La Cámara de Diputados informó que la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de extorsión, fue turnada el pasado 10 de julio a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se elaborará el proyecto de dictamen.
De acuerdo con Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, esta iniciativa será una de las prioridades del Congreso al iniciar el periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de septiembre.
En el documento enviado por la Secretaría de Gobernación (Segob) se menciona que este delito es de alto impacto por las repercusiones que representa a las víctimas y al Estado mexicano en su conjunto.
El gobierno considera necesario establecer políticas para prevenir el delito de extorsión en los tres órdenes de gobierno.
También, desarrollar mecanismos de colaboración entre las instituciones de seguridad pública en donde se privilegie el uso de tecnologías, sistemas e inteligencia informática para la investigación de este delito y disponer mecanismos de coordinación efectivos entre las instituciones del gabinete de seguridad, a través de la definición de atribuciones comunes en la prevención, investigación, persecución y sanción de la extorsión.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) evidencian una persistente gravedad en los casos de extorsión denunciados ante fiscalías estatales.
El Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8% de las víctimas registradas en 2024 y enero de 2025, con el Estado de México acaparando por sí solo el 33.1% del total.
El crecimiento de este delito resulta notable: mientras en 2018 el promedio diario de extorsiones alcanzó 18.89 casos, en enero de 2025 la cifra llegó a 29.77, reflejando un aumento del 57.62% en solo seis años.
En cuanto al acumulado anual de víctimas, el SESNSP reportó 11,039 casos en 2022, 10,950 en 2023 y 10,804 en 2024.
Además de este incremento, persiste un reto en la respuesta institucional debido a la falta de uniformidad en las penas previstas en los distintos códigos penales.
En el ámbito federal las condenas van de 2 a 8 años, mientras que en Oaxaca oscilan entre 1 y 3 años y en Chihuahua, entre 5 y 30 años, lo que revela una discrepancia relevante a nivel nacional.
Los códigos penal federal y locales establecen, en promedio, una pena mínima de 4 años con 6 meses y una máxima de 12 años.
Esta disparidad dificulta avanzar hacia una política criminal unificada. Actualmente, la diversidad de criterios y sanciones evidencia la ausencia de una estrategia común ante una de las conductas delictivas más recurrentes y graves del país.
Los gobiernos estatales enfrentan obstáculos variados para diseñar e implementar medidas eficaces en la prevención, sanción y reducción de la extorsión, lo que limita la eficacia de los esfuerzos nacionales para combatir este delito.
