El Poder Judicial ratificó en segunda instancia la sentencia contra José Luis Gil Becerra, exdirector de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior, por el delito de peculado. La Corte confirmó que el exfuncionario utilizó su cargo para disponer de manera irregular los servicios de dos suboficiales de la Policía Nacional, asignados a su dirección, para fines personales. El funcionario recientemente nombrado por el cuestionado exministro Juan José Santiváñez fue inhabilitado de sus funciones.
La decisión fue tomada por la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, bajo la representación del fiscal adjunto superior Juan Manuel Fernández Castillo.
El juicio validó los elementos que demostraron que Gil Becerra destinó a los agentes policiales a labores privadas, violando las normativas que rigen el uso de recursos del Estado. Esta conducta fue considerada una forma de peculado, ya que el exdirector se aprovechó de su puesto para beneficiar a su familia y personal doméstico, generando un perjuicio económico al Estado.
Inhabilitado por seis meses
Tras la apelación, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima desestimó los argumentos de la defensa de Gil Becerra y ratificó la sentencia original. El exdirector de la Digimin deberá cumplir cuatro años de prisión efectiva, que se convirtieron en 206 días de prestación de servicios a la comunidad. Además, la sentencia incluye una inhabilitación de seis meses para ejercer cargo público y el pago de una reparación civil de S/ 5000 al Estado, así como una multa de 180 días.
Es importante destacar que tras la salida de Santivañez del Ministerio del Interior, Gil Becerra fue nombrado analista estratégico en la lucha contra la criminalidad, un rol clave dentro de la Dirección de Inteligencia del Mininter, la misma institución de la que utilizó dos efectivos para fines personales. Con esta inhabilitación, el Ejecutivo deberá buscar un reemplazo para el cargo.
La investigación fiscal reveló que los suboficiales asignados a la Digimin no cumplieron con tareas relacionadas con la seguridad o inteligencia, sino que fueron asignados a realizar actividades privadas para los familiares del exfuncionario. Esto, bajo la falsa justificación de que se trataba de funciones de seguridad, lo que evidenció el uso indebido de recursos del Estado. La Corte dejó en claro que no existía justificación para la asignación de personal policial para labores privadas, lo que constituyó un abuso de poder y una clara violación a las normativas.
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