preservaron la escena del crimen, manipularon el cadáver del joven, allanaron sin orden judicial el hospedaje donde estaba parando y la casa de su madre, Fernanda Nicora, entre otros delitos.
La primera fiscal de la causa, Ana Medina, convalidó la hipótesis de los policías de Punta Indio que señalaba a Santiago Trébol, amigo de Sebastián y, por entonces, también menor de edad, como posible autor del asesinato. En paralelo, el médico policial a cargo de la autopsia, José Daraio, concluyó que Sebastián había muerto por un golpe en la cabeza con un elemento cortopunzante. Un año y ocho meses después, y por insistencia de la familia, la Justicia ordenó hacer una segunda autopsia: esta vez, el informe reveló que el menor tenía en la cabeza una herida de arma de fuego.
Recién en noviembre de 2021, es decir, ocho años después del hecho, el Juzgado Correccional N°2 de La Plata condenó por falso testimonio al médico policial Daraio y le impuso una pena de un año y tres meses de prisión más dos años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio profesional. También debió realizar 40 horas de trabajo comunitario.
La sentencia concluyó que “resulta inverosímil pensar que Daraio hubiera realizado la autopsia del cadáver de Sebastián desconociendo las circunstancias precedentemente referidas en relación a la vaina (encontrada en el lugar del hecho) y al disparo escuchado, teniendo en cuenta su presencia en su carácter de médico forense en la escena del hecho, en dos oportunidades, antes de que el cuerpo fuera trasladado a otro lugar”.
Fernanda, la madre de Sebastián, murió víctima de un cáncer fulminante en febrero de 2017. Ni siquiera alcanzó a ver la única condena por el crimen de su hijo.
