La jueza Julieta Makintach fue imputada este miércoles por la justicia de San Isidro en la causa penal que investigaba su participación en el documental filmado durante el juicio nulo por la muerte de Maradona “Justicia Divina”. En paralelo, el abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y a Giannina, pidió la destitución de la magistrada y que sea llevada a juicio.
La acusación la formalizaron los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes están a cargo del expediente, y que, tras meses de recopilación de pruebas y testimonios, sostienen que hay elementos suficientes para endilgarle a la magistrada los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
Según explicaron en el escrito a la que accedió Infobae, durante la causa -que comenzó a fines de mayo- lograron determinar que Makintach había aceptado una propuesta comercial de su amiga de la infancia, María Lía Vidal Alemán, para hacer el film “Justicia Divina”.
En detalle, comprobaron que la jueza promovió y participó personalmente en el proyecto audiovisual sobre el juicio por Maradona bajo la promesa de obtener beneficios económicos futuros, ya sea por inversiones de terceros o regalías por imagen. Para los investigadores, esta acción comprometió su imparcialidad y se hizo “utilizando recursos públicos para fines privados”.
Por este motivo, los fiscales le requirieron a las autoridades que llevan adelante el juicio político en contra de la jueza (que actualmente está suspendida de sus funciones) su desafuero para avanzar en su indagatoria.
En la solicitud, detallaron los motivos por los que le imputan los cinco delitos mencionados. Entre otras cosas, describieron que el domingo 9 de marzo de 2025, Makintach habilitó el acceso al edificio de los Tribunales de San Isidro a un grupo de al menos seis personas vinculadas a la producción del documental, utilizando la llave que poseía en su calidad de jueza y permitiendo el ingreso por la entrada reservada a magistrados y funcionarios.
En este contexto, la magistrada franqueó la movilidad de los extraños dentro del edificio, facilitando la realización de tomas fílmicas en diversos espacios, incluso en su despacho, y “ofreció diversas posturas actuadas y hasta la manipulación de los expedientes que se encontraban en la sede”.
Asimismo, los fiscales señalaron que, para garantizar material exclusivo, el 11 de marzo de 2025, día que comenzó el juicio por Maradona, Makintach se valió de la custodia del TOC Nº3 para permitir el ingreso de la guionista, el camarógrafo y el productor, quienes evitaron controles y filmaron escenas inéditas en el interior del edificio.
Según la investigación, la magistrada autorizó la filmación de la audiencia en forma privilegiada, a pesar de que existía una resolución del tribunal que prohibía expresamente esa actividad para terceros. Además, cuando una funcionaria policial intentó impedir la filmación, Makintach desautorizó la orden y aseguró que sus socios pudieran continuar grabando.
El requerimiento incluye pruebas documentales y testimoniales que refuerzan la hipótesis acusatoria. Entre ellas, registros de cámaras de seguridad que muestran el ingreso de la jueza y el equipo de filmación al edificio en un día inhábil, testimonios de personal policial y de los propios integrantes del equipo audiovisual, y material secuestrado en la productora “La Doble S.A.”, donde se hallaron videos y guiones del proyecto.
La fiscalía también destacó la falta de autorización para el uso del edificio judicial como “set de filmación”, según informes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de la Cámara de Apelaciones y Garantías Departamental.
Asimismo, subrayaron que Makintach intentó presidir el tribunal para obtener mayor protagonismo en el documental, aunque ese intento fue frustrado por la oposición de las partes y de sus propios colegas: ese día, el abogado Julio Rivas -defensor del neurocirujano Leopoldo Luque- la recusó por su actuación parcial y por la “sobreactuación” que exhibía durante el debate. Fue el comienzo de la nulidad del juicio por Maradona.
La investigación también reveló que la jueza negó reiteradamente su participación en el documental ante sus pares, abogados y periodistas, incluso cuando se le exhibieron videos en los que ella misma hablaba de su rol en la serie.
Con toda la prueba, los fiscales concluyeron en que estos episodios no pueden explicarse sin la sospecha de que aceptó la promesa de recibir beneficios económicos por su participación en el proyecto audiovisual, y que “hizo y dejó de hacer actos propios o relativos a su función, que formaban parte del acuerdo venal concertado”.
“Estas acciones afectan de modo directo la dignidad, independencia e imparcialidad de la función judicial, constituyendo causal autónoma de enjuiciamiento y eventual remoción”, se lee en el escrito.
En función de la gravedad de los hechos y de la evidencia reunida, la fiscalía solicitó la destitución de Julieta Makintach y su convocatoria a prestar declaración indagatoria. Esto lo deberán permitir los conjueces a cargo del jury en su contra, que en las últimas horas convocaron a la audiencia preliminar del proceso para avanzar en el juicio político.
