Siete meses. La niña tenía siete meses de embarazo cuando llegó esa mañana al hospital de Ucayali. Fue conducida a una sala de operaciones y sometida a una cesárea con 13 años. La forzaron a llevar a término la gestación producto de violación. Luego de ser intervenida, presentó un cuadro de preeclampsia, con convulsiones constantes, de modo que fue derivada a la unidad de cuidados intensivos, donde permanece hasta ahora en estado crítico. Un fiscal le negó que accediera al aborto terapéutico, legal en el Perú desde hace un siglo, porque adujo que el embarazo evidenciaría la “prueba” del delito. Su agresor, Hermes Gutapaña Gómez (42), está prófugo, pese a que fue denunciado hace medio año.
“El 70% de la violencia sexual denunciada en el Perú le ocurre a niñas y adolescentes, y ocurre al interior de la familia. Es una violencia sexual a repetición. Por tanto, la posibilidad de quedar embarazada bajo esa circunstancia es muy alta —dice la psiquiatra Marta Rondón, del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP)—. El 45% de las mujeres que acudieron por violencia sexual en un año se embarazaron, y de esas, el 70% eran menores de edad”.
Así como la niña de Ucayali, a Mila le negaron el acceso al aborto terapéutico en un hospital de Loreto. Había quedado embarazada a los 11 años producto de los abusos de su padrastro, Lucas Pezo Amaringo, pero una junta médica se opuso y el caso derivó en un escándalo con pronunciamientos internacionales que llevaron a trasladar el caso a Lima y revertir la decisión inicial en el INMP de Lima. El año pasado, este centro de salud actualizó su guía de práctica clínica y de procedimientos en obstetricia y perinatología, que reconoce que el embarazo por violación en menores puede causar daño severo a la salud mental, lo que justifica legalmente la interrupción por indicación terapéutica. Sin embargo, en las últimas semanas ha sido blanco de una campaña de acoso político liderada por la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) y el ala más conservadora del Congreso que busca anularla, sin mediar en las consecuencias letales para la niñez y adolescencia.
“Obligar a una niña a continuar un embarazo por violación es una forma de tortura con graves consecuencias para su salud mental, como ansiedad, depresión y riesgo de suicidio”, resalta la psiquiatra Martha Rondón, quien luego de entrevistar a más de cinco mil mujeres para un estudio, encontró que las sobrevivientes de violación antes de los 20 años tienen hasta siete veces más riesgo de ideación suicida. “El aborto terapéutico no es un crimen, es un derecho que debe ser defendido por razones éticas y médicas. En el Instituto debemos haber atendido más de 20 casos en menores que vienen embarazadas producto de violación. Es importante que se entienda que estos son casos excepcionales, en los cuales se demuestra que hay daños severos a la salud mental”, agrega.
La ciencia ha demostrado que los eventos traumáticos en niñas y adolescentes causa un daño cerebral que puede durar toda la vida, ya que trastoca tanto su estructura como su funcionamiento. “Si dejamos que estén sometidas a la violencia sexual y, encima, se embaracen y tengan que criar al hijo del violador, estamos condenándolas a la enfermedad mental, al alcoholismo y a la muerte por suicidio”, señala.
Rossina Guerrero, directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), considera que los ataques contra el INMP responden a prejuicios y desinformación. “Parece que no comprendieran que el aborto terapéutico protege la salud, que de acuerdo con el Tribunal Constitucional peruano, incluye el derecho a la salud mental, asociada a la dignidad e integridad psíquica. Todos los estudios realizados han demostrado que el embarazo forzado, sobre todo en niñas y adolescentes, tiene un rango de afectación que no es pasajero. Se trata de un trastorno de estrés postraumático comparable al que experimentan los combatientes de guerra”, puntualiza.
El médico Enrique Guevara, de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, advierte, por su parte, que cada año hasta 1.500 adolescentes menores de 14 años dan a luz en el país. “Esas son las que sabemos. ¿Cuántas más estarán dando a luz o muriendo en el intento? Hay que tener en cuenta, además, que se producen unas 7.000 violaciones en menores de edad. De ellas, ¿cuántas han salido embarazadas? ¿Cuántas murieron? ¿Cuántas se suicidaron al quedar embarazadas? Esas cifras no existen, y eso es lo que se debe investigar. Eso es más importante que poner trabas o barreras a un protocolo que defiende la salud de las niñas y mujeres”, dice.
