El futuro judicial de Daneidy Barrera Rojas, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, vuelve a estar en el centro de la discusión debido a que después de la negativa de concederle prisión domiciliaria, su defensa presentó una nueva petición al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con copia al presidente Gustavo Petro, en la que solicita su traslado de la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, a una guarnición militar.
La solicitud, fechada el 11 de junio de 2025 y firmada por el abogado Víctor Mosquera, representante de Barrera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pide al Gobierno nacional “buscar mecanismos para la protección de la vida e integridad” de la influenciadora.
Según argumenta el documento, la medida se enmarca en lo que denominan la “criminalización de la protesta social de 2019”, en la que Barrera fue condenada por vandalizar una estación de TransMilenio.
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“Por ello solicito que se autorice, desde la Dirección de Centros de Reclusión Militar y el Inpec, el cupo correspondiente para que mi representada pueda ser trasladada a una unidad militar que cuente con las condiciones de un ERE (establecimiento de reclusión), a fin de cumplir la condena que le ha sido impuesta”, señala el escrito presentado por la defensa.
Fuentes del Ministerio de Justicia han indicado que esta petición podría prosperar en los próximos días, aunque su aprobación final dependería de un juez de ejecución de penas.
No obstante, el penalista Francisco Bernate, el cual también integra la defensa de Epa Colombia, aseguró que hasta el momento no han recibido ninguna notificación oficial sobre la decisión.
La creadora de contenido fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia por el delito de instigación al terrorismo y había solicitado cumplir su sentencia en casa, argumentando su condición de madre cabeza de familia.
Sin embargo, el juzgado tercero de ejecución de penas de Bogotá desestimó esa petición tras analizar múltiples informes entregados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la cárcel El Buen Pastor, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia.
“Niego el sustituto de la prisión domiciliaria por cabeza de familia”, dice de forma contundente la resolución judicial, que fue notificada a todas las partes involucradas.
En su momento también solicitaron su libertad condicional con base en los beneficios de la ley de utilidad pública para madres cabeza de familia, pero de igual forma el recurso fue negado.
El caso de Barrera ha generado un amplio debate desde el inicio, ya que para varios sectores, la condena es desproporcionada en comparación con las acciones cometidas. Incluso el presidente Gustavo Petro, en anteriores oportunidades, había pedido a sus ministros de Justicia explorar salidas jurídicas para que la empresaria no permaneciera en El Buen Pastor.
De todas formas, durante la gestión de Ángela María Buitrago al frente del ministerio, se dejó claro que este tipo de determinaciones pertenecen únicamente al ámbito judicial, por lo que el Ejecutivo no puede intervenir.
Con este nuevo recurso, el quinto presentado por su equipo de abogados, la defensa busca modificar las condiciones en las que Epa Colombia cumple su condena, ahora alegando la necesidad de mayores garantías de seguridad.
La condena de cinco años contra Daneidy Barrera Rojas fue emitida por los hechos ocurridos en noviembre de 2019, durante el Paro Nacional, ya que en aquel entonces la creadora de contenido publicó un video en sus redes sociales en el que se le veía destruyendo con un martillo las instalaciones de la estación San Mateo de Transmilenio, en el sur de la capital.
Fueron esas imágenes y las palabras que usaba Epa Colombia en ellas las que las autoridades tuvieron en cuenta para tomar la decisión de hacer efectiva la condena, porque no solo estaba dañando el bien público, si no instaba a la violencia, pues les decía a sus seguidores que hicieran lo mismo como forma de protesta.
