Para millones de argentinos pasó a ser una rutina. Cada mes reciben, por distintos medios digitales, avisos de empresas prestadoras de servicios privados y públicos que anticipan para el mes siguiente ajustes en sus facturas del orden de 2% más algunas cuantas décimas, al menos hasta ahora.
Entre ellas sobresalen telefonía móvil, TV por cable, contenidos de streaming, medicina prepaga y educación privada. Con menor regularidad y porcentajes variables, otro tanto ocurre en el AMBA con los anuncios oficiales sobre alzas en tarifas de electricidad, gas natural, agua por redes, transporte urbano e interurbano (colectivos, subtes, trenes) y peajes, además de precios de naftas y gasoil.
El que avisa no traiciona, parece ser la consigna de esta movida destinada a recuperar parte del terreno perdido después de años de tarifas reguladas y/o congeladas que –como ha sido recurrente en la economía argentina– pasan a ser cuentas pendientes. Ya tenían el antecedente de la era kirchnerista 2003-2015. Y al repetirse desde 2019 con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, tampoco sirvieron para frenar la inflación, sino que la catapultaron por encima de 211% interanual en 2023.
En esos cuatro años, el índice de precios al consumidor (IPC) del Indec acumuló una suba de nada menos que 1429% y generó una fenomenal distorsión de precios relativos en toda la economía.
Pese a esta herencia explosiva, el gobierno de Javier Milei logró en menos de un año reducir drásticamente la inflación mensual de 25,5% en diciembre de 2023 a 2,4% en el mismo mes de 2024 y la interanual, de 211,4% a 117,8%. Pero al costo de provocar una llamarada inflacionaria con el fuerte salto cambiario inicial (118%, seguido de miniajustes de 2% mensual) y aumentos segmentados de tarifas de energía para bajar el gasto público en subsidios. En ese lapso ambos quedaron “cortos” frente al atraso provocado por la fuerte inercia inflacionaria de arrastre y la imposibilidad política de aplicar subas tarifarias de tres dígitos a los sectores de ingresos bajos y medios. De ahí que fueran reemplazadas por un tope más alto de consumo subsidiado, mientras los de altos ingresos y empresas pasaron a pagar tarifa plena.
En este contexto, la indexación explícita o implícita de facturas de servicios –con o sin competencia y/o regulaciones– mantiene elevado el piso de inflación minorista mensual, que desde octubre venía mostrando un número 2 por delante, pero al repuntar en marzo hasta 3,7% –principalmente por el impacto de alimentos frescos y educación– torna aún más dificultoso perforarlo. Incluso si se ajustaran por la inflación núcleo (sin precios regulados ni estacionales).
Todo dependerá ahora de las expectativas que generen la eliminación parcial del cepo cambiario sostenida por el fuerte desembolso del FMI y la retocada política monetaria del Banco Central. En el primer caso, las bandas de flotación cambiaria reemplazarán a la subindexación del dólar oficial (1% mensual), que, al igual que los topes virtuales a los ajustes de salarios de convenio, generaban la sensación de resortes “apretados” que tarde o temprano habrían de aflojarse, además de elevar los costos y precios medidos en dólares.
Con el dato de marzo, el promedio aritmético del IPC en los últimos seis meses fue de casi 2,7% mensual, que equivale a una tasa anualizada de 37,6%. O sea, bien lejos de los países que registran inflaciones de un dígito anual; entre ellos, la mayoría de la región, excepto Venezuela.
Otros rubros con ajustes automáticamente indexados son los contratos de alquiler y los seguros de automotores, en muchos casos sobreindexados. También los tributos provinciales o municipales, que –si bien no se computan en el IPC– afectan el poder de compra de los consumidores. Por citar dos casos, la cuota mensual del seguro de un auto modelo 2024 acumuló un alza de 9,7% en tres meses. Y, peor aún, en la CABA las primeras dos cuotas consecutivas del impuesto inmobiliario/ABL muestran entre marzo y abril un aumento de 18,3%.
En cuanto a la medicina privada, las cuotas ajustadas por la inflación del mes previo aumentaron más que los medicamentos en el IPC, por la incidencia en los costos del plan médico obligatorio (PMO), explica Hugo Magonza, presidente de la UAS (Unión Argentina de la Salud) y director general del Cemic. También señala que la importación de medicamentos de la India (productor del 60% del total mundial), recientemente autorizada en Mendoza, permitirá en el futuro reducir sustancialmente los precios sin afectar la calidad.