Solo entre enero y febrero de este año, se registraron 1.179 casos de violación sexual a menores, según los Centros de Emergencia Mujer. En ese mismo periodo, 139 niñas de entre 11 y 14 años se convirtieron en madres, de acuerdo con el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud. Lima lideró las cifras con 23 casos, seguida por Loreto con 15, Ucayali con 14, Piura con 11 y La Libertad con 10. “Son niñas pobres, sin educación, que viven en zonas más alejadas o rurales. Son las más vulnerables de toda la población. Eso no le pasa a una niña con recursos. Esto es una discriminación mayúscula y, lamentablemente, pasa desapercibida; nadie quiere decirlo”, subraya el doctor Guevara.
“El embarazo forzado en menores tiene un rango de afectación que no es pasajero, como quieren ridiculizar algunos congresistas que se oponen a esta guía. El estrés postraumático acompañará toda la vida a esa menor, especialmente si no recibe apoyo en el momento oportuno. Existe evidencia suficiente de ideación suicida, incluso trastornos disociativos, ansiedad severa y depresión”, matiza Rossina Guerrero y recuerda a L.C., una niña de 13 años embarazada tras ser violada desde los 11 años, que intentó suicidarse y quedó con cuadriplejía permanente debido a la dilación en la atención médica y a la negativa del hospital de interrumpir su embarazo.
En 2011, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condenó al Estado peruano por violar sus derechos. Recuerda, además, a Camila, una niña indígena que rompió en llanto cuando le negaron el aborto terapéutico en un hospital de Abancay, donde contó los ataques de su padre y la idea de quitarse la vida al ser presionada para continuar con el embarazo, incluso por personal médico acompañado de policías. En 2023, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU determinó que Perú violó sus derechos y exhortó al país a despenalizar las interrupciones en embarazos infantiles, garantizar servicios seguros y modificar la normativa para proteger especialmente a niñas víctimas de violación o incesto.
“La guía del INMP responde a la Guía Técnica Nacional y a lo que emanan estas sentencias contra el Perú. Es completamente legal —añade Rossina Guerrero—. Llama la atención que este ataque haya despegado justo en un contexto en que el ministro de Salud (César Vásquez) estaba luchando por mantenerse en el cargo. La congresista Jáuregui ha venido instrumentalizando la maternidad y presionando al MINSA. ¿Eso ha sido una moneda de cambio? Si es así, nos dice que en el país la vida de las niñas se negocia”.
Caso paradigmático
Perú ha sido sancionado tres veces por cortes internacionales por negar el aborto terapéutico, la única causal legal en el país, a menores en riesgo mortal. Es un caso paradigmático en América Latina, una región con acceso desigual a este derecho, aunque liderada por avances en Argentina y Colombia. Pese a los dictámenes emitidos en estos fallos, la brecha en el acceso al procedimiento sigue abierta debido al estigma, la desinformación, las creencias religiosas, la oferta restrictiva y, hasta 2014, la ausencia de un protocolo unificado.
“Mientras otros países de la región avanzan en la despenalización del aborto, Perú retrocede. Es inverosímil que no pueda garantizarse la accesibilidad al único tipo de aborto permitido. Nuestra legislación es draconiana”, escribe la abogada feminista Josefina Miró Quesada y añade un dato alarmante: “Entre 2012 y 2022, de casi 10.000 casos de aborto procesados en el sistema penal, ¡21 correspondían a aborto terapéutico, pese a no ser un delito en el país! La criminalización del aborto se extiende incluso a los servicios legales”.
A la fecha, se han establecido mesas de trabajo destinadas a cuestionar la constitucionalidad de la guía del INMP y se han enviado oficios y solicitudes formales para solicitar su derogación, incluso con fundamento en la misma normativa. En marzo de 2025, el colectivo Padres Peruanos presentó una petición pública para eliminar la guía y detener los procedimientos de aborto legal en el INMP. Descartar este protocolo implicaría negar atención médica a niñas y adolescentes víctimas de violación, desconocer fallos internacionales contra Perú (como el caso Camila) y promover la maternidad forzada, definida por expertos como una forma de tortura.
“Nuestro propio país ha reconocido por Constitución que la salud se debe leer de manera integral, cuestión que la pastora congresista no está entendiendo. Lo que está haciendo el INMP es completamente legal —puntualiza Isbelia Ruiz, coordinadora de Litigio Estratégico de Promsex—. Lo que buscan estas voces es eliminar una pequeña conquista, ya que en regiones nadie suele practicar aborto terapéutico, de modo que estas niñas deben ser trasladadas al INMP, donde ahora se enfrentan a panoramas severos de este tipo“.
Víctima de pobreza, de abusos sistemáticos y de una cesárea en su cuerpo a los 13 años, la niña de Ucayali se encuentra en estado crítico, resultado directo de la indolencia del Estado. “Imagínate lo que viene ahora, sea cual sea el escenario”, interviene Isbelia, y luego se queda en silencio.
