Delia Espinoza señaló que el proceso que culminó con su apartamiento estuvo “plagado de ilegalidades”, acusando a los responsables de la medida de “pisotear el Estado de derecho iniciando una dictadura parlamentaria”, según recogió La República. La exfiscal general, suspendida de sus funciones en septiembre, recibió la sanción máxima de inhabilitación por una década para ejercer cargos públicos, tras una decisión del Congreso peruano basada en su supuesta desobediencia a una ley clave que restituía competencias a la Policía Nacional para conducir investigaciones preliminares. Esta ley, la 32130, generó en los últimos meses una intensa controversia en el entorno judicial y político del país.
De acuerdo con el medio La República, el miércoles se oficializó la destitución de Espinoza mediante una votación definitiva en el Congreso, que sumó 71 votos a favor de la inhabilitación, 19 en contra y 3 abstenciones. Esta resolución se adoptó luego de que la moción inicial no alcanzara el mínimo necesario de 68 votos, por lo que algunos congresistas promovieron una reconsideración que permitió alcanzar la mayoría requerida. El debate parlamentario giró principalmente en torno a las acusaciones de desacato a la Ley 32130 y en torno a la supuesta negativa de Espinoza a reincorporar a Patricia Benavides como fiscal general, después de que esta última fuera restituida brevemente en el cargo y luego apartada de nuevo por presuntas implicancias en delitos de corrupción y tráfico de influencias.
La República detalló que Espinoza defendió que accedió a la Fiscalía General “sin deberle nada a nadie” y denunció haber sido presionada por mantener una gestión independiente. Sostuvo que la sanción contra ella tenía carácter de represalia, argumentando que se vinculaba con denuncias presentadas por ella misma contra cerca de una decena de legisladores. Algunos de ellos participaron activamente en la moción parlamentaria que llevó a su exclusión temporal, lo que, según la exfiscal, evidenciaría motivaciones políticas detrás del proceso disciplinario. Ante el Parlamento, Espinoza expresó: “solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha”, y subrayó que nunca se había involucrado en actividades partidarias, insistiendo en su trayectoria exclusivamente judicial.
El informe parlamentario que respaldó la destitución incluyó acusaciones como abuso de autoridad, usurpación de funciones, delitos contra la fe pública y prevaricación. La base para estas imputaciones fue la supuesta desobediencia de Espinoza al mandato de acatar la Ley 32130 y la disposición judicial respecto al cargo de Patricia Benavides. Tras abrir el procedimiento disciplinario en septiembre, la Junta Nacional de Justicia consideró que la conducta de Espinoza configuraba una falta grave a los deberes institucionales, sumando argumentos al proceso que terminó con su separación.
Según consignó La República, la crisis resultante y la imposición de la sanción máxima revelan la persistencia de enfrentamientos entre los principales órganos constitucionales del Perú. El caso Espinoza ganó relevancia en las últimas semanas en un contexto de escrutinio sobre la independencia de la Fiscalía peruana y tras la reciente destitución de Patricia Benavides, un hecho que elevó la tensión institucional. La controversia en torno al cumplimiento de la ley y la gestión de grandes investigaciones penales colocó al Ministerio Público en el centro del debate sobre el alcance y los límites de la autonomía de los órganos de control.
Durante la deliberación en el Congreso, las bancadas favorables a la inhabilitación defendieron su postura haciendo énfasis en la gravedad del supuesto desacato a la legislación vigente. Los promotores de la reconsideración en la votación presentaron documentación que, según su criterio, demostraba el incumplimiento por parte de Espinoza de disposiciones centrales relativas a la investigación penal. La República reportó que el proceso se desarrolló en un periodo de elevada tensión institucional, en el que se discute la influencia del Poder Legislativo sobre entes autónomos, la capacidad de supervisión y la idoneidad de los procedimientos disciplinarios aplicados a altos funcionarios.
Las consecuencias de esta decisión llegan en un escenario en que la Fiscalía peruana enfrenta múltiples desafíos, producto del cruce de denuncias y cuestionamientos a la transparencia y equidad de los procedimientos internos. Espinoza insistió durante todo el proceso en que existieron irregularidades y presiones, y se mostró esperanzada respecto a una eventual reincorporación. Mientras permanece en vigor la sanción máxima administrativa estipulada para altas autoridades, continúan el debate y las investigaciones acerca del grado de control legítimo que puede ejercer el Congreso sobre los órganos constitucionalmente autónomos.
El episodio implicó, además, nuevas discusiones sobre los límites del control político y la protección de la independencia judicial en Perú. La República subrayó que la resolución contra Espinoza se sucedió en medio de fricciones institucionales y de una revisión sostenida sobre la validez, transparencia e imparcialidad de los procesos disciplinarios en los organismos más relevantes del Estado. La exfiscal general agradeció el respaldo recibido durante su gestión y reiteró sus señalamientos sobre la falta de mecanismos equitativos en el análisis legislativo que derivó en su exclusión. Por su parte, el Parlamento y sus promotores de la medida defendieron la necesidad de sancionar la conducta definida como desacato y recordaron la importancia del cumplimiento estricto de la Ley 32130, en un momento de exigencia pública por el respeto a las normas y la responsabilidad de funcionarios de alto nivel.
