El fiscal platense Álvaro Garganta imputó al exministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y como autor del delito de cohecho. Las acusaciones que formalizó Garganta se inscriben en la causa que investiga una trama de posibles gestores que eliminaban multas de tránsito a cambio del pago de un porcentaje de la infracción y, en paralelo, sospechas de direccionamiento en la adjudicación de concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
D’Onofrio asumió como ministro de Transporte de la gestión de Axel Kicillof en diciembre de 2021 y renunció en diciembre de 2024, con el caso de las fotomultas y la VTV en plena ebullición.
Según la resolución de Garganta (titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº11, de La Plata), D’Onofrio resulta partícipe necesario en un hecho que consistió en que funcionarios del ministerio provincial a su cargo, “valiéndose de las potestades propias de su función (fundamentalmente del acceso al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito) actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo, quienes captaban como ‘gestores’ a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado, apropiándose de un monto remanente”.
La Fiscalía sostuvo que la maniobra se produjo “sin respetar el debido proceso legal y con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales y provinciales”. Y concluyó que “dichos funcionarios públicos se pusieron de acuerdo para cometer delitos de forma indeterminada y, en el ejercicio de sus funciones, se habrían enriquecido ilícitamente aumentando considerablemente sus patrimonios”. La maniobra que se investiga habría comenzado, según la imputación, el 3 de enero de 2022. El caso se inició por una denuncia realizada en octubre de 2023.
El delito de cohecho que el fiscal le imputa a D’Onofrio en carácter de autor se inicia, según la investigación, en mayo de 2023. “Habrían ocurrido irregularidades en el procedimiento de adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular, las que habrían sido otorgadas a siete empresas que previamente habrían contratado (por una excesiva comisión del 8,5% más IVA del valor total de cada pago realizado) los servicios de la empresa ‘Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.’ en la que tendrían participación societaria -interpósita persona- los funcionarios del Ministerio de Transporte investigados”, escribió Garganta en su resolución, a la que accedió LA NACION.
“Asimismo surge que las vinculaciones irregulares entre funcionarios del Ministerio de Transporte y Sebastian Desio [titular de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica] se ampliarían a la locación del inmueble donde actualmente se erige la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, ubicado en calle 6 entre 44 y 45 de La Plata”, se añadió en la decisión judicial.
Garganta oficializó ayer la imputación contra D’Onofrio. El martes, en una causa vinculada que lleva el juez federal de Campana Adrián González Charvay, se allanó una financiera en la city porteña y se secuestraron 205 millones de pesos argentinos, 425.000 dólares, 4600 euros y 112.000 reales.
D’Onofrio, un dirigente alineado con Sergio Massa con base territorial en Pilar, fue funcionario del gobierno de Axel Kicillof hasta fines del año pasado, cuando dejó el cargo con una renuncia tras meses de noticias judiciales adversas. El massismo le había soltado la mano. El Frente Renovador retuvo el lugar de D’Onofrio en el gabinete bonaerense, al asumir en su reemplazo Martín Marinucci, un dirigente de Morón que también integra las filas de Massa.
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