La enorme disparidad y distorsión de precios relativos con respecto a la impresionante suba acumulada de 4378% por el nivel general del IPC entre enero de 2019 y febrero de 2025 se advierte claramente en el gráfico de esta página, elaborado por la consultora MacroView, que dirigen los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo.
Sin embargo, esta actual “foto” panorámica de precios y variables económicas adelantadas o atrasadas varía sustancialmente según el punto de partida que se tome como base (no se incluyen los gráficos por razones de espacio).
Por caso, en los primeros 15 meses de gestión de Milei (diciembre 2023-febrero 2025), el IPC acumuló una suba de 190% y los rubros que más ampliamente la superaron fueron los que venían con años de atraso por intervenciones estatales: electricidad y gas (467%), alquiler de vivienda (360%), transporte público (358%), salud (285%), combustibles (265%), telefonía (257%), salario informal (245%) y jubilación promedio (238%). En el extremo opuesto, por debajo se ubicaron el dólar CCL (38%), dólar exportador (76%), ropa y calzado (112%), frutas (120%), salario formal (168%), carne (172%), jubilación mínima con bono (176%), dólar para importar (177%) y educación (187%), entre los más relevantes.
En cambio, si se considera la “herencia” de la gestión de Alberto Fernández (enero de 2019-noviembre de 2023), el orden cambia diametralmente. Con respecto a la ya citada acumulada de 1429% en el nivel general, las variables que más aumentaron fueron dólar CCL (2216%), frutas (2089%), ropa y calzado (2000%), carne (1822%), autos (1815%), medicamentos (1802%) y dólar exportador (1527%). Y por debajo –en orden ascendente– se ubicaron electricidad y gas (469%), transporte público (667%), salario informal (737%), alquiler de vivienda (739%), combustibles (815%), dólar oficial (835%), dólar para importar (905%), telefonía (878%), jubilación promedio (888%), seguros médicos (1006%) y educación (1100%).
Según los cálculos de MacroView, las variables más atrasadas en noviembre de 2023 recuperaron terreno en términos reales hasta febrero de 2025, pero a varios precios regulados “aún les falta” para retrotraerse a la base de diciembre de 2018. El grueso de los bienes se ubica en un terreno intermedio y entre los adelantados con margen para abaratarse relativamente incluyen a carnes y derivados, autos, impresiones, medicamentos y salud, ropa y calzado, frutas y dólar CCL.
Por lo pronto, el repunte del IPC en marzo pone en aprietos la intención oficial de disponer subas reales –por encima de la inflación– en el componente regulado de las tarifas de electricidad y gas del AMBA en los próximos 12 meses, a partir de una fórmula polinómica, con el fin de mejorar la calidad de los servicios e incorporar nuevos usuarios. En principio, esta demorada revisión quinquenal (RQT) debía regir a partir de mayo.
Desde mediados de 2024, el Ministerio de Economía también intervino indirectamente para atenuar los aumentos de precios de naftas y gasoil, al postergar el ajuste trimestral por inflación del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), a semejanza del gobierno anterior y a costa de resignar recaudación. No obstante, el último informe energético del Estudio Montamat revela que, calculado en dólares oficiales, el precio en surtidor de la nafta súper (con impuestos) se ubicó en US$1,14 por litro y superó al de Brasil (1,02), aunque quedó debajo de Chile y Uruguay, en tanto que el del gasoil (US$1,19) quedó casi a la par de Uruguay (1,20), el más alto de la región. Ahora, el impacto bajista del efecto Trump sobre la cotización internacional del crudo podría reducir el precio doméstico según cómo se comporte el dólar.
Muchos especialistas coinciden en que la indexación automática de variables económicas es el precio de tener una economía altamente inflacionaria, con un programa de estabilización que, si bien produjo resultados rápidos, no cortó el efecto inercial. Para el economista Miguel Ángel Broda, “ser ‘un país normal’ con inflación de 5% anual” requiere un programa de reformas (impositiva, laboral, jubilatoria) que promueva inversiones, saque a la Argentina de su decadencia y no pueda ser sustituido por atrasos cambiarios, aunque sea una tarea que puede llevar más de 15 años. Son las reformas planteadas ahora en el reciente acuerdo con el FMI.